Después de que el Poder Judicial dictara una orden de impedimento de salida del país, Richard Rojas, hombre cercano a Vladimir Cerrón, acudió alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles a la sede de la fiscalía para declarar en medio de la investigación por presunto financiamiento ilícito a las campañas de Perú Libre.
“Comprenderán que está en investigación, son temas reservados”, exclamó Rojas a la prensa poco antes de la 13:30 horas cuando se le preguntó sobre detalles de su declaración y el dinero que intentó retirar el dinero de las cuentas del líder de Perú Libre.
Richard Rojas -cuya designación como embajador del Perú en Venezuela quedó sin efecto tras dictarse impedimento de salida- es sindicado por la fiscalía como uno de los colaboradores de la presunta organización criminal al interior del partido de gobierno. Rojas habría colaborado “en la ejecución de actos de transferencias y ocultamiento del dinero”. Según la hipótesis fiscal, su labor era que los presuntos fondos ilícitos regresaran a manos de Vladimir Cerrón.
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Rojas llegó a la sede fiscal, ubicada en el Centro de Lima, pasadas las 9 de la mañana, y acompañado de su abogado Jhon Benites. La investigación por presunto lavado de activos se encuentra en etapa preliminar.
En octubre, el Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país contra Richard Rojas por seis meses, tras escuchar los argumentos del Ministerio Público. Su nombramiento como embajador en Venezuela fue el principal sustento para solicitar la medida en su contra.
“De lo que se trata acá es de ayudar al hoy investigado a sustraerse de la acción de la justicia, de sustraerse a la persecución penal que viene realizando el Ministerio Púbico de manera objetiva”, dijo el fiscal Richard Rojas Gómez.
Conocida la resolución del Poder Judicial, el Ejecutivo retrocedió en su decisión de nombrar a Richard Rojas como embajador en Venezuela. La propuesta quedó sin efecto.
Para la fiscalía, Richard Rojas tendría conocimiento y participación en el caso de presunto lavado de activos en su calidad de secretario de organización norte y personero legal del Partido Político Nacional Perú Libre, “a fin de facilitar la comisión de los delitos penales relacionados con actos de corrupción de funcionarios”.
Rojas García habría colaborado o participado con la “promoción, colocación, remoción y favorecimiento” de diversas personas a fin de que estas fueran favorecidas con puestos de trabajo dentro de la Dirección Regional de Transportes de Junín, lo que se vincula también con el trámite ilegal y emisión de licencias de conducir.
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