El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó seis meses de impedimento de salida del país contra Richard Rojas García, dirigente de Perú Libre investigado por presunto lavado de activos.
Rojas fue designado como embajador de Perú en Venezuela la semana pasada, pero ya no podrá salir del país por orden del juez Jhon Pillaca Valdez.
El Ministerio Público aseguró el miércoles que ese nombramiento serviría para que este eluda la investigación que se le sigue por el presunto financiamiento ilícito de las campañas de Perú Libre.
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El fiscal Richard David Rojas Gómez sustentó el miércoles el impedimento de salida del país por 12 meses para el dirigente de Perú Libre. Entre los argumentos expuestos ante el juez John Pillaca, el representante del Ministerio Público cuestionó los arraigos domiciliario, familiar y laboral al remarcar que el investigado se irá del país para desempeñar un cargo “al que nunca se ha dedicado en su vida”, ya que su rubro laboral es la reparación de electrodomésticos.
Días atrás, el presidente Pedro Castillo designó a Rojas García embajador en Venezuela. Antes había sido propuesto a Panamá.
“De lo que se trata acá es de ayudar al hoy investigado a sustraerse de la acción de la justicia, de sustraerse a la persecución penal que viene realizando el Ministerio Púbico de manera objetiva, porque todo lo que estoy diciendo está sustentado documentariamente”, afirmó el fiscal.
Permanencia en el país
Para el fiscal Rojas Gómez, existe la necesidad de que el dirigente de Perú Libre esté en el país a fin de que pueda responder por los hechos que se le imputan; entre ellos, reconocer la documentación y un sello con su nombre hallado en el local del partido de gobierno durante un allanamiento.
Además, debe responder por qué trató de retirar cerca de S/400 mil de una cuenta de Cerrón, así como acerca del manejo y disposición del local del partido de la avenida Brasil y la recepción de presunto dinero ilícito en su cuenta personal.
Según el fiscal, Rojas García cayó en contradicciones, pues inicialmente expresó que el dinero era un préstamo de Vladimir Cerrón y luego que era para la elaboración de un panel publicitario para el partido.
Agregó que hay relación entre dicho dinero y las actividades ilícitas de la red criminal Los Dinámicos del Centro, que se habría dedicado a diversos actos de corrupción en la región Junín, con la participación del investigado.
Por ello, hizo hincapié en dos llamadas telefónicas que tuvo con Cerrón y Arturo Cárdenas, hoy prófugo de la justicia.
El fiscal Rojas Gómez también alegó que existía una conducta procesal perjudicial del investigado hacia el caso, ya que no presentaba la información que se le requería.
Explicó que el delito por el que es investigado tiene una pena de entre 10 y 20 años de cárcel. Insistió en que Rojas García buscaría eludir la justicia con su nombramiento como embajador.
“La máxima de la experiencia y la lógica nos llevan a la conclusión de que la finalidad es sustraerse de la acción penal”, dijo.
Alega afectación
Rojas García, quien participó de la diligencia de manera virtual, calificó la solicitud fiscal como “excesiva e innecesaria”. Expresó que cuestionar su designación como embajador perjudicaba sus derechos laborales y personales.
Consideró que es “un derecho del presidente, a título personal, designar una encargatura política” como la suya en Caracas.
“Las veces que la fiscalía necesite mi presencia, yo estoy presto a ayudar. Creo que la mejor defensa de uno es la verdad. Y mi persona jamás ha tenido ningún tipo de vínculos con funcionarios que están en investigación”, aseveró el investigado.
El abogado John Benites, defensor legal de Rojas García, sostuvo que ninguno de los elementos de convicción presentados por la fiscalía para sustentar el pedido vinculaba a su patrocinado.
Asimismo, manifestó que las conversaciones que su patrocinado tuvo con Cerrón eran propias del cargo político que ocupaba y que el dinero que ingresó a la cuenta de Rojas García eran solo S/200.
Finalmente, señaló que no hubo obstaculización –ni de él ni de su patrocinado– para que se realizaran las diligencias del caso.
Decisión
El juez Jhon Pillaca, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, resolvió el miércoles el pedido.
El magistrado acogió en parte la solicitud de la fiscalía, que planteaba 12 meses de impedimento de salida.
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Arturo Cárdenas y Mayumi López