“Sería irresponsable que una institución que dispone de información confidencial de los ciudadanos lo comparta sin tener evidencia concreta de cuál será su uso y su custodia”. Así respondió la titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen, a El Comercio sobre las reiteradas solicitudes de información que ha hecho la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el congresista José Luna Morales, del partido Podemos Perú.
En las últimas semanas, la SBS ha recibido una serie de oficios de Luna Morales con pedidos de información, e incluso señalando que tratan de ocultar información y que aplicará apremios constitucionales si no la entregan, basándose en las facultades que tiene como comisión investigadora.
Según ha verificado El Comercio, Luna Morales ha solicitado una serie de reportes que no solo llaman la atención por la gran cantidad –135–, sino por su contenido: entre ellos está el registro central de deudores de todos los peruanos, la gestión interna de las entidades del sistema financiero, así como la información confidencial de la Unidad de Información Financiera (UIF), que trabaja en la prevención del lavado de activos.
El 21 de agosto, el pleno del Congreso aprobó otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos para investigar hasta por 180 días hábiles a todos los organismos reguladores, supervisores, de vigilancia, de control y de sanción, durante los últimos cinco años, para determinar responsabilidades en sus funcionarios; y proponer reformas.
En diálogo con este Diario, Heysen remarcó que desde la SBS reconocen la potestad que tienen las comisiones investigadoras del Parlamento de acceder a información sensible como parte de una pesquisa, pero que el objetivo tiene que estar claro. “Si no está bien definido, esto puede llevar al acceso indiscriminado e ilimitado de información que podría poner en riesgo la reputación, la seguridad y hasta la vida de los ciudadanos, además de la estabilidad financiera y la integridad del sistema de prevención y detección del lavado de activos”, agregó.
Insistencia
El 12 de octubre, Luna Morales hizo 65 pedidos para ser entregados en cinco días hábiles. Al día siguiente, hizo veinte más; el 19 de octubre se sumaron cuarenta solicitudes de información financiera de empresas y de personas y también otorgó el mismo plazo para la entrega.
El 24 de noviembre, Luna reiteró su requerimiento, pidió que la información “no esté protegida ni encriptada” y afirmó que, “en caso insista en ocultar”, la comisión “podrá aplicar los apremios establecidos en la Constitución”.
Entre los pedidos, por ejemplo, está la copia de los informes de supervisión, de los informes legales y resoluciones que establezcan los lineamientos, políticas y procedimientos de supervisión legal de las empresas que hace la SBS, que contienen los procesos de intervención y régimen de vigilancia, así como informes técnicos. Esta información es confidencial y está protegida por la ley.
Luna Morales también ha solicitado la copia del archivo digital del flujo de las comunicaciones del área legal de la SBS y de la UIF. Además, ha requerido el archivo de las solicitudes de levantamiento de secreto bancario y de la información referida a contratos en el sistema bancario y de seguros.
De esa misma manera, el grupo parlamentario solicitó los informes de visita de la SBS relacionados a la gestión de las entidades que incluye, por ejemplo, planes de negocio, estados financieros, los cuales califican como secreto comercial.
“Por ejemplo, el registro de deudores y la clasificación de riesgos que estos tienen y sus garantías es también información sensible. No está protegida como el secreto bancario, pero aun así, como se trata de millones de peruanos, tienen que pensar cuál es el objetivo”, manifestó Heysen.
En uno de sus últimos oficios, Luna Morales ha respondido que en relación con la información de carácter reservado, “al solicitar información relevante para el quehacer parlamentario constituye un derecho inherente y más aún a las comisiones investigadoras”.
Este Diario intentó consignar la versión de José Luna, pero no atendió los pedidos de réplica. Actualmente, José Luna Morales es implicado por el Ministerio Público como integrante de la presunta organización criminal “Los Gánster de la Política”, junto a su padre José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú.
“No está dentro de su competencia”
El ex oficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes remarcó que todos los requerimientos de las comisiones investigadoras deben estar debidamente motivados y que existen límites constitucionales que protegen cierta información, como la financiera o tributaria.
“Si estás investigando sobre una materia ambigua, no te faculta a que pidas información de materias constitucionalmente protegidas de manera abierta”, dijo. Esta información consiste en derechos a la intimidad, al honor, al secreto bancario, la reserva tributaria que puede afectar los derechos de las personas. “Eso no está dentro del marco de su competencia”, concluyó.
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