El juez del tercer juzgado de investigación preparatoria de Tumbes, Jaime Elías Lequernaqué, se declaró competente para evaluar el pedido de prisión preventiva contra el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, quien se encuentra en España, prófugo de la justicia.
La fiscalía especializada en delito de corrupción de funcionarios de Tumbes, solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Hinostroza Pariachi, al investigarlo por su fuga por el puesto de control fronterizo en Huaquillas (Frontera con Ecuador) el 7 de octubre del 2018.
Hinostroza abandonó el país pese a contar con una orden de impedimento de salida del país pues venía siendo investigado como presunto líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
La audiencia de prisión preventiva estaba programada para horas de la mañana. Sin embargo la defensa legal de Hinostroza, planteó una “cuestión previa”, alegando que el juzgado y la fiscalía de Tumbes no eran los competentes para realizar la diligencia ya que, al momento de su fuga, le asistía el antejuicio al ex juez supremo.
No obstante la fiscalía refutó dicho argumento, al recordar que el Congreso de la República ya había levantado el antejuicio de Hinostroza y decidió destituirlo de manera inmediata el 4 de octubre del 2018.
A ello, remarcó la fiscalía, Hinostroza Pariachi, es investigado por un delito común. En este caso, como autor del delito de cohecho activo genérico por presuntamente haber pagado USD$10 mil a la extrabajadora de Migraciones, Yhenifferd Bustamante Moretti y a otras cuatro personas que ayudaron en su fuga.
Tras analizar el pedido, el juez Elías Lequernaqué, consideró que de los documentos y argumentos presentados por las partes, concluyeron que Hinostroza Pariachi, “no era un alto funcionario del Estado por haberse aplicado automáticamente la sanción impuesta de destitución e inhabilitación”.
Por tanto, al 6 de octubre del 2018, su condición era la de un ciudadano cualquiera y en consecuencia; al realizar un ofrecimiento de una entrega de dinero, tal como lo imputa el Ministerio Público, no tenía ninguna actuación funcional.
“En ese orden de ideas, la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Tumbes resulta competente; lo mismo que el juzgado de investigación preparatoria de esta Corte Superior. En consecuencia, la cuestión previa debe ser desestimada”, resolvió el juez.
El magistrado suspendió la diligencia para continuarla a partir de las 2:30 de la tarde de hoy.