El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial el archivamiento de la investigación preparatoria al exministro de Defensa Mariano González, por el Caso Bonos Soberanos, donde era investigado por presunto tráfico de influencias y lavado de activos. El fiscal no encontró elementos que le permitan formular acusación en contra del exministro y actual candidato al Congreso por Victoria Nacional.
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El pasado 22 de diciembre, el fiscal presentó ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, la acusación vinculada a este caso.
La fiscalía indagó la presunta entrega de S/500 mil de la constructora brasileña Odebrecht para que se interceda ante el Ministerio de Economía y se emita bonos soberanos para el financiamiento de la Vía Evitamiento Cusco.
De acuerdo a la tesis fiscal, Samuel Campusano y su hermano Carlos José Campusano Dulanto habrían recibido el monto de Odebrecht para interceder ante el Ministerio de Economía a mediados del 2015. Los pagos se habrían realizado a través de supuestos contratos simulados de asesorías que habrían sido firmados por Mariano González.
En el caso de Mariano González, la fiscalía le imputaba la presunta recepción de S/77,777 del consorcio Vías Cusco, integrado por Odebrecht, a través del contrato ficticio de asesoría legal en enero de 2016. Además, se le atribuía haber aportado parte del dinero que recibió de la empresa a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, por un monto de S/69 mil.
Sin embargo, tras finalizar la investigación, el fiscal Germán Juárez consideró que no existen los elementos para acusar a Mariano González por presunto lavado de activos o tráfico de influencias, por lo que requirió el sobreseimiento (archivo) de la investigación, en el caso del exministro.
En el requerimiento de sobreseimiento y acusación, al que pudo acceder El Comercio, el fiscal Juárez indica que “el dinero que sale o se origina para el pago del servicio prestado por Mariano González Fernández, no tenía vinculación o relación con el acuerdo ilícito perpetrado en julio de 2014, sobre tráfico de influencias pactado por Renato Ribeiro Bortoletti (exejecutivo de Odebrecht) y los hermanos Carlos José Campusano Dulanto (sentenciado anticipadamente) y Samuel Carlos Campusano Dulanto, extremo que hoy es materia de acusación, descartándose la procedencia de fondos de una actividad criminal previa. Hechos por los cuales, no se configura por ningún lado el delito de lavado de activos, toda vez que en el presente caso, se ha acreditado documentariamente la procedencia lícita de los fondos”.
El fiscal explicó en su pronunciamiento que de los honorarios que percibió Mariano González por S/77,777 por la asesoría, destinó la suma de S/69 mil al partido político PPK, “como un aporte de campaña debidamente registrado ante la ONPE, más aún teniendo en cuenta su condición de personero legal y candidato al Parlamento Andino, por ser de su entera y libre disponibilidad”.
Juárez añade que Mariano González “actuó en la creencia que el servicio requerido y prestado serviría a Odebrecht, ya que desconocía de los tratos entre los hermanos Campusano Dulanto y Renato Ribero Bortoletti, quienes eran los únicos conocedores de los acuerdos”.
En cambio, la fiscalía sí encontró elementos para acusar a Samuel Carlos Campusano por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Pidió al juez se imponga la pena de 8 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación para obtener cargo público y 730 días multa.
Carlos José Campusano ya ha sido sentenciado con terminación anticipada tras reconocer responsabilidad en esta investigación.
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Fernando Silva, abogado de Mariano González, señaló estar “completamente de acuerdo con la posición de la fiscalía”.
“Es la posición de la fiscalía que está planteándola ante un juez, para la fiscalía no se ha podido acreditar la comisión de un hecho criminal y la procuraduría en tanto defensa el Estado tiene toda la opción de plantear ante el juez lo que ella considere pertinente”, sostuvo.
Silva indicó que “el requerimiento de sobreseimiento tiene como base fundamental una declaración del colaborador eficaz que sirve para imputar otras cosas, en este caso sirve para desvirtuar la responsabilidad del señor Mariano González”.
Este Diario intentó contactarse sin éxito con la defensa de Samuel Campusano para obtener su descargo.
Procuraduría evaluará acusación
Procuraduría evaluará acusación
La procuradora ad hoc para el Caso Lava Jato, Silvana Carrión, explicó que en los próximos días evaluará el requerimiento de sobreseimiento para González, así como la acusación en su conjunto para presentar una eventual oposición y la pretensión civil.
En declaraciones a El Comercio, explicó que aún no ha sido notificada con el requerimiento y que, a partir del día de la notificación, tiene un plazo de 10 días para presentar una posible oposición al pedido de archivo del proceso en el caso de Mariano González.
Sin embargo, recordó que cuando el fiscal Juárez dispuso archivar la investigación preliminar en el caso del exministro, se opuso a la decisión y presentó una queja ante la fiscalía superior, a cargo del fiscal Rafael Vela.
“Se presentó una elevación de actuados, no estábamos de acuerdo, la fiscalía decía que no había elementos para formalizar la investigación contra el señor González por cuanto el servicio habría sido legal”, indicó.
“Nos opusimos porque de la información que había era que el contrato que había celebrado el señor González con Odebrecht era ficticio, dicho así por los señores Campusano, los hermanos son los que intercedieron ante los funcionarios del MEF para agilizar el pago a través de bonos soberanos para el proyecto Vía Evitamiento Cusco y en base a ese acuerdo de los hermanos con Odebrecht es que se acuerda este pago de 20 mil dólares y se pide que sea pagado pero a través de Mariano González”, sostuvo.
Carrión señaló que, recibido el dinero, González hace un aporte a la campaña de PPK.
“En su momento pedimos a la fiscalía superior que se formalizara el caso del señor González, la fiscalía superior ordenó al fiscal provincial que formalizara el caso, había elementos para que sea investigado. Tenemos que ver qué argumentos ha planteado la fiscalía para indicar que el señor González debe ser sobreseído, tenemos que evaluarlo, y luego de eso tomar una posición. Si ha insistido en los argumentos con los que archivó, claramente vamos a tener otra posición, pero si hay un argumento adicional, tenemos que evaluar”, manifestó.
La procuradora añadió que existe la posibilidad de que plantee una oposición al pedido de sobreseimiento, y esto tendría que discutirse en la etapa intermedia (control de acusación). Si el juez considera pertinente elevar el pedido de oposición a la fiscalía superior, será el fiscal Rafael Vela quien decida si se acusa o no a Mariano González.
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