La vacancia de Martín Vizcarra ha sido el desenlace menos esperado: hasta la víspera, parecía que no había los votos suficientes para llegar a la votación calificada requerida y la bancada determinante, APP, había anticipado su oposición. Además, parecía —como lo están confirmando los primeros días del gobierno de Manuel Merino— el escenario que planteaba mayor inestabilidad.
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El debate académico y constitucional sobre si lo del lunes 9 de noviembre del 2020 constituye un golpe de Estado seguramente se prolongue. Pero es claro que un poder le puso término a las funciones de otro. En tal sentido, es una situación similar a la del 30 de setiembre del 2019: la disolución fáctica de Vizcarra equivale a la vacancia por incapacidad moral que le impuso el Congreso (con algunos votos de parlamentarios que no son precisamente íntegros).
Esta situación entraña serios riesgos para la democracia, en particular en lo concerniente a la separación de poderes. En días previos a este desenlace se habló de repartijas y asignación de sitios en el Gabinete por parte de los grupos parlamentarios. No debe olvidarse que ocho de las nueve bancadas aportaron votos a la abultada cifra que definió la vacancia.
La designación de un primer ministro fuera del Parlamento aleja, de alguna manera, esos temores. Pero debería ser seguida de la inhibición absoluta de cualquier parlamentario o representante suyo por tomar algún encargo ministerial. La Defensoría del Pueblo lo decía con precisión: “El Poder Ejecutivo debe dar señales inmediatas y concretas de que garantizará la separación de poderes, y evitará que las decisiones y acciones de gobierno se confundan con las del Poder Legislativo” (10/11/2020).
Algo que tampoco se tenía en el radar era la activación de una legítima protesta ciudadana, manifestada en distintas ciudades de todo el país, con epicentro en el Centro de Lima. Estas marchas son coherentes con las cifras de aprobación que lucía —por convicción o descarte— aún el desgastado Vizcarra (54% en octubre, según Ipsos), algo que los adversarios del vacado mandatario creían ficticio.
En el rumbo económico, es fundamental saber si Merino optará por un control a los arrebatos populistas que se han visto en el Congreso o si será una lustrosa mesa de partes. Por ello, la identidad del ocupante del MEF es un dato de vital importancia. Ojo que el presupuesto del 2021 aún está en debate.
Por lo pronto, el nombramiento de Ántero Flores-Aráoz denota una apuesta por aferrarse al ala derecha del acuerdo tácito que primó en la política tras la caída del fujimorato: estabilidad macroeconómica más precariedad política, aunque salvando las formas. Como parlamentario opositor o ministro oficialista, fue parte activa de ese pacto.
Pero si algo ha mostrado el convulsionado lustro que se inició en julio del 2016 es que la realidad social requiere un nuevo arreglo político. ¿Es Flores-Aráoz el primer ministro que requiere el momento actual? ¿O es muestra del laberinto de la soledad en que podría perderse el naciente gobierno de Merino?
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CORRECCIONESEn una versión anterior se había consignado 30 de setiembre de 2020.