El juez supremo de investigación preparatoria del Poder Judicial, Hugo Núñez Julca, condenó este martes al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida, inhabilitación por 4 años y al pago de S/100 mil como reparación civil, por el delito de encubrimiento real.
La fiscal suprema Bersabeth Revilla había solicitado tres años de cárcel, inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo periodo y S/30 mil de reparación civil por haber desplegado actos que tenían como fin “dificultar el acopio de medios probatorios en las investigaciones a cargo del equipo especial en el caso Odebrecht, con la finalidad de sustraer de las investigaciones fiscales en curso, a miembros del partido político Fuerza Popular”.
Según la acusación de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, de los medios probatorios actuados durante el proceso, quedó acreditado que el doctor Pedro Chávarry solicito al Equipo Especial información relativa al Acuerdo de Colaboración Eficaz, mediante el oficio , N°6553- 2018-MP-FN-SEGFIN,en el cual pedía que el doctor Rafael Vela Barba le remita un informe sobre los “presuntos cuestionamientos” a las condiciones en que el citado acuerdo se habría suscrito.
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Como se recuerda, en enero del 2019, el fiscal Pérez Gómez realizó un allanamiento a las oficinas de la Fiscalía de Nación, a fin de recabar información en el marco de la investigación al partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Sin embargo, al no tener una orden de ingreso para una de las oficinas, decidieron lacrar la puerta de la misma para evitar la manipulación del material que se encontraba en su interior.
Sin embargo, posteriormente se conoció que Rosa Venegas, entonces asesora del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, había ingresado a la oficina y retirado documentación. Esta dijo que fue por orden del exfiscal supremo. La presencia de este último en el momento de los hechos quedó registrado en imágenes.
Hubo acuerdo subrepticio
Hubo acuerdo subrepticio
Ambos hechos, según la sentencia aplicada por el juez Hugo Núñez Julca, se trataría de un acuerdo entre Pedro Chávarry y el partido Fuerza Popular, " de apoyarse en su respectivas instituciones”.
En esa línea, el juez supremo sostuvo que el ser titular del Ministerio Público y contar con las facultades que vienen con el cargo, constituyen un indicio de oportunidad para cometer el delito que se le atribuye, pues si no hubiera sido Fiscal de la Nación, no hubiera tenido las facultases para separar a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.
Por ello, indicó Núñez Julca, el exfiscal supremo tuvo un pacto recíproco con Fuerza Popular para ayudarlos en la investigación del “Caso Cócteles” seguido contra militantes de dicho partido.
“Sus motivaciones tuvo intensiones distintas al ejercicio de su cargo. Teniendo en cuenta lo anterior, estamos ante un verdadero acuerdo subrepticio destinado a separar de sus funciones a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato a cambio de que en el Parlamento, el partido Fuerza Popular, blinde al fiscal supremo Pedro Chávarry, respecto a sus denuncias que giraban en el Congreso”, explicó el magistrado.
Por ello, consideró que la conducta de Chávarry Vallejo ocasionó un grave daño, obstaculizando y frustrando información relevante para los intereses de la sociedad y la correcta administración de justicia, así como para la imagen del Ministerio Público.
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Por ello, el magistrado consideró que los hechos imputados contra Pedro Chávarry Vallejo, habían quedado plenamente sustentados. En esa línea lo condenó a cuatro años de cárcel suspendida en tres, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargo público, y S/100 mil por concepto de reparación civil a favor del Estado.
Además, se dispuso que cumpla normas de conductas como no variar de domicilio o ausentarse del país sin previa orden judicial, no cometer nuevo delito doloso, comparecer persona y obligatoriamente al juzgado de investigación preparatoria a fin de informar sobre sus actividades y firmar un libro de control
También se dispuso que cumpla con pagar el íntegro de la reparación civil que se le impuso.
El Ministerio Público se mostró conforme con la condena impuesta al exfiscal de la Nación. Sin embargo, la abogada de Cynthia Yaneli -defensa de Chávarry- interpuso un recurso de apelación para que un tribunal supremo analice nuevamente el caso.
“No nos encontramos conforme con la sentencia y en este acto interponemos recurso de apelación”, indicó la abogada.
Para la representante del Ministerio Público se consideró que existían indicios suficientes para suponer que el denunciado actuó con dolo al solicitar información del acuerdo de colaboración con Odebrecht e inmediatamente destituir a los fiscales.
Por ello, requirió que al momento de aplicar la pena debe evaluarse los hechos en su contexto que, según lo aprobado en el Congreso, sí se adecúan al tipo penal en cuanto existiría la potencialidad para dificultar la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas del delito.
“Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos planificó y ejecutó la salida de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez con la cual perjudicó la buena marcha del proceso de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht”, consideró la fiscal en su acusación.
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