La Comisión de Fiscalización del Congreso solicitó al Ministerio del Interior (Mininter) incluir a Bruno Pacheco Castillo, exsecretario general de Palacio de Gobierno, y a dos sobrinos del presidente Pedro Castillo en el Programa de Recompensas. Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, familiares del jefe de Estado, y Pacheco Castillo se encuentran no habidos luego de que el juez Manuel Chuyo dictara una orden de detención preliminar por 10 días contra ellos y otras ocho personas.
El operativo de allanamiento y detención fue solicitado por el fiscal Karla Zecenarro -a cargo del Quinto Despacho de la 2da. Fiscalía Corporativa de Corrupción de Funcionarios de Lima-, quien investiga el Caso Puente Tarata y las presuntas irregularidades en Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debido a la adjudicación a un consorcio relacionado a la lobista Karelim López.
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De los incluidos para cumplir la medida restrictiva, tres fueron detenidos el lunes 28 y otros tres acudieron este martes 29 al Poder Judicial debido a la orden de detención:
- Bruno Pacheco Castillo, exsecretario general de Palacio de Gobierno: no habido, no fue encontrado en su domicilio.
- Víctor Valdivia Malpartida, exfuncionario de Provías Descentralizado: arrestado el lunes por agentes de la Policía Anticorrupción.
- Edgar Vargas Mas, exfuncionario de Provías Descentralizado: no habido.
- Alcides Villafuerte Vizcarra, exfuncionario de Provías Descentralizado: no habido.
- Héctor Pasapera López, representante del Consorcio Puente Tarata III: este martes se puso a disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Lima.
- George Pasapera Adrianzén, empresario: arrestado el lunes por agentes de la Policía Anticorrupción.
- Víctor San Miguel Velásquez, representante del Consorcio Puente Tarata III: este martes se puso a disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Lima.
- Luis Carlos Pasapera Adrianzén, miembro de la Empresa Grupo ARCOSE: este martes se puso a disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Lima.
- Zamir Villaverde, empresario: arrestado el lunes por agentes de la Policía Anticorrupción.
- Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo: no habido, no fue encontrado en su domicilio.
- Gian Marco Castillo Gómez, sobrino del presidente Pedro Castillo: no habido, no fue encontrado en su domicilio.
La fiscalía y el Poder Judicial informaron que durante la mañana del martes se pusieron a disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Lima, los empresarios Héctor Pasapera López, Luis Pasapera Adrianzén y Víctor San Miguel Velásquez, investigados por presunto tráfico de influencias en el caso Puente Tarata.
Ellos pasaron el control de identidad respectivo, según informó la fiscalía, y durante la tarde serán puestos a disposición del despacho de la fiscal Zecenarro.
Fuentes de El Comercio comentaron que sí es factible incorporar a personas con orden de detención preliminar a la lista de los más buscados del Programa de Recompensas del Mininter. Sin embargo, esto procederá siempre y cuando la Policía Nacional lo solicite y la comisión evaluadora -que se encuentra en el Viceministerio de Orden Interno- así lo decida.
Si en caso pese a las labores de la policía no se logra ubicar a los prófugos, en este caso se puede considerar el referido programa. Lo primero es que la Policía Nacional lo solicite, luego contar con la opinión favorable de la comisión, en virtud, por ejemplo, del tipo de delito por el que se le busca al prófugo.
La Policía Nacional dijo a este Diario que están realizando las diligencias e investigaciones respecto a quienes permanecen prófugos. El equipo a cargo es la policía anticorrupción. Indicaron que no se tiene detalles sobre alertas y, debido a que la investigación está en desarrollo, todavía no se puede indicar si los no habidos serán incluidos en el Programa de Recompensas.
Ricardo Valdés, exviceministro de Orden Interno, comentó a El Comercio que no es usual que se incluya a personas con orden de detención preliminar en el Programa de Recompensas.
“Esa comisión tiene que sopesar los argumentos de un lado y otro para ver si se incluye. El plazo [de detención] es corto [10 días] para que pueda ingresar al Programa de Recompensas. Habría que esperar si es que no son encontrados en estos 10 días”, dijo.
Por ello, indicó que tendría que evaluarse esta posibilidad y lo que pueda determinar después el Ministerio Público. Sin embargo, consideró que una medida necesaria sería poner una alerta roja de Interpol.
“Definitivamente debería estar la PNP iniciando la búsqueda. Sí es suficiente para que se pongan en marcha las alertas, eso incluye a las otras unidades policiales. [...] Tratándose del nivel de personas buscadas yo pondría alerta roja de Interpol para evitar que crucen la frontera del país”, exprsó.
“Ya deberían estar haciéndolo porque hay un mandato de detención preliminar. Habría que poner alerta roja para que se capture de inmediato. Es la Policía Nacional la que tiene que solicitar su incorporación en la alerta roja. Sobre todo por los personajes buscados, que son los sobrinos del presidente y el ex secretario general, personas de alto nivel”, insistió.
Rubén Vargas, exministro del Interior, sostuvo que el sistema de recompensas está pensado para todas las personas investigadas o sentencidas con una orden de detención vigente. “Si no se ponen a derecho, el juez tendrá que ampliar esos días [de detención preliminar]. La situación jurídica se complica aún más”.
Agregó que los sobrinos del presidente y los otros no habidos sí tendrían que ser incluidos en el Programa de Recompensas.
“Con mayor razón tendrían que estar en el sistema de recompensas por la gravedad de los hechos que se imputan. Estos elementos meritúan para que entren al programa”, incidió. Asimismo, dijo que el objetivo es asegurarse de que estas personas no huyan de la justicia. “Es la responsabilidad que tiene la PNP”, añadió.
En tanto, Migraciones informó en su cuenta de Twitter que están a la espera de la notificación del Poder Judicial “para proceder con la implementación de la alerta restrictiva para los implicados en el caso Tarata”.
La Superintendencia comentó a este Diario que las alertas restrictivas son las notificaciones que hace el Poder Judicial sobre un ciudadano con impedimento de salida del país. Hasta la fecha, Pacheco tiene ocho meses impedimento de salida del país.
Según pudo corroborar este Diario, los sobrinos del presidente y Pacheco siguen en el país de acuerdo con sus respectivos registros migratorios. El abogado José Luis Núñez, quien ejerce la defensa de Pacheco, fue consultado respecto a si el exfuncionario se pondrá a derecho. “Eso no le puedo decir, tengo que conversar con él”, dijo brevemente a El Comercio, y agregó que su defendido se encuentra en el país.
La Corte Superior de Justicia de Lima informó que este miércoles 30, a partir de las 9 de la mañana, se realizará la audiencia de impedimento de salida del país, programado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, contra Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y otros.
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