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El empresario Zamir Villaverde, señalado como el “operador” del jefe del Estado, fue detenido ayer durante el operativo liderado por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro. Foto: Julio Reaño
Unidad de Investigación
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La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a cargo del Caso Puente Tarata, dirigió ayer un operativo de allanamiento y detención preliminar contra 11 presuntos implicados en la adjudicación irregular de la millonaria obra a un consorcio relacionado con la lobbista Karelim López, quien visitaba Palacio de Gobierno en pleno proceso de licitación.
De los incluidos en la resolución judicial, solo tres personas fueron arrestadas por agentes de la Policía Anticorrupción: los empresarios Zamir Villaverde y George Pasapera Adrianzén, así como Víctor Valdivia Malpartida, exfuncionario de Provías Descentralizado.
En tanto, ocho investigados no fueron ubicados en sus domicilios y están prófugos. Se trata de Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial, y Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario Pedro Castillo.
MIRA: Pedro Castillo: ¿Quiénes son Fray Vásquez Castillo y los otros sobrinos del presidente?
También están como no habidos Luis Pasapera Adrianzén, Héctor Pasapera López y Víctor San Miguel, vinculados al Consorcio Puente Tarata III, y Édgar Vargas y Alcides Villafuerte, ex servidores públicos del mencionado organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
—Implican a Castillo—
El presidente Castillo fue implicado en las pesquisas que la fiscal Zecenarro realiza sobre el Caso Puente Tarata.
“Villaverde sería el operador del presidente Castillo y su labor habría sido contactar, ofrecer y acordar con empresarios interesados en ser adjudicados en dichas obras, logrando que sean favorecidos con adjudicaciones convocadas por el MTC”, se lee en el documento al que accedió El Comercio.
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Entre los hechos investigados por la fiscalía anticorrupción, está el testimonio de Karelim López que involucra a Zamir Villaverde como el supuesto operador del presidente Castillo en actividades ilícitas en el MTC.
Esto se basa principalmente en las declaraciones brindadas por Karelim López el 9 y 17 de marzo ante el despacho de la magistrada.
En la resolución se añade: “[Estas] acciones se habrían producido desde que el señor Pedro Castillo Terrones asumió la presidencia de la República y la designación de Juan Silva Villegas como ministro”.
—Rol de los investigados—
Según la tesis fiscal, Bruno Pacheco habría incurrido en el delito de tráfico de influencias y organización criminal, al haber intervenido presuntamente en la designación de servidores públicos, por supuestos acuerdos con Villaverde, quien además lo visitaba en la sede de gobierno.
También se hace referencia a las reuniones con Karelim López, “ante quien habría invocado tener influencias sobre funcionarios de Provías Descentralizado”.
“Pacheco habría ofrecido interceder ante funcionarios a cargo del proceso de contratación a efectos de que se otorgue la buena pro al Consorcio Puente Tarata III […] a cambio de un donativo en su beneficio”, se añade.
Por su parte, el empresario Villaverde habría tenido la función de “contactar, ofrecer y acordar con empresarios interesados en ser adjudicados o favorecidos con obras, en procesos convocados por el MTC, entre ellos de Provías Descentralizado”.
En ese sentido, para la fiscalía, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Puente Tarata III, ligado a Karelim López, se habría dado como resultado de las “gestiones ilícitas” del mencionado empresario.
Villaverde, además, según refiere el Ministerio Público, habría intervenido en la designación de Alcides Villafuerte Vizcarra como gerente de Obras de Provías Descentralizado. El empresario lo habría propuesto, y para concretar este nombramiento, el sobrino del presidente Castillo Gian Marco Castillo llamó a Bruno Pacheco.
También se encuentra implicado Fray Vásquez, otro sobrino del mandatario, pues habría tenido la función de reunirse con empresarios para llegar a acuerdos irregulares.
—Otras fugas—
No es la primera vez que involucrados en pesquisas que alcanzan al entorno del presidente Castillo o al partido de gobierno consiguen huir de la justicia.
En el Caso Los Dinámicos del Centro, desde hace seis meses permanecen prófugos cinco investigados, entre los cuales está Arturo Cárdenas, mano derecha de Vladimir Cerrón –líder de Perú Libre–, para quienes se había dispuesto 36 meses de prisión preventiva.
Y en la investigación a la red Los Tiranos del Centro, no han logrado ser ubicados para ser detenidos preliminarmente tres implicados, entre ellos Juan Carlos Quispe Ledesma y Henry López Cantorín, exalcaldes de Huancayo que eran personas de confianza de Cerrón. La orden judicial se dictó en febrero pasado.
Levantan secreto de comunicaciones
En la resolución judicial se dispuso, además, el allanamiento con fines de incautación de 15 inmuebles, dos de ellos ubicados en los distritos de Ate y Carabayllo, vinculados a Bruno Pacheco.
También se autorizó el pedido fiscal de levantamiento del secreto de comunicaciones de los 11 investigados.
Esta última medida fue solicitada por el plazo de 20 días y será aplicada a ocho números telefónicos que pertenecen al ex secretario general de Palacio de Gobierno, tres líneas telefónicas que corresponden a Fray Vásquez, una en el caso de Zamir Villaverde y otros 13 números vinculados con los otros involucrados en la pesquisa.
Las referidas líneas serán sometidas a la geolocalización, según disposición del magistrado Manuel Chuyo.
Dato
La fiscal Karla Zecenarro remitió a la fiscal de la Nación un informe sobre la presunta participación del presidente Pedro Castillo y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva en millonarias obras adjudicadas irregularmente.
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