El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo contra la ley que aprobó el Congreso por insistencia y que establece límites a la figura de la cuestión de confianza.
En una audiencia virtual que se llevó a cabo la mañana de hoy, miércoles 26 de enero, los seis magistrados del tribunal escucharon a las dos partes involucradas en el caso.
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Por parte del Gobierno, se presentó el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, y en defensa del Congreso de la República estuvieron los abogados Aníbal Quiroga y Víctor García Toma.
Al sustentar su demanda, Huerta señaló que la ley que había aprobado el Congreso era inconstitucional porque iba en contra de la jurisprudencia establecida por el TC en fallos anteriores, incluyendo el que emitieron por el caso disolución del Poder Legislativo en el 2019 donde se estableció que la figura de la cuestión de confianza debía ser interpretada de una manera amplia.
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El procurador también señaló que un cambio que afecta la cuestión de confianza influye en el balance de poderes establecido en la Carta Magna y que, por ende, solo puede ser concretada con una reforma constitucional y no con una ley de desarrollo constitucional.
En esa línea, cuestionó lo que manifestó durante su participación García Toma, quien dijo que “a la luz de hechos recientes”, la decisión que tomó el Tribunal Constitucional presenta problemas porque no consideró las consecuencias que tendría.
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“En setiembre del 2019 se produjo un autogolpe de Estado que llevó a una disolución inconstitucional del Congreso, esa fue una decisión política que lamentablemente contó con el aval de una decisión equivocada por parte del Tribunal”, señaló Víctor García Toma.
“La norma busca rectificar, enmendar la plana al TC, decir al TC que está equivocado como supremo intérprete de la Constitución. Que los magistrados que firmaron el fallo del 2008 por unanimidad y de la disolución del Congreso por mayoría están equivocados. Poco más y señala qué cosa hace el TC y que dejen al Congreso que es el que interpreta correctamente a la Constitución que corrija el error que han cometido. Literalmente eso ha dicho”, replicó Huerta.
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Aníbal Quiroga mantuvo una línea de defensa similar a la de García Toma, señalando que la ley busca evitar abusos por parte del Poder Ejecutivo en las cuestiones de confianza con “interpretaciones absurdas y arbitrarias”.
Para que se declare la ley aprobada por el Congreso como inconstitucional, el TC deberá contar con cinco votos de seis a favor de la demanda presentada por el Gobierno.
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