Figuritas fallidas: Las 60 designaciones cuestionadas que acumula el gobierno de Pedro Castillo

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio contabilizó que un acumulado de 60 casos de designaciones cuestionadas ha empañado la era Castillo en sus casi seis meses. Esto supone que, en promedio, cada tres días ingresó a la planilla del Estado un alto funcionario —ministro, viceministro, secretario general, director, asesor, entre otros— que no cumplía con criterios mínimos de idoneidad o experiencia. De estas 60 personas, 40 ya dejaron los cargos tras destapes periodísticos u observaciones de la Contraloría.

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Una nueva designación que ha terminado en renuncia es la de Daniel Salaverry como presidente ejecutivo de la empresa estatal Perú-Petro. El viernes pasado, la Contraloría concluyó que el excongresista y arquitecto no cumple con trayectoria en el rubro de los hidrocarburos; crítica que ya surgía desde que fuera nombrado a inicios de mes. Días antes, el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, dijo en el Congreso que el nombramiento que él mismo firmó dependería de la aprobación a la interna del directorio de Perú-Petro. No obstante, el programa dominical Panorama informó que Salaverry ya venía cumpliendo funciones.

En estos meses, el ministerio con mayores traspiés en nombramientos ha sido, sin duda, el de Transportes y Comunicaciones. En la cartera del ministro Juan Silva, quien también arrastra cuestionamientos, hasta diez personas en altos mandos fueron removidas tras un fugaz y escandaloso paso por el sector. Entre otras entidades que tuvieron similares reveses están Agricultura, Trabajo (incluyendo EsSalud), Ambiente y la propia PCM.

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Un mal mensaje político

En una encuesta de El Comercio-Ipsos, publicada en noviembre, el 40% de 1.205 personas entrevistadas destacó el nombramiento de “funcionarios incapaces’' como el principal error del gobierno. Para el analista político Jeffrey Radzinsky, la recurrencia de designaciones fallidas genera una percepción válida de pago de favores desde el Ejecutivo, lo que acrecienta un pasivo para el presidente de la República.

Como se recuerda, los ofrecimientos de Pedro Castillo cuando candidato incidían en combatir el copamiento por compadrazgo en el aparato público. Aquí cabe precisar que, de los 60 funcionarios o exfuncionarios cuestionados, 19 tienen algún nexo con Perú Libre o su última campaña.

“No se percibe un correlato entre sus promesas de cambio y los hechos, y una contradicción tan burda como esa pesa mucho sobre cualquier político. Otro aspecto que se evidencia con las malas designaciones es incapacidad de liderazgo, limitación de convocatoria y falta de entorno tecnocrático. Esto, además, tiene un efecto de círculo vicioso porque, a menor calidad de funcionarios, más difícil es animar la convocatoria de otros o de armar buenos equipos”, señaló Radzinsky.

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El también director del Grupo Fides recalca que la repartición de cargos en el Estado no es exclusiva del nuevo gobierno, pero que sí se ha notado más acentuada. Asimismo, advierte que los altos mandos son la punta del iceberg.

“Los de arriba, que son más visibles, son los que definen a su vez el ingreso de personal en mandos medios, y de este tampoco hay garantía de filtros adecuados. Yo diría que en la actual gestión persiste en mayor dimensión una ya conocida serie de incentivos perversos para pagar favores políticos con muchas cuotas de empleo en la Administración Pública. Y ahí el problema es doble porque se afecta la gestión del Estado y la legitimidad política de quienes gobiernan el país”, indicó.

La abogada y maestranda en Gestión Pública Daniela Viteri resaltó que los puestos de confianza no implican por sí mismos un riesgo de copamiento de malos funcionarios. “Contar con profesionales de confianza de algún ministro no es, per se, negativo, ya que estas autoridades deben confiar que su personal más cercano será capaz de comprender sus proyectos y trasladarlos en políticas y servicios públicos efectivos. El verdadero problema ocurre cuando, independientemente del diseño del sistema, no se garantiza la designación de profesionales adecuados, con la preparación suficiente para una correcta administración pública”, dijo.

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Costo múltiple y falla de origen

Entre los casos recientes más representativos del problema en torno a las designaciones fallidas es el de Carlos Pimentel Silva. El 9 de diciembre, fue nombrado por resolución como director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente. El puesto de confianza, remunerado con S/ 20.500, solo le duró a Pimentel una semana.

Como reportó Latina, Pimentel tenía antecedentes por falsificación de documentos, y Recursos Humanos del ministerio detectó que el nuevo funcionario había fraguado sus constancias de empleo. Además, este Diario accedió a un informe de Contraloría que hallaba inconsistencias en su CV y concluía que no era apto para el cargo por carecer de la experiencia requerida.

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En diálogo con El Comercio, la especialista en Gestión Pública María Elena Sánchez explicó que colocar en el Estado a personas sin experiencia o que cargan pasivos tiene un costo múltiple y un impacto negativo integral para el aparato público.

“Cada error que comete una persona sin experiencia en un alto cargo le cuesta plata al Estado porque son responsabilidades ligadas al manejo de grandes presupuestos. Al mismo tiempo, si aquel funcionario inadecuado contrata a personas que no tienen el perfil, el costo sube. Por otro lado, si una gestión se organiza con personas que no son idóneas, hay un valor público adicional que se pierde, y es la confianza ciudadana hacia las instituciones”, señaló.

La profesora del departamento de Gestión de la PUCP, Mayen Ugarte, precisó que los requerimientos para puestos de confianza suelen tener una valla muy baja, lo que permite el ingreso de personas sin conocimiento básico de políticas públicas y, en ciertos casos, la manipulación del CV para simular el perfil. Asimismo, señala que la lenta implementación de la Ley del Servicio Civil (Ley Nº 30057) genera estas disparidades, por ejemplo, en puestos de dirección.

“En el Estado podemos encontrar vallas que son o muy profesionalizadas o demasiado básicas. Lo que aún no se implementa de la Ley Servir es, precisamente, requerimientos mayores y, por el momento, hay puestos directivos para los que se piden solo carreras genéricas, poca o nula especialización y baja experiencia. Ahora, lo que se detecta con mayor recurrencia en esta gestión son designaciones que responden a un criterio netamente político —que no se ajustan en nada— y las que sí se ajustan a la valla formal, pero no son las mejores. Sin embargo, todo este problema es de origen”, dijo Ugarte.

María Elena Sánchez coincide en advertir que una mínima parte del Estado ha ingresado a una etapa de adecuación y modernización conforme a la Ley Servir: “El camino ya está dado. Si no se ingresa aún en el tránsito de modernización para Servir, se sigue con perfiles de hace mucho tiempo atrás. La solución, en realidad, es que la modernización avance integralmente para que las instituciones, sobre todo aquellas que manejen alto presupuesto, tengan aprobados marcos idóneos para los perfiles”.

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