Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional, falleció este martes 21 de setiembre. Hace un mes, exactamente el 20 de agosto, El Comercio conversó con el abogado sobre diversos temas. Aquí la entrevista:
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Ramos Núñez, expresó sus reparos respecto al gabinete con el que el presidente Pedro Castillo inicia su gestión, y en entrevista con El Comercio consideró que el mandatario debió buscar un equipo “moderado” a fin de generar un clima de diálogo.
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Además, Carlos Ramos remarcó que para hacer cambios a la Carta Magna, “no es necesario tirar por la borda la Constitución ya aprobada y vigente hoy”. Además, advirtió que desactivar el TC constituiría un “retroceso democrático” que nos colocaría en la misma posición que dictaduras que desconocen el Tribunal Constitucional como Venezuela o Cuba.
¿Se hizo bien en suspender el proceso de selección de magistrados del TC por el anterior Congreso?
Bueno, en realidad, no cabía otra solución. Es decir, instituciones de la sociedad civil como Transparencia, como varios colegios de abogados, universidades y personalidades vinculadas al mundo de los derechos humanos y constitucional; así también políticos de diversas tiendas, habían hecho saber que era un proceso que venía viciado, que era absurdo. Por ejemplo, que se haga una evaluación de carácter aritmético respecto de la idoneidad moral de las personas.
Además, se calificaba a una persona en mejor condición que otra, que estaba en posición similar. Todo esto fue llevando a una deslegitimación del proceso, a una corrupción del mismo; incluso, a convertirse; yo diría, en un proceso folclórico, pintoresco y que a eso se sumaba un afan, no solamente de precipitación; sino que ir al galope; dentro de una legislatura cuestionada en cuanto a su convocatoria y alcances. Lo mejor que podía hacerse era paralizar el proceso y dejarlo sin efecto y retomar las cosas de una manera más tranquila.
Precisamente, se conformará una nueva comisión para elegir a los magistrados del TC ¿Se debe seguir adelante?
Yo diría que la atribución del Congreso es. Nadie podrá negar las atribuciones constitucionales del Congreso en cuanto a la designación y nombramientos en cuanto a los magistrados del Tribunal Constitucional, esa es la fórmula que estableció la Constitución del año 1993.
¿Cómo lograr que este proceso no se manche o tenga cuestionamientos como ha ocurrido últimamente?
La reglas están de alguna manera colocadas ¿no? La interpretación de la Constitución es un asunto técnico, que más que una valoración política, moral o personal, necesita de una valoración o conocimiento jurídico. Tengo mis dudas sobre los integrantes de la comisión de elección, como ocurrió antes, enfermeros, conciliadores, químicos, que no tienen las condiciones técnicas para una adecuada valoración. También nuestras sentencias han insistido mucho en el criterio de meritocracia. Es decir, si bien la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional tiene un elemento político y eso nos fue llevando a lo largo del tiempo a la ‘repartija’, en realidad, el mejor remedio, el mejor bálsamo para ello es el respeto de la meritocracia, eso es lo que puede garantizar mejor una elección.
Entonces, para eso se necesita un proceso abierto, con entrevistas públicas, con participación de las organizaciones de la sociedad civil; órganos como Transparencia, o como la Contraloría que si bien participó, a mi criterio fue muy breve, muy acotada; la participación de los colegios de abogados. Ojo que estamos hablando de una institución crucial en la vida democrática de un país.
Días atrás se admitió a trámite diversas demandas contra la cuarta legislatura del Congreso pasado ¿Qué se puede esperar cuando sean analizadas?
Bueno, hay que valorarlas. No debemos olvidar que las legislaturas tienen un carácter público y obligatorio, no están sujetas a la sola voluntad de los legisladores. La voluntad de un legislador no puede trastocar, no puede llegar a tergiversar el sentido de la Constitución. Es decir, así como nosotros somos intérpretes de la Constitución, también es cierto que lo son los congresistas, pero no olvidemos que el último intérprete -según la misma Carta Magna y las pautas de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos)- es el Tribunal Constitucional, de allí que esto se encuentra en nuestras manos y seguro habrá un pronunciamiento más adelante.
Fue en la cuarta legislatura que se aprobó el Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPC) que afecta también al TC pues ya no podrán rechazar las demandas liminarmente ¿Constituye eso un problema?
Sí lo es, en el sentido que no solo fue dado en un momento de una legislatura cuestionada, sino también contenido mismo. Mire, un Tribunal Constitucional tiene una conformación necesariamente breve, modesta cuantitativamente. Es decir, nosotros somos siete. Tampoco podemos ser treinta magistrados, ya no pareceríamos una corte constitucional; sino pasaríamos a ser como en la Federacion Rusa, una asamblea parlamentaria más.
Las causas que normalmente ingresan son alrededor de 1,500, entonces, mal podría un tribunal de siete magistrados tratar de resolver a través de audiencias y sentencias de fondo, una cantidad tan abrumadora de casos. Por eso se han creado mecanismos; que no los hemos creado nosotros, para reducir la carga.
Para darle un ejemplo, hubo un caso donde el Tribunal Constitucional admitió a trámite un caso conocido como “La rata presidente”. Se acababa de crear la Corte Superior de Justicia de Tumbes y no faltaba un abogado de esos feroces, muy peleones, que llevaba una ratita en una jaula para burlarse del tribunal ¿Qué pasó? El presidente de la corte hizo detener la ratita junto con la jaula y el litigante presentó una habeas corpus. Un asunto de esa banalidad llegó al Tribunal Constitucional y ¿sabe qué cosa resolvió? Que la causa era infundada, es decir que si hubiera habido elementos para declararla fundada la hubieran declarado. Ahora, yo me pregunto ¿Asuntos como este tienen que llegar al Tribunal Constitucional? Muchos de esos casos tienen esas características, de tal manera que se obliga al TC a conocer de todo y esa no es la tarea de este tribunal. Ahora, es verdad que muchas veces hubieron causas que fueron rechazadas liminarmente y luego uno mismo se descubría ‘bueno, quizá este caso pudo ser admitido’; y como no existía recurso de reposición contra las sentencias interlocutorias muchas causas quedaban sin verse.
¿Se ha tratado en el pleno del TC si aplicarán el NCPC?
Sí se ha tocado. Veremos qué pasa. Lo que yo propongo es ir a un sistema medio que, con un criterio prudente, declare admitidas ciertar acciones, limitar el número de las sentencias. La doctora (Marianella) Ledesma también tiene una propuesta que vamos a discutir en los siguientes días para que pueda distinguirse, entre vistas de causas y audiencias. Lo que está estableciendo el código como obligatorio es la vista de causa. Es decir, el conocimiento del proceso, que puede ser de carácter visual en el que se decide que el caso sea archivado, que pase a otra sala, en fin. En cambio, la audiencia no tiene un carácter obligatorio y lo que a nosotros nos preocupa es que haya audiencias tras audiencias, de tal manera que el Tribunal Constitucional no pueda trabajar. Usted comprenderá que, cuanto más audiencias tengamos, más entretenidos vamos a estar con aspectos simples, que con aquellos asuntos de fondo, como si no se pudiera distinguir la paja del trigo. Es una preocupación que creo comparten todos mis colegas del Tribunal Constitucional, en un sentido u otro.
El presidente Pedro Castillo, cuando era candidato, dijo que desactivarían el TC y hace poco el ministro de justicia Aníbal Torres también consideró que no eran necesarios ¿Cómo toman eso?
Eso no se puede hacer (desactivar el TC), hacerlo ‘manu militari’ sería un verdadero retroceso en el campo democrático. Sería colocarnos en la misma posición que dictaduras que desconocen el Tribunal Constitucional como Venezuela o Cuba, de países africanos. En realidad el Tribunal Constitucional llegó y llegó para quedarse.
Nosotros hemos tomado decisiones que -de no haberlo hecho- hubieran puesto en crisis al Estado de derecho. Lo que esperan algunos partidarios o políticos es que uno se oriente por su compromiso político, si es de derecha que sean de derecha, que si uno es de izquierda que sean de izquierda (las decisiones), pero así no funciona un Tribunal Constitucional.
Una corte constitucional es un elemento crucial como un termómetro en la vida de un país, que incluso decide situaciones políticos elementales, pero, al mismo tiempo, decisivo para la vida del país. La corte constitucional no es aislada en una suerte de meandro constitucional, no; está articulada con otras instituciones de nuestro propio aparato estatal, pero también se encuentra enhebrado en el sistema interamericano de justicia, es decir forma parte de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana y ellos están atentos a las decisiones que este tribunal tome.
Una pérdida del Tribunal Constitucional peruano sería una llaga abierta en el sistema interamericano de justicia y un terrible retroceso en el sistema de justicia y la protección de los derechos fundamentales en nuestro país.
Entonces, es a través de sus fallos que han confirmado su necesidad no solo para la interpretación constitucional; si no también para el buena convivencia de poderes...
Órganos como el Tribunal Constitucional, que están debidamente afiatados en la vida del país y que ya tienen 30 años, han pasado por procesos difíciles, han permitido una transición democrática, por ejemplo, con motivo de la re-reelección presidencial cuando Alberto Fujimori pensaba perpetuarse en el poder por un período más. Del mismo modo hemos enfrentado diferentes demandas de inconstitucionalidad y dentro de la pluralidad que nos caracteriza, dentro de las diferencias ideológicas o personales que tengamos, hemos sabido resolver.
Entonces, esa vieja idea, de pronto, manejada por el ministro de Justicia en el sentido de que el Tribunal Constitucional no debería de existir, como si la mejor de las soluciones fuera el Tribunal Constitucional Plurinacional que bien sabemos que en Bolivia no fue la mejor de las soluciones, a tal punto que las decisiones judiciales de tremenda importancia eran resueltas, por ejemplo, a la lectura de la hoja de coca, como si se tratase de derecho comparado. Entonces, esa Corte Constitucional Plurinacional fue cayendo en desgaste, en demérito; es más, incluso dejó sin efecto un referéndum que prohibía a Evo Morales ser candidato presidencial, violando toda voluntad popular, habilitó a Evo Morales para que pudiera ser candidato no solo una vez, sino tres, cuatro veces , indefinidamente, es decir; sin ningún sentido de garantía, ni de autonomía.
¿Cómo se vivió en el TC estas elecciones?
Mire, nosotros no tenemos un recurso de amparo que nos permita intervenir en un proceso electoral. La justicia electoral es en este caso la competente en el conocimiento de las discordias que puedan presentarse. En ese sentido, nuestro papel es básicamente de espectadores atentos hasta que se produzca alguna situación grave que no se nos ha comunicado en ningún momento. Sabemos que han habido casos de garantías, de veedores, del Jurado Nacional de Elecciones que estuvo incompleto, pero que rápidamente se solucionó, vimos que se permitió que los grupos afectados pudieran hacer las impugnaciones del caso y se hicieron en el momento. En líneas generales, creo que el trabajo se cumplió, seguro existen malestares, pero el proceso culminó. Ahora, si se descubre luego que hubieron fallas podrá hacerse uso de otro mecanismos.
Recién empieza este nuevo gobierno y ya vemos fricciones entre el Ejecutivo y el Congreso ¿qué podemos avizorar?
Me preocupa la naturaleza de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No podemos esconder que nos encontramos entre dos grupos bastante aislados entre sí, bastante polarizados y con una carga ideológica poco común. Por un lado un grupo en el Ejecutivo, por lo menos una parte de ella, que abraza un marxismo leninismo, abierto y altisonante; y por otro lado, otro grupo en el Congreso que también tiene posiciones que lindan con el rompimiento del Estado de derecho. En consecuencia yo creo que no queda más que un diálogo, una mirada atenta de los órganos de la sociedad civil, de la prensa, de un grupo de ciudadanos con gran convicción democrática.
Entonces, es evidente que será tirante este convivir político entre el Ejecutivo y Legislativo…
Las personas tienen que ser convocadas a la sensatez. Es decir, lo primero que está en juego es la estabilidad de nuestro país y valgan verdades, nuestro país, en los últimos años ha pasado por un proceso benéfico de transmisión democrática cada cinco años. No fue el mejor de los mundos, pero creo que hemos sido ejemplo de la región de transmisión democrática, de crecimiento económico; y creo que es necesario retomar esa posición de liderazgo continental. Entonces, de pronto, es necesario que se hagan algunos esfuerzos, quien sabe, si hay la necesidad de hacer algunas renuncias ministeriales, si es necesario cambiar algunas comisiones en el Congreso, si es necesario de abandonar un clima de fanatismo y de sectarismo con el propósito de hacer los mejores esfuerzos para que nuestro país comience a caminar.
Desde su perspectiva ¿hubo un error empezar el gobierno con un gabinete que generaría polarización?
Yo creo que sí, que hubo un error, yo creo que lo ideal hubiera sido ir a la conformación de un gabinete con una línea ideológica, seguramente al compás de la del gobierno, pero con personajes de un prestigio afiatado, como por ejemplo, el profesor Pedro Francke, o el exfiscal Avelino Guilén. Yo creo que debió buscarse un gabinete moderado que fuera capaz de establecer un diálogo con el Congreso y de parte del Congreso también, la necesidad de cambiar ciertos patrones de conducta, ciertos símbolos, cambiar ciertos prejuicios.
¿Cómo ve al presidente Pedro Castillo?
El presidente, yo lo veo, me parece, bien intencionado; seguramente, como todos en la vida podemos tener una serie de limitaciones de carácter técnico, de carácter cultural, pero para eso está la naturaleza de un equipo ministerial, la condición de los asesores; yo creo que hasta con posibilidad de diálogo con sus adversarios que podrían ofrecer sus servicios como lo hizo el señor Hernando de Soto y olvidar ese momento difícil y casi indispuesto de las fiestas patrias y podamos tener un segundo semestre más tranquilo y edificante.
¿Sería un error querer perpetuarse en el poder como han insinuado algunos integrantes de Perú Libre, partido que postuló al ahora presidente Pedro Castillo?
En las actuales circunstancias no pasa de ser un sueño, habida cuenta la configuración del poder en el Perú. Es decir, hay que rechazar esas ideas como cualquier otra que busque hacer del país una suerte de dictadura vitalicia.
Desde que inició el gobierno de Pedro Castillo se designaron funcionarios sin el perfil profesional para los cargos, incluso cuestionados, pero que eran cercanos al partido de gobierno ¿existen normas para limitar ello?
Yo creo que es mejor cumplir los términos de meritocracia que están en la Ley Servir del Estado, en la Ley de la Carrera Pública, del Decreto Legislativo 728 (sobre trabajadores del Estado), en lugar de que se busquen encargaturas tiradas de los pelos, porque al final generará más perjuicio que el convocar a gente de sus propias filas, que de seguro tienen los méritos suficientes para ocupar esos cargos.
En su discurso de 28 de julio, Pedro Castillo insistió en que se propondrá al Congreso la reforma total de la Constitución vía la instalación de una Asamblea Constituyente ¿es factible ello?
Esto no es posible, tiene que hacerse en el marco de la Constitución. No es posible que se haga vía referéndum si primero no se modifica la Constitución. Es decir, la nuestra es una Constitución que ha fijado sus reglas con el propósito de automo-dificarse. Es más, yo soy partidario de que se hagan modificaciones de una serie de aspectos, pero que se hagan dentro de los marcos constitucionales. El propio Congreso sin necesidad de disolverse puede establecer mecanismos, por ejemplo, de dos legislaturas, en fin; para hacer los cambios que sean necesarios, no es necesario tirar por la borda la Constitución ya aprobada y vigente hoy.
¿Y el cambio de la Constitución para que se pueda convocar a un Constituyente?
No, no. Lo que yo veo es que se pueden cambiar distintos artículos de la Constitución, hay sentencias del Tribunal Constitucional en ese sentido. Lo que no se puede hacer es hacer una Asamblea Constituyente.
¿Ni siquiera modificar las disposiciones finales de la Carta Magna para instalar la Constituyente?
Si se modifica la Constitución en esos términos se estaría vaciando de contenido con todos los riesgos que eso supone. Entonces, acá tenemos una regla, que a mi juicio tiene un carácter que ofrece estabilidad, que es una cláusula pétrea y en consecuencia, los cambios tienen que hacerse con las pautas establecidas por la misma Constitución.
Es decir, que si se presenta este proyecto de ley para que el Congreso decida si se instala una Constituyente y esta se aprueba ¿se puede recurrir al TC?
Por supuesto, podría haber un número de ciudadanos, de congresistas, o de colegios de abogados que podrían alcanzarla al Tribunal Constitucional y allí se verá de manera independiente qué decisión se toma.
Le insistía en este tema porque existe la idea que sí se puede instalar la Asamblea Constituyente vía un proyecto de ley que se aprobado por el Congreso
Yo le pregunto ¿Podemos nosotros plantear en la Asamblea Constituyente que desaparezca el Tribunal Constitucional? Yo no creo que se pueda a través de una Asamblea Constituyente desaparecer el Tribunal Constitucional, es una norma pétrea, ¿Que dejemos de ser un gobierno democrático? Tampoco ¿Que desaparezca la Corte Suprema de Justicia? Tampoco. Lo que se puede hacer, por ejemplo, es cambiar cómo elegir al Tribunal Constitucional, hay ciertas normas que son irrevisables. Nosotros no podemos hacer que el país se convierta en una monarquía o que se convierta en una república dictatorial marxista leninista, tampoco podemos hacer eso.
Entonces, ¿afirmar que se puede hacer un cambio total de la Constitución es una falacia?
Es una falacia, es un exceso ¿no? se está considerando que un legislador, un miembro constituyente es capaz ‘manu rassa’ hacer los cambios que le dan la gana. Hay instituciones que están arraigadas y que llamaríamos constitucionalismo histórico y esas normas no se puede cambiar.
ACLARACIONESCarlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional, falleció este martes 21 de setiembre. Hace un mes, exactamente el 20 de agosto, El Comercio conversó con el abogado sobre diversos temas. Aquí la entrevista: