Diariamente, el celular representa un equipo valioso para miles de millones de personas, siendo importante para comunicarnos mediante mensajes y llamadas también, que sin embargo muchas veces pueden llegar a incomodarnos. Al respecto, y desde el Congreso de la República peruano, hoy la noticia gira entorno a los spam como comunicación no solicitada que empieza a prohibirse tras aprobación de dictamen por insistencia tomando en consideración los siguientes motivos.
Nuevos proyectos y propuestas legislativas, hoy se dan a conocer desde el Parlamento Nacional, y puntualmente gracias al congresista José Luna Gálvez, quien en este caso particular, plantea que cada usuario de operadora, por ejemplo, “autorice contacto comercial”, y no se realice sin consentimiento alguno.
“No podemos permitir que siga el acoso y la coacción al que nos someten estas empresas por ofrecer un servicio o producto sin importar que alteran la tranquilidad y la salud de millones de peruanos”, puntualizó de manera tajante durante jornada donde finalmente por insistencia las llamadas spam han quedado prohibidas a nivel nacional.
Por más de 100 votos es que finalmente, y ante el rechazo reiterado de parte del Ejecutivo, el Congreso de la República dictamina normativa a partir de la cual se restringe emplear los “centros de llamada (’call centers’), sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o mensajes electrónicos masivos” con la finalidad de promover productos y servicios, así como realizar telemercado dirigido a consumidor final.
En relación a dicha normativa que puntualmente prohíbe las llamadas spam, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha compartido una nota donde precisa los detalles entorno a rol que cumple ante este tipo de comunicación no solicitada.
Inicialmente, expresa que cumplirá con mandato previsto tras aprobación de dictamen, y luego informa que desde el 2022 hasta febrero de 2025, han llegado a registrar 7 mil 997 reclamos por llamadas sin consentimiento, habiéndose analizado además un aproximado de 7 millones de audios “como parte de una serie de investigaciones a empresas de los sectores bancario, seguro y telecomunicaciones”.
Tras precisar también que continuará fiscalizando a entidades que incurran en esta infracción mediante el apoyo de herramientas de inteligencia artificial (IA) y análisis de datos, Indecopi aprovecha la ocasión para dar a conocer el monto de la multa que todo procedimiento administrativo sancionador conlleva, ascendiendo éste hasta las 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalentes a S/2 millones 407 mil 500.
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