El Ejecutivo oficializó el Decreto Supremo N° 018-2026-MTC que establece el uso obligatorio del prefijo 500 en las redes telefónicas del Perú. La norma dispone que todas las llamadas y mensajes de texto publicitarios deberán mostrar esta serie de numeración exclusiva.
La medida reglamenta la Ley N° 32323 aprobada por el Congreso de la República para ampliar la protección de los usuarios frente al acoso comercial. El Gobierno fijó las reglas operativas destinadas a transparentar la identidad de los proveedores que ofrecen bienes o servicios.
Las empresas de telecomunicaciones disponen de un plazo de 180 días calendario para adecuar sus sistemas técnicos a la nueva reglamentación. Los operadores canalizarán las comunicaciones para que el número completo 500 XXX XXX aparezca claramente en la pantalla del receptor.
Las compañías telefónicas ejecutarán campañas de difusión pública junto al ministerio durante el trimestre posterior al periodo de adecuación. Cada número de la serie 500 identificará a un único proveedor para evitar confusiones sobre el origen de las promociones.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones asignará inicialmente a cada empresa operadora hasta cinco bloques de 1,000 números telefónicos. Las empresas solicitarán bloques adicionales únicamente cuando acrediten una tasa de uso igual o superior al 70% de las líneas previas.
La Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones asumirá la supervisión del cumplimiento de las exigencias técnicas en todo el país. La norma clasifica como infracción muy grave la omisión de la trazabilidad o la falta de visibilidad del código en pantalla.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó la primera versión preliminar de este código identificador en octubre del 2025. Aquel proyecto inicial propuesto por el sector planteó un periodo de adecuación de solo 90 días calendario para las empresas del mercado.
El borrador del MTC incluyó también el derecho de los usuarios a devolver las llamadas hacia los canales de atención de los proveedores. La iniciativa normativa de ese año buscó eliminar el anonimato en las comunicaciones comerciales realizadas desde centros de llamadas.
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