¿Cómo se organizan los vecinos de Lima para enfrentar la inseguridad ciudadana?

En el tiempo que le tome terminar de leer este párrafo, al menos dos celulares habrán sido robados en algún lugar del Perú. Según estadísticas de Osiptel, alrededor de 200 dispositivos móviles son hurtados cada hora en todo el país. Y en lo que respecta a delitos más graves, la situación no es mejor. En 2022, las comisarías recibieron 481 mil denuncias por hechos delictivos, un 27% más que en los últimos cinco años, reporta un informe de EC Data de El Comercio. Ademas, en lo que va de 2023, se han cometido 186 crímenes vinculados a casos de sicariato, una cifra que podría seguir creciendo y superar el récord anual de asesinatos. No solo es una cuestión de percepción: la inseguridad ciudadana viene en aumento y la población se siente más vulnerable que nunca.

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Ante esta situación, llegan algunas medidas que podemos llamar desesperadas, como que los propios ciudadanos se tengan que organizar de manera activa para tratar de frenar el avance de la delincuencia. En el distrito de Magdalena, por ejemplo, los vecinos han empezado desde hace un tiempo a realizar rondas mixtas en conjunto con la PNP con el fin de disuadir a los delincuentes. “Nuestras acciones son principalmente de prevención”, nos dice María Laura Mateluna, coordinadora distrital de las Juntas Vecinales en dicha comuna. “Somos los propios vecinos quienes conocemos en qué lugares ocurren los arrebatos de celulares o la venta de drogas, que aquí son los delitos de mayor incidencia. La idea es que esa información pueda llegar a la policía, salvaguardando la identidad de las personas denunciantes”, explica.

María Laura cuenta que, por su labor, ha recibido varias amenazas, pero no tiene planeado claudicar en su lucha. Hace seis años, decidió formar parte de esta organización al ver cómo aumentaban los casos de robos a sus vecinos, muchos de ellos encañonados con armas de fuego. Hoy en día, gracias a las acciones que han emprendido, afirma que se ha podido desmantelar grupos vinculados a la microcomercialización de drogas. “La mayoría de veces, los vecinos no quieren formar parte de estas iniciativas por temor o falta de confianza. En ese sentido, lo que hacemos es organizar reuniones para acercar a las autoridades a la ciudadanía. El objetivo es que les puedan contar de primera mano las distintas problemáticas que viven y buscar una solución integral”, concluye.

En Surco, sucede algo similar. Pilar Marchena, vecina del parque Pléyades, es expresidenta de la Junta Vecinal-Comunal del subsector 2.1 del mencionado distrito —que abarca la zona circundante a las avenidas Ayacucho y Paseo de la República— y ha podido gestionar la implementación de un sistema de monitoreo, videovigilancia e iluminación integrado para la seguridad ciudadana, gracias a un presupuesto otorgado por el municipio, que se ejecutará el próximo año. Algunas de las acciones que ha tomado junto a sus vecinos es la articulación de un grupo de WhatsApp para estar comunicados ante cualquier sospecha de actividades ilícitas en la zona donde viven. Incluso, han implementado un sistema de alerta con pitos con el objetivo de ahuyentar a los ladrones. “El objetivo es que más vecinos se integren a este tipo de acciones. Ya hemos visto todas las dificultades que tiene la policía. Si no nos cuidamos entre nosotros, nadie más lo va a hacer”, dice Marchena.

Violencia sin control

El último lunes 18 de setiembre, la presidenta Dina Boluarte declaró en estado de emergencia por 60 días a los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, como una medida para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia. A raíz de esta disposición, entre otras cosas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen un permiso especial para el control y vigilancia; además, se encuentran suspendidos los eventos sociales y espectáculos desde la medianoche hasta las 4 a.m.

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El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, dijo esta semana que se han reducido en 40% los robos a viviendas durante la vigencia del estado de emergencia. Sin embargo, algunos testimonios de vecinos que esta revista pudo recoger, dan cuenta de que la situación no ha mejorado sustancialmente. “Hace unos días, asesinaron a otro joven. ¿De qué sirve que salgan los policías y militares si van a seguir matando gente?”, cuestiona el ciudadano de iniciales M. P., vecino de la urbanización Las Flores. En San Martín de Porres, la situación es parecida. “En mi barrio, cerca del mercado en donde vivo, las mafias de préstamos ‘gota a gota’ siguen operando con impunidad. No vemos que se haya hecho algo al respecto”, comenta la ciudadana de iniciales J. B., vecina de la urbanización Vipol de Naranjal.

Para César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), un problema transversal que afecta a los distritos es la casi nula ejecución de sus presupuestos en materia de seguridad ciudadana. “La corrupción es un problema que hay que erradicar de los municipios. No se está haciendo buen uso de los recursos”, comenta el especialista en temas de seguridad. Sobre el estado de emergencia, sostiene que este puede reducir algunas modalidades delictivas, pero que no tendrá un impacto significativo. “Esta medida me parece más declarativa que operativa. Lo que hay que hacer es enfrentar al crimen organizado haciendo uso de inteligencia policial. Para ello, se tiene que reformar y modernizar la PNP”.

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, también va en esa línea. “La experiencia dice que los estados de emergencia no dan resultado si no hay inteligencia previa. Pueden tener un efecto simbólico al inicio, pero después no se ven efectos significativos”. Pedraza recuerda que en julio de 2011 la tasa de victimización era incluso mayor a la de ahora, pero en cinco años se logró disminuir en más de 15 puntos porcentuales gracias a acciones como la duplicación de sueldos a los policías y la ubicación de 40 mil nuevos efectivos en las calles. Es una fórmula que dio resultado y que podría usarse otra vez.

Hoy la victimización ha empezado a subir de nuevo, en opinión de Pedraza, por la inestabilidad política de los últimos años, que ha ocasionado demasiados cambios ministeriales y de liderazgo en la PNP, y, por ende, ha paralizado el sector Interior. A esto hay que sumarle la migración de bandas delictivas de otros países, las cuales han potenciado crímenes violentos como el sicariato, el préstamo por goteo, la trata de personas y la extorsión. “El país tiene hoy 130 mil policías, una cifra muy baja, y más de 2.000 vehículos policiales que están parados por fallas de motor o llantas. Es inconcebible. Se necesita que vuelva el patrullaje policial”.

Hasta que no haya una voluntad política real para enfrentar la delincuencia, que potencie los recursos policiales, cada vez más vecinos seguirán uniéndose para tomar acciones que ayuden a salvaguardar su integridad. Aunque esto podría parecer una buena noticia, en verdad, no lo es tanto. La organización vecinal es siempre positiva, pero en situaciones donde las vidas de los vecinos quedan en riesgo para protegerse, no hay mucho que celebrar, salvo recordar que todo esto es lamentable reflejo de la falta de acción estatal. //