Esta no ha sido una huelga en la que hayan resultado ganadores, ni laboral ni políticamente hablando. Las propias dirigencias huelguistas, la conducción clásica del magisterio, el Gobierno o los principales partidos políticos de oposición han sido descolocados. Y el balance se inclina en perjuicio de los millones de alumnos que han perdido clases, algunos de los cuales aún se hallan en riesgo de perder el año escolar.
A decir del politólogo Iván Lanegra, “es evidente el alto costo político que la huelga ha tenido para el Gobierno, lo que se evidencia en la caída de la aprobación presidencial y en los cuestionamientos al presidente del Consejo de Ministros. La alta dirección del Ministerio de Educación ha mostrado sus límites para conducir un conflicto de gran complejidad, donde no parece haber recibido mucho apoyo por parte de las autoridades responsables de la seguridad y la inteligencia. A Fuerza Popular no le ha ido mejor, pues han actuado con tal incoherencia –asumiendo actitudes que ellos en otras circunstancias habrían criticado a rabiar– que ha sido vista por la ciudadanía como abiertamente oportunista. Más allá de las eventuales ganancias de algunos sectores del gremio docente –lo que dependerá de cómo culmine el conflicto–, es muy clara la crisis de representación que sufre, siendo su resolución incierta”.
Los directamente involucrados, la facción dirigida por Pedro Castillo y allegados, han obtenido básicamente un adelanto del prometido aumento remunerativo, pero en el camino no lograron su objetivo mayor, el reconocimiento sindical como contraparte formal para futuras ocasiones.
Al final, inclusive, se vieron sorprendidos por el afán laboral de sus propias huestes, que en varias regiones empezaron a trabajar sin esperar la instrucción de la dirigencia. Castillo pudo haber terminado la huelga hace dos semanas y anotarse un gran triunfo político, pero se equivocó al extremar su posición.
No obstante, este ascenso sindical de Pedro Castillo y sus bases provincianas le ha causado, sin duda, daño institucional y político a Patria Roja, partido que hasta hoy controla a su antojo al Sutep nacional, pero que a partir de esta paralización, en los hechos, debe compartir su poder con estos liderazgos emergentes. Debe recordarse que buena parte del discurso magisterial de los grupos que han comandado esta huelga ha sido contra la dirigencia oficial del Sutep.
Al unísono, la izquierda en general ha quedado en off side. No ha sabido darle representación política a los maestros y se le ha visto desubicada respecto de una toma de posición o de propuestas concretas para salir del entrampamiento.
En términos gubernativos, queda magullada buena parte del Ejecutivo. Los principales actores comprometidos: la ministra de Educación, Marilú Martens; el ministro del Interior, Carlos Basombrío; el premier, Fernando Zavala; y, sin duda, el propio presidente de la República.
El Gobierno ha sido un mar de contradicciones en el proceso de negociación con los dirigentes de la huelga. Mensajes divergentes entre sí o anuncios inoportunos han sembrado el camino del régimen a la hora de afrontar el mayor conflicto entre manos desde que asumió el poder.
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