India no va a regular el desarrollo de la inteligencia artificial. El país, contrario al resto de naciones, aprovechará el potencial de la IA para ofrecer servicios a sus ciudadanos. Sin embargo, también hay otros motivos por los cuales no buscará crear leyes con respecto a esta tecnología.
“India se ha convertido en el primer país en tomar una postura en contra de regular la inteligencia artificial. Mientras que la Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones trabajan contrarreloj para implementar una legislación que proteja a sus usuarios, el país asiático considera que esta tecnología es un área estratégica. El Gobierno apuesta por el desarrollo de una IA responsable y no planea regular su crecimiento en el país”, reporta Hipertextual.
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Las autoridades buscan que la inteligencia artificial sea utilizada para los servicios al ciudadano. “El gobierno está aprovechando el potencial de la IA para brindar servicios personalizados e interactivos centrados en el ciudadano a través de plataformas públicas digitales”, señala el Ministerio de Electrónica y Tecnologías de la Información de India.
Esta decisión va en contra de la tendencia en otros países, donde la regulación de la IA es muy importante debido al rápido avance en la actualidad. Incluso, los creadores de varias plataformas potenciadas por inteligencia artificial han dado a conocer sus preocupaciones. Entonces, ¿por qué realmente India no regulará la IA?
El país subasiático va a implementar un Consejo de Ética, con el cual se supervisará los problemas de discriminación que tenga algún modelo, entre otros problemas. Es decir, no regulará la IA, pero sí tratará de asegurar que esta no presente algún sesgo a la hora de ser utilizada en su territorio. Sin embargo, el problema va con la privacidad de los datos de las personas.
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En su plan, India señala que debe haber un “manejo adecuado de los datos, estableciendo marcos regulatorios y la adopción de estándares internacionales”. Es decir, lo que recopile los modelos de IA debe apegarse a la ley que hay en el país. Pero, existe una propuesta de ley que permitiría a las empresas e investigadores el acceso a grupos de datos anónimos que tiene el gobierno.
Estos podrían acceder a más de 600.000 recursos de varios departamentos centrales y estatales. Con ello, los datos de los usuarios estarían a la mano de cualquier compañía o instituto, sin la necesidad de un permiso explícito para utilizarlos.
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