Más de 7.000 líneas móviles a nombre de una sola persona natural, la cual no reconoció haberlas contratado, fueron reportadas por una empresa operadora del servicio móvil en su registro de abonados al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
Este es solo uno de los casos encontrados durante una nueva revisión que el OSIPTEL hizo al registro de abonados de las empresas operadoras a fin de identificar la cantidad de líneas móviles que figura a nombre de cada abonado o titular del servicio y de esta manera informarle para que verifique si fueron o no contratadas con su consentimiento.
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“Hemos detectado más de 80 casos de personas que tienen de 100 hasta más de 7.000 líneas móviles en los registros de las empresas operadoras. En algunos de los casos, los nombres no coinciden con los documentos de identidad consignados”, señaló el presidente ejecutivo del OSIPTEL, Rafael Muente Schwarz.
En base a estos hallazgos, se viene informando a los usuarios a través de mensajes de textos o SMS la cantidad de líneas móviles que figuran a su nombre y puedan adoptar las medidas pertinentes y oportunas en caso desconozcan su contratación.
Muente añadió que también pueden verificar esta información en Checa tus líneas (https://checatuslineas.osiptel.gob.pe/). “Si la línea móvil que desconocen es prepago, deben presentar un cuestionamiento de titularidad ante la empresa operadora. De ser una línea pospago, corresponde presentar un reclamo por contratación no solicitada”, recomendó.
“Con las respuestas que den los usuarios verificaremos si se tratan de suplantaciones de identidad para la contratación de líneas móviles, trámites no actualizados o malos reportes de las empresas operadoras al OSIPTEL”, precisó. Indicó que, en base a ello, y a la información que den las empresas sobre estos casos, evaluarán la imposición de medidas correctivas correspondientes.
Solo en el 2022, Movistar, Claro, Entel y Bitel registraron cerca de 80.000 reclamos por contrataciones no solicitadas en el servicio público móvil pospago y más de 10.000 cuestionamientos de titularidad prepago, líneas que, en su mayoría, probablemente, fueron contratadas de manera ambulatoria.
Limpieza del registro de abonados
En el año 2022, tras un cotejo masivo del registro de abonados de las empresas operadoras con la información del Reniec y de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el OSIPTEL detectó más de cinco millones de registros con errores materiales y más de 400.000 con datos inconsistentes. “De este último grupo, por disposición del OSIPTEL, más del 90 % de líneas fueron dadas de bajas, por no lograr la subsanación de los datos”, detalló el presidente ejecutivo del OSIPTEL.
En mayo de este año, el OSIPTEL identificó más de 20.000 líneas móviles de abonados con nombres inconsistentes en los registros de Movistar, Claro, Entel y Bitel, según lo que reportaron al ente regulador. Tras las observaciones del regulador, a la fecha, se ha ejecutado la baja del servicio del 50 % de estas líneas, pues las empresas no acreditaron el mecanismo de contratación de las mismas, y se viene revisando la información de las líneas regularizadas.
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Muente indicó que uno de los riesgos de la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil es el incumplimiento de los protocolos normados para la contratación del servicio.
El pasado 6 de julio de 2023, el Congreso de la República remitió al Poder Ejecutivo la autógrafa de la ley que prohíbe la comercialización de los servicios públicos móviles de telecomunicaciones de forma ambulatoria o en la vía pública, para su promulgación. Cabe señalar que los proyectos relacionados contaron con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que carecen de competencia para emitir opinión y señaló que es el OSIPTEL la entidad que cuenta con las facultades de supervisión respecto a la contratación y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones de telefonía móvil.
La venta ambulatoria de chips, como se ha demostrado, es un peligro para la seguridad ciudadana, pues es la puerta para que se comenta delitos como la suplantación de identidad, fraude informático, estafa e incluso extorsión.