Refinería de Talara: pros y contras de la norma que le permite operar sin todos sus permisos

Ese mismo día Petro-Perú salió a aclarar que el desastre climatológico no había ocasionado ninguna afectación a sus instalaciones, gracias a la activación inmediata del Plan de Lluvias y al “adecuado funcionamiento de los sistemas de drenaje”.

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La nueva refinería parece estar produciendo combustibles sin contratiempos. ¿Pero, qué ocurriría si tuviera que enfrentar otras potenciales amenazas, como el fuego repentino, ahora que se sabe que no cuenta con todos sus permisos de seguridad en regla, por ejemplo, el estudio de riesgos?

EXPLOSIONES E INCENDIOS

“Lo que está faltando, justamente, es eso (el estudio de riesgos)”, reconoció Oscar Vera, ministro de energía y minas, en conversación con este Diario un día antes de la inundación de la refinería.

Se trata de un asunto no menor. Erick García, ex director de hidrocarburos del Minem, explica que el estudio de riesgos es el insumo fundamental para la elaboración del plan de contingencias, el cual indica “cómo actuar en caso de una emergencia”.

“Si la refinería de Talara no cuenta con un estudio de riesgos vigente (al 2023) es obvio que tampoco cuenta con un plan de contingencias, porque uno es consecuencia del otro”, apunta García.

Arturo Vásquez, especialista en energía, advierte que la carencia de estos dos instrumentos expone a la refinería a un alto riesgo de ocurrencia de incendios, explosiones, fuga de químicos y contaminación del agua y del aire.

“No quiere ser pesimista, pero en el sector hidrocarburos se ha visto que cuando se relaja la regulación hay más riesgo de que suceda un accidente”, remarca el investigador de Gerens.

Caso emblemático, señala, es el de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, en el Golfo de México, la cual explotó porque “el gobierno de George Bush Jr. flexibilizó la normativa para la perforación de pozos en aguas profundas”.

Pero hay más consecuencias negativas. Los especialistas consultados para este informe coinciden en señalar que la demora en la actualización del estudio de riesgos y el plan de contingencia de la nueva refinería afecta la obtención de las pólizas de seguros correspondientes.

Esto, debido que “la valorización de los costos de los seguros se basa en la evaluación de riesgos de la planta, por lo que es obvio que si no cuentan con esta tampoco cuentan con los seguros”, apunta un especialista en hidrocarburos que no quiso ser identificado.

En su opinión, el arranque apresurado de la nueva refinería coloca a esta en el mismo predicamento de un automóvil que inicia un largo recorrido por carretera “sin contar con SOAT, seguros, repuestos ni pruebas técnicas vigentes”.

Es decir, una situación que el Osinergmin no dejaría pasar por alto a ninguna otra instalación de hidrocarburos, incluyendo a los grifos, debido a su alto riesgo de inflamabilidad. ¿Por qué la nueva refinería de Talara sí tiene un trato especial?

LA REFINERÍA Y OSINERGMIN

El Minem publicó el pasado 14 de febrero el DS 003-2023, que faculta a la nueva refinería de Talara a operar sin todos los permisos y licencias que la ley exige por un lapso de 18 meses.

Entre ellos se encuentra la evaluación de riesgos ambientales, que es “el documento más voluminoso que existe porque requiere un análisis técnico exhaustivo”, precisa el ministro Oscar Vera. Se trata de un trabajo que, en circunstancias normales, demandaría un año.

Esto es, una demora que Petro-Perú no está dispuesto a soportar, comprometido como está en comercializar sin demora el diésel y las gasolinas con bajo contenido de azufre que la nueva refinería de Talara ya ha comenzado a producir.

“Por esta razón es que se ha dado ese decreto, para dar tiempo a la autoridad [Osinergmin] de revisarlo y que durante ese lapso no nos paren la opción de vender [combustibles]. ¿Porque, sino, qué hacemos con los productos que ya están terminados? ¿Tenemos que esperar a que la autoridad nos diga: vende?”, se pregunta Vera.

Más aún, el funcionario remarca que esta labor de supervisión se complica porque Osinergmin “no cuenta con un equipo técnico especializado” para procesar debidamente toda la información que genera un megaproyecto de la magnitud de la nueva refinería de Talara, “que es único en el Perú”.

“Hablamos de cientos de miles de folios técnicos para autorizar la venta de combustibles. Y, por lo que sabemos, Osinergmin no tiene los cuadros para hacer una evaluación de esa magnitud como si lo tenemos nosotros, con empresas internacionales que nos apoyan con técnicos de primer nivel y una gran cantidad de información”, refiere.

Abel Camasca, gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú (ASEEG), es de la misma opinión.

A su entender, el Minem ha hecho muy bien en “tomar el toro por las astas” porque si hubiera dejado la suerte de la refinería en manos de Osinergmin, “el proyecto hubiera empezado a funcionar en el año 3.000 o nunca”.

“Se trata de asegurar el abastecimiento energético y, además, a Petro-Perú le basta con presentar un certificado internacional expedido por las empresas con las que trabaja para seguir adelante sin necesidad de que Osinegmin los fiscalice”, añade.

No obstante, Vásquez considera que este modo de promover proyectos públicos genera un problema de asimetría en el sector hidrocarburos que acarrearía nefastas consecuencias en el porvenir.

RELAJACIÓN REGULATORIA

El DS 003-2023 está dirigido, ciertamente, a beneficiar a un solo proyecto y a una sola entidad: la nueva refinería de Talara de Petro-Perú.

Se trata, remarca Vásquez, del único antecedente de una operación hidrocarburífera a la que se le ha permitido iniciar operaciones sin contar con todos los permisos.

“Los agentes del sector hidrocarburos cumplen con una serie de requisitos regulatorios técnicos, y esta es la primera vez que se establece una excepción, claramente, en favor del Estado, que está creando su propia normativa para promover el desarrollo de un proyecto”, anota.

Agrega que nuestro sistema constitucional no establece discriminación alguna entre la inversión pública y privada, por lo que la norma emitida por el Minem puede ser “tildada de anticonstitucional”.

No obstante, Vera considera que el DS 003-2023 es ser útil para acelerar el desarrollo de otros proyectos en energía que despuntan en el horizonte como el gasoducto sur peruano y la petroquímica de la urea.

Vásquez discrepa también con esta posición pues arguye que la seguridad es un tema que no se puede negociar.

“Una empresa de hidrocarburos nos va a dejar de cumplir las normas por la sencilla razón de tiene que mostrar a sus accionistas y a las agencias multilaterales, que le otorgan crédito, que están cumpliendo con todos los estándares”, apunta.

Lo contrario, advierte, conduciría a aumentar el nivel de inseguridad de las operaciones y promover desastres como la conflagración de GLP en Villa El Salvador, que “ocurrió por culpa de un camión que no tenía el estándar de regulación adecuado”.

Consultado por este Diario, Osinergmin precisó que se encuentra “atendiendo y evaluando las solicitudes remitidas por Petroperú para las aprobaciones que se requiere”, como los informes técnicos favorables para las unidades de proceso, unidades auxiliares, el estudio de riesgos de seguridad y el plan de respuesta a emergencia, así como “la realización de pruebas del sistema contra incendios”.

“Osinergmin ha desplegado personal de gran capacidad técnica y operativa, que viene revisando la documentación alcanzada por Petroperú en el marco del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, cumpliendo con el rol que corresponde y de acuerdo a la normativa aplicable, dentro de los plazos correspondientes”, aclaró.