Un organismo público de pensiones: ¿Qué funciones tendría y cuáles son los riesgos de la propuesta?

En su camino por proponer un nuevo sistema de pensiones, la comisión de reforma previsional del Congreso ha definido que su gestión y administración esté a cargo de una institución de naturaleza pública.

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Es así que –según la propuesta– se crearía un organismo público de pensiones (OPP), que se encargará de la afiliación, la recaudación de los aportes y de establecer la política de inversiones que deberá cumplirse para generar la rentabilidad sobre los fondos.

Ello despertó un debate sobre el camino que está tomando el planteamiento del Congreso sobre la reforma. Para el presidente de la Asociación de Empresas de Seguros, Eduardo Morón, uno de los principales riesgos radica en la eficiencia.

“En este país el Estado no es precisamente el paradigma de la eficiencia y lo hemos padecido en esta pandemia. Y hablamos de una entidad que va a definir cómo y dónde se invierte un 20% o un 25% del PBI. Son cifras bastante grandes y el riesgo es alto”, opinó.

La congresista de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte, quien preside la referida comisión del Congreso, explicó por qué se decidió por una entidad con dichas características. “Si la aspiración del nuevo modelo es garantizar una pensión mínima, evidentemente es el Estado quien debe ser el protagonista”, dijo.

La decisión –según explicó Omonte– fue un consenso de la comisión entre dos propuestas: crear la OPP o la creación de una AFP pública.

“Hay buenos ejemplos y buenos casos de administraciones estatales que reflejan la eficiencia. Está la Sunat, la SBS e incluso el Fondo Consolidado de Reserva, lo que debemos establecer son los candados para poder garantizar su autonomía”, dijo en diálogo con El Comercio.

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Riesgo político

Para el economista Carlos Ganoza, otro riesgo es la injerencia que pueda tener el Gobierno de turno.

“La entidad definirá los lineamientos de inversión y podría decirle a los gestores que inviertan el 70% en bonos del Tesoro para que el Estado financie su déficit. Eso ha ocurrido antes en Argentina y El Salvador. El uso político de los fondos de pensiones es una tentación bastante grande”, aseveró.

Al respecto, el congresista Francisco Sagasti (Partido Morado), quien integra la comisión de reforma, explicó que la propuesta de su bancada es establecer la autonomía de esa entidad desde un inicio. “Queremos que sea autónoma con rango constitucional y que no esté sujeta a la cantidad de trabas del sector público. Tenemos que ser audaces con eso”, dijo. Sobre el particular, Omonte comentó que los lineamientos aprobados fijarán que la entidad esté adscrita a la PCM, porque “es el mecanismo más práctico”.

“En el futuro se puede establecer su autonomía al rango del BCR, porque esto requiere una modificación constitucional”, explicó.

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Las frases

“Si la aspiración del nuevo modelo es garantizar la pensión mínima para todos, es evidente que el Estado debe ser el protagonista”

Carmen Omonte - congresista y presidenta de la comisión de reforma previsional

“Siendo la eficiencia el problema del sistema actual, no termino de entender que se tenga esta fe desproporcionada en que el Estado lo hará”.

Eduardo Morón - Presidente de Apeseg

“No creo en la eficiencia automática del privado ni la ineficiencia del público. Con autonomía y personas capaces, se logrará una buena entidad”

Francisco Sagasti - congresista del Partido Morado

“Lo que le estamos pidiendo a este organismo público es muy sofisticado. Un lapsus técnico tendría un impacto grave en el afiliado”

Carlos Ganoza - economista

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