#ReconstrucciónPolíticaYa, por Marisol Pérez Tello

La política es servicio. Desde hace 30 años, en los que he tenido la oportunidad de formar parte de la vida política de la universidad, del trabajo formativo en mi partido, de campañas electorales, en el Congreso y ahora en el Ejecutivo, esa es la forma en que la concibo. Por eso, soy parte de quienes creen que la reforma electoral y de los partidos políticos es urgente para el país. 

No soy la única. En el Consejo de Ministros estamos convencidos de ello. Y también lo está la población, que en sus propios términos, lleva años esperando poder tener mejores autoridades. La emergencia climática en 14 regiones puso claramente de manifiesto este anhelo.

No soy la única en el Gabinete con experiencia política y partidaria. Ministros como Alfonso Grados, Jorge Nieto y Carlos Basombrío han sido fundamentales para la reforma que, liderada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el premier Fernando Zavala, aprobamos el miércoles pasado en el Consejo de Ministros. Hemos tomado en cuenta propuestas de organizaciones como Transparencia y el Jurado Nacional de Elecciones, así como el aporte de expertos internacionales. 

Considerando la urgente necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes y en la democracia, decidimos ir un poco más allá de las propuestas que evaluamos. Porque necesitamos mejores candidatos, partidos más fuertes, elecciones internas justas, eliminar el voto preferencial, más transparencia en el financiamiento de los partidos, mayor participación de la mujer en la vida política del país y también mecanismos de renovación. Creemos también que necesitamos retornar a la bicameralidad, pero atendiendo el pedido de la población de que no sea con más congresistas. Por eso, nuestra propuesta apunta hacia tener 100 diputados y 30 senadores. Dos cámaras sin más recursos que los que ya se asignan actualmente. 

Nuestra propuesta se distingue fundamentalmente en cinco aspectos: (i) la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá acceder al secreto bancario de cualquier ciudadano que decida ser candidato (la vigilancia se mantiene hasta dos años después de haber dejado el cargo si es que fue elegido); (ii) en la misma línea, hemos aprobado incluir a los partidos políticos en la lista de organizaciones obligadas a brindar información sospechosa a la UIF; (iii) los medios de comunicación enviarán los contratos de publicidad que firmen con partidos políticos y candidatos para que los órganos electorales puedan supervisar el 70% de los gastos de una campaña; (iv) exigencias de participación tanto para los partidos nacionales como para los movimientos regionales y para las alianzas electorales; (v) habrá sanciones efectivas para las organizaciones que incumplan las normas, como el retiro de una contienda electoral o del Registro de Organizaciones Políticas. Sin sanciones reales, los cambios podrían terminar siendo solo una declaración de buenas intenciones.

Una mención particular merece el financiamiento privado, pues hoy juega un rol importante en el presupuesto de las campañas. Por ello, hemos apostado porque esos aportes sean transparentes tanto para el registro de los ingresos como de los gastos. Y que el conjunto de la información permita a los órganos electorales hacer una oportuna vigilancia sobre los recursos que manejan las organizaciones políticas.

Otro punto a señalar es que la propuesta prohíbe los aportes de gobiernos extranjeros y de empresas que no estén domiciliadas en el país al menos tres años. De otro lado, compartimos con la propuesta de la subcomisión del Congreso que todo aporte mayor a 1 UIT debe ser bancarizado, así como que se prohíban los aportes anónimos.

Aportamos que los ingresos por actividades proselitistas no deben representar más del 10% del presupuesto anual de los partidos. No queremos más actividades recaudadoras de fondos, sino saber quién financia a cada organización política. 

El próximo año elegiremos a cerca de 13.000 autoridades en todo el país. El objetivo de nuestra propuesta es sumar y contribuir con medidas concretas al debate. Porque uno de los objetivos de la reforma que se apruebe en el Congreso debe ser que, en las elecciones del 2018, desincentivemos la participación de oportunistas y de candidatos con una agenda de intereses personales, mas no por su comunidad. Debe ayudarnos a elegir mejores autoridades. Por eso, necesitamos #ReconstrucciónPolíticaYa.