Los efectos de la reforma política, por Percy Medina

Ninguna reforma legal es una varita mágica para cambiar realidades políticas complejas de manera inmediata. Sin embargo, una reforma política como la que se discute puede tener impacto importante en el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno. Las reformas que ha priorizado el Ejecutivo se enfocan en los dos primeros.

¿Cuáles serían los principales efectos que podrían generarse si se aprueban los seis proyectos priorizados por el Gabinete Del Solar? Si se modifican las reglas sobre inscripción y cancelación de partidos podrían generarse dos consecuencias importantes: se abriría la posibilidad de inscripción a nuevas fuerzas políticas –que no podrían hacerlo con la enorme valla actual de más de 750.000 firmas– y se eliminaría del registro a todos los partidos inscritos formalmente pero que ya no son organizaciones con vida real y respaldo electoral. Además, se cambiaría un requisito que no da cuenta de un apoyo ciudadano efectivo, como las firmas, por uno más concreto, como el de los militantes. Es decir, se favorecería la renovación del sistema de partidos a partir de criterios más sólidos.

Si se modifican las reglas sobre democracia interna, concretamente en cuanto a la selección de candidatos, podrían producirse tres efectos importantes: se tendría certeza sobre el resultado de esas elecciones organizadas por la ONPE, se obligaría a los partidos a involucrar más a la ciudadanía para promover que participen en la competencia entre sus precandidatos y se limitaría la posibilidad de que las dirigencias asignen o vendan los lugares en las listas.

Si se modifica el sistema electoral, eliminando el voto preferencial y estableciendo listas alternadas y paritarias, podrían obtenerse los siguientes resultados: la atención de la elección parlamentaria podría concentrarse un poco más en las propuestas de la organización y no tanto en las candidaturas individuales, que ya no competirían por ganarle el lugar a sus acompañantes de lista, y se incrementaría el número de mujeres en el Congreso, los consejos regionales y los concejos municipales, como ha ocurrido en Costa Rica, México y Bolivia, donde se aplicaron medidas similares.

Modificando aspectos relacionados con el financiamiento político podrían mejorarse significativamente dos aspectos: tener una mayor transparencia gracias a informes parciales durante la campaña y establecer sanciones efectivas para el incumplimiento de las normas en esta materia. Cabe recordar que la reforma constitucional aprobada por referéndum a fines del año pasado ya estableció la existencia de sanciones penales y ahora el Parlamento tiene que desarrollar ese mandato en el nivel legal, concretamente en el Código Penal.

La modificación que impide la participación electoral de personas condenadas en primera instancia por delitos dolosos con pena privativa de la libertad mayor de cuatro años impediría que sean elegidas autoridades con graves problemas pendientes con la justicia. Aunque es discutible que se prohíba la candidatura de quien aún no tiene una sentencia firme, esta parece ser una limitación razonable.

Finalmente, las modificaciones en relación con la inmunidad parlamentaria harían que el mandato congresal no se vea como un refugio para evadir la justicia. No está en discusión la eliminación de la inmunidad, sino qué entidad sería la encargada de levantarla. Y parece haber consenso en la necesidad de garantizar con esta regulación que las y los congresistas no puedan ser perseguidos por las opiniones y votos que emitan.

Evidentemente, los cambios legales no bastan para tener un sistema de partidos o un sistema electoral ideales. Hace falta una serie de elementos y acciones concomitantes, particularmente actores con vocación de cambio y mucha voluntad política. Pero una reforma política integral puede generar incentivos para avanzar en ese sentido y desencadenar procesos políticos que profundicen los cambios.