Editorial El Comercio

El es –junto con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y la línea 2 del metro de Lima– una de las obras de infraestructura nacional más relevantes de la última década. En su fase final, tras US$3.500 millones invertidos, será una apuesta más grande que la suma de las inversiones de todos los puertos peruanos concesionados. Se espera que la capacidad portuaria nacional aumente en un tercio.

Las ventajas de una obra de esta envergadura son obvios. Más allá del incremento del volumen transado, el tiempo de traslado de contenedores entre el y se vería reducido de 35 a 23 días aproximadamente, lo que mejora la competitividad frente a nuestro principal socio comercial. El movimiento será tal que algunos países de la región –como Brasil– están viendo el megapuerto como una oportunidad para comerciar sus propias mercancías, mientras que a otros –como Chile– les preocupa que se reduzca la demanda por sus servicios logísticos. Además, la descongestión parcial del puerto del Callao –principal puerto nacional y saturado por donde se le vea– será un efecto indirecto bienvenido.

Hay, sin embargo, por los menos tres puntos de preocupación alrededor del nuevo ‘hub’ de Cosco Shipping, empresa china con alcance global, y sobre los que reportamos ayer en un informe especial de El Comercio. El primero es el desafío de la infraestructura. Sin vías de acceso adecuadas, lo que se gana en eficiencia dentro del puerto se pierde en la carretera contigua. De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se viene trabajando en tres proyectos viales (paso a desnivel en el kilómetro 79 de la Panamericana Norte, tercer carril entre los kilómetros 44 y 75 de la misma vía, y la vía de evitamiento Chancay-Chancayllo, de 15 km). Otras obras, como vías férreas y el anillo vial periférico –recién adjudicado– pueden tener un efecto multiplicador sobre el puerto. Todas deben estar listas a tiempo.

El segundo reto es el manejo del distrito de Chancay y la criminalidad. La población amenaza con quintuplicarse en los siguientes años, y el acceso a agua, servicios de salud y seguridad ya son un problema hoy. La expansión urbana ha sido desordenada y sujeta a invasiones. La inseguridad ha aumentado. De acuerdo con el alcalde del distrito, Juan Alberto Álvarez, solo cuentan con dos patrulleros y 60 policías. Los puertos, se sabe en todo el mundo, no vienen solo con movimiento económico significativo, sino también con la atención de las mafias más poderosas, interesadas en manejar lo que entra y sale de los contenedores. El Ministerio del Interior prometió un complejo policial a la altura de las circunstancias, pero aún no se tiene ni el expediente técnico. Si estos asuntos no se ponen en orden, no sería sorprendente que pronto la oposición de la propia población sea un frente nuevo por considerar.

Finalmente, es innegable que la multimillonaria inversión se enmarca en una política china de mayor control de las cadenas logísticas globales. Ello supone un manejo delicado de las relaciones diplomáticas vigentes, tanto con China como con el resto de nuestros socios comerciales.

El puerto de Chancay es, a fin de cuentas, una gran noticia para el país, pero para realmente aprovechar su potencial hay trabajo pendiente. No sería la primera vez que se completa una gran inversión solo para ver luego sus operaciones saturadas de inconvenientes por falta de previsión.

Editorial de El Comercio