Gobernar con la ley, por Federico Salazar

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, destituyó a la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato. Lo hizo porque no siguió las instrucciones sobre cómo defender al Estado frente a la empresa Odebrecht.

La ex procuradora puso un recurso cautelar sobre el proyecto Olmos, lo que paralizó su venta. Sin la venta, Odebrecht no puede pagar la reparación civil.

El gobierno trata de evitar la paralización de la ejecución de obras y la ruptura de la cadena de pagos. La medida interpuesta por la ex procuradora colisionaba con este mandato.

La señora Ampuero ha dicho que Odebrecht quería pagar una reparación de 60 millones de dólares y que ella había pedido 2.000 millones de soles (más o menos 600 millones de dólares).

Los problemas vinieron, dice, desde que decidió investigar una eventual relación del presidente Kuczynski con transferencias al exterior, asociadas a Odebrecht.

Quien debe investigar a Kuczynski es la fiscalía. Los procuradores no son fiscales. La ex procuradora informó de ello en marzo pasado. ¿Podría motivar su destitución un asunto que no está en sus manos, sino en las de la fiscalía?

Si el gobierno quisiera obstruir esa investigación, tendría que actuar sobre algún fiscal, no sobre una procuradora.

La reparación civil de 600 millones de dólares, ¿es el motivo de su destitución? Sería extraño. Sobre todo, porque la medida cautelar que ella interpuso sobre Olmos evitaba que Odebrecht obtuviera recursos para el pago de cualquier reparación civil, al margen de los montos.

La ex procuradora también dijo que Odebrecht quería destinar los fondos de la venta a sus acreedores. Es imposible que eso ocurriera, toda vez que la ley establece que esos fondos tienen que ir a un fideicomiso.

La señora Ampuero, por supuesto, ha tenido sus defensores. Destacan entre ellos, Alan García y Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular llegó a pedir su reposición.

La señora Fujimori no parece haber estudiado el tema sobre el que opina. Planteó reponer a quien no había cumplido con sus tareas funcionales.

La decisión de la ministra de Justicia ha sido firme, legítima y ajustada a ley.

El Ministerio de Justicia establece la política del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. O sea, el Ministerio de Justicia dice qué deben hacer los procuradores (art. 3, inciso a, D.Leg. 1068). También evalúa el cumplimiento de esas políticas (inciso c).

La ministra Pérez Tello había dado la instrucción de aplicar el Decreto de Urgencia 003. La señora Ampuero hizo algo contrario a esa instrucción.

Frente al incumplimiento de la ex procuradora, la ministra se comunicó con la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE). Le dijo: “La sacas tú o la saco yo”. La entonces presidenta del CDJE Julia Príncipe decidió no destituir a Ampuero. Optó, claramente, por ser destituida.

Se ha querido hacer creer que este es un caso de abuso del gobierno contra funcionarias que luchan contra la corrupción. No es nada de eso.

Ha hecho muy bien la ministra Pérez Tello en mantenerse firme en su decisión. Cuando no hay nada que esconder, cuando se sabe lo que es correcto, no se debe retroceder.

Varios comentaristas criticaron al gobierno por no calcular el costo político de estas destituciones. El gobierno, sin embargo, no debe dejar de gobernar por las encuestas o por los comentaristas.

Si el gobierno ha fallado en algo es en no tener más decisiones de este tipo. El Caso Chinchero, por ejemplo, debió resolverse con esta determinación. Si el gobierno retrocede, la población entiende que hay vergüenza y, con ello, injusticia o incorrección.

Los casos de corrupción en el Estado, desde los narcoindultos en el gobierno de García, hasta las agendas de Nadine Heredia, han creado gran desconfianza. Siempre tendremos una reacción en favor de la sospecha y la acusación.

Si se quiere gobernar, se tiene que ir más allá de la reacción. Se debe mantener el mando. La confianza solo se puede recuperar si se ve la convicción.