Esto ya no es chévere. Crónica de Fernando Vivas con algunos secretos sobre la migración venezolana

Puedo darles esta respuesta provisional: El 14 de marzo, Gabriel Boric, el presidente chileno, anunció en conferencia de prensa que endurecería su política migratoria, para lo que detendría y deportaría a indocumentados. Aunque su discurso no vino acompañado de medidas concretas, fue suficiente para provocar lo que Óscar llama ‘una estampida’. He ahí que empezó a crecer el flujo en Santa Rosa, sobretodo de venezolanos y haitianos que declaran querer volver a sus países, aunque no lo pueden demostrar, por lo que no se les deja circular. Se presume que podrían tentar suerte en el Perú u otro destino en el camino. Nancy me cuenta el patético caso de algunos venezolanos que, al necesitar documentos que solo pueden obtener en su país, quieren retornar para volver a migrar.

Luego de conversar con Nancy y Óscar también pude hacerlo con el actual superintendente de Migraciones, Armando García Chunga, quien añadió una razón digna de tener en cuenta. Tras el anuncio de dureza de Boric, en Chile se incrementó la vigilancia militar de sus fronteras. Ha habido episodios tensos el año pasado en la frontera chileno boliviana que hacían presagiar lo que pasaría en la frontera con Perú. Aunque no tenemos cifras ni certezas al respecto, es muy probable que el mayor control fronterizo haya reducido el pase irregular de migrantes indocumentados por la línea porosa y ahora no les queda más remedio que intentar cruzar por donde la ley manda. García, por cierto, me contó que años atrás estuvo destacado en Tumbes y es testigo del coctel de porosidad y desamparo de nuestras fronteras. El gobierno, recientemente, ha querido reparar este descuido planteando nada menos que una reforma constitucional en dos legislaturas que permita explícitamente la presencia militar en zonas fronterizas. Pero ha encontrado un atajo legal, declarando las provincias fronterizas en estado de emergencia y justificando así el apoyo militar.

Nuestras fronteras son una gran coladera de la migración irregular y ese es un buen tema para tratar en las reuniones entre vicecancilleres de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador además de un representante de Colombia; que empezaron el jueves. Para el Perú no es el mejor momento para afrontar estos temas, pues nos agarran en tratos ásperos con el vecindario. El diálogo es fluido entre vices (el nuestro, Ignacio Higueras, me cuentan que tiene trato abierto con su homóloga chilena, la subsecretaria de relaciones exteriores, Gloria de la Fuente); pero no hay diálogo oficial entre la canciller Ana Cecilia Gervasi y su par Alberto Van Klaveren. En otras circunstancias, debiéramos esperar esta noticia: ‘la presidenta Boluarte conversó con el presidente Boric y se comprometieron a resolver la crisis’.

Tanto Gervasi como el ministro del Interior, Vicente Romero, explicaron el miércoles 3 en el pleno del Congreso, que la mayoría de venezolanos y haitianos no tienen ni visa, ni pasaporte en regla, ni forma de acreditar sus destinos. He aquí el otro lado de la crisis: Sucede que el Perú, de un tiempo a esta parte, también ha endurecido su actitud respecto a los migrantes y se los revisa con más severidad que antes. Sino fuera así, el flujo desde Chile seguiría sin tapujos. En realidad, nuestra política migratoria ha sido un desastre. Hemos pasado de la apertura irresponsable en el 2017 a una cerrazón artificial en el 2019; hemos pasado de recibir a los venezolanos con un generoso PTP (Permiso Temporal de Permanencia) y proclamar que eran chéveres vendiendo arepas uniformados de su tricolor; a exigirles visa, pero permitiendo la coladera de sus compatriotas más precarios y estigmatizados.

Cuando eran chéveres

La gestión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, derribó el PBI venezolano en un 80% e incrementó la pobreza por las nubes. Para remate, hubo carestía de productos básicos y amedrentamiento a quienes expresaban su malestar. La diáspora superó los 6 millones de venezolanos y a nosotros nos tocó, si se suma la estimación de los no registrados, alrededor de 1′800,000. PPK no se preocupó ante la diáspora, se entusiasmó y su gobierno no solo dispuso una acogida humanitaria a la migración, sino que prácticamente la alentó. Igual hubiéramos tenido un flujo considerable pero es posible que, sin las medidas de PPK, este fuera menor y más ordenado.

Es insólito que un país tercermundista, con altas tasas de subempleo e informalidad, aliente la migración, pero en el Perú hubo razones políticas para hacerlo. El Perú quiso tener un liderazgo doble, en acogida humanitaria y en oposición contra el chavismo. Con la recepción a los migrantes, se exponía el fracaso del ‘socialismo del sXXI’. Por eso se ideó el PPT como un mecanismo único, de discriminación positiva a los venezolanos, que les permitía residir y trabajar con un simple registro; a la vez que se formó el Grupo de Lima, con los cancilleres de Perú, Argentina, Brasil, Chile, México, Guatemala, Honduras y Paraguay, para hacer lobby diplomático contra Maduro. Algunos integrantes dejaron de ser activos, y México y la Unión Europea fueron mucho más efectivos negociando con Maduro. El grupo ya estaba muerto cuando el gobierno de Castillo pronunció su defunción oficial.

El entusiasmo de PPK, según me contaron en el 2017, tenía un estímulo personal: quería ser reconocido internacionalmente como promotor de la vuelta de Venezuela a la democracia y a la salud financiera. Su homólogo colombiano Juan Manuel Santos había ganado el premio Nobel de la Paz por promover el acuerdo de paz con las FARC y algunos pensaron que él podría ser premiado, quién sabe, por salvar a los venezolanos de Maduro. Esta historia del Nobel tiene un asidero: la Unión Venezolana en el Perú anunció, en efecto, que promovió la candidatura de PPK al comité de Oslo. Su presidente, Óscar Pérez, me lo contó de esta forma: “Lo anunciamos pero no lo llegamos a concretar. Y fue unilateral, no lo consultamos [con PPK]”. Eso sí, Óscar admite que conversó muchas veces con el ex presidente y que este le habló de planes de integración regional a partir de la diáspora venezolana.

El antichavismo estaba acendrado en el Perú y en eso PPK tuvo uno de sus pocos acuerdos con el Congreso. La sociedad peruana acogió con simpatía la primera oleada de migrantes que huían del chavismo; hasta que el impacto de su masividad trocó rápidamente en xenofobia. Martín Vizcarra, que lo sucedió tras su renuncia (a punto de ser vacado) en marzo del 2018, impuso la obligación de visado desde el 15 de junio del 2019. Ello no contuvo del todo el flujo, sino que lo volvió irregular. De ahí que se acumularon, según me dice Nancy, alrededor de 537,000 solicitudes de refugio. El PTP de PPK, exclusivo para venezolanos, se convirtió en CPP para cualquier extranjero. Vizcarra, además, con su ministro del Interior, Carlos Morán, fue el primer presidente en levantar la bandera xenofóbica y promover la ‘expulsión’ de venezolanos que delinquían. Hubo hasta dos vuelos con presuntos ‘expulsados’, que en realidad regresaban voluntariamente a su país.

Jorge Fernández Campos, fue superintendente en la última etapa de Castillo, y evoca con ironía esos gestos: “Nunca vas a resolver la migración con esos vuelos. No alcanzarían ni los aviones ni la plata. Con Castillo también, antes de yo estuviera, se intentó hacer una expulsión [22 de diciembre del 2021]. Creo que levantaron horas antes a unos indocumentados, pero el vuelo ni llegó a salir porque en Venezuela vieron las noticias y no dieron permiso de aterrizaje. Lo que sí hay es el Plan Vuelta a la Patria, que organizan los venezolanos, y ha habido algunos vuelos. Según nos decían ellos tenían como 50 mil registrados que querían volver”.

En el discurso del gobierno se confunde efectistamente el tema de la tensión migratoria en la frontera con el presunto desmedido aporte venezolano a la inseguridad. Los casos emblemáticos (el feminicidio de Katherine Gómez quemada viva, el sereno asesinado en Surco y el limpia lunas que mató a un chofer) han reforzado esa estigmatización. En Chile también hubo gran revuelo por el asesinato de tres carabineros (policías) en manos de presuntos delincuentes venezolanos. ¿Es desproporcionada la cantidad de venezolanos que delinquen respecto a la población total de migrados? Se los responderé con cifras.

Los malos

Una primera aproximación a la inseguridad la obtenemos de la propia Venezuela y es para asustarse. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVN), en su informe del 2021, da la alarma de que en el 2020, su país topó el ránking latinoamericano de muertos por 100 mil habitantes con 40.9. En el Perú, en el 2019, fue de 7.4 y para el 2023 se proyecta, de acuerdo al INEI, que sea de 8.7. Anotemos que, en el caso venezolano, esas cifras incluyen aquellas de la violencia delincuencial política alentada por el régimen de Maduro para amedrentar a sus opositores. Según el OVN, la cifra de ese mismo año para Caracas es de espanto: 77.9 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

¿Podemos presumir que los migrantes venezolanos reproducen en el Perú sus mismos índices y promedios nacionales delictivos? Sería una presunción abusiva. El migrante no traslada la misma predisposición y capacidad para delinquir; aunque también es cierto que pueden migrar bandas delictivas enteras. Tampoco esperemos que el gobierno venezolano colabore en medir y difundir información confiable sobre la tasa de criminalidad de sus emigrados. En general, el discurso de Maduro sobre ellos es despectivo aunque en ello se contradice con el plan Vuelta a la Patria.

Tenemos información más precisa que compara el porcentaje de venezolanos inmigrantes que delinquen con el promedio nacional. Esa es una aproximación más científica para confirmar o desmontar el estigma del venezolano peligroso. El Ministerio de Justicia (Minjus), durante la gestión de Félix Chero, publicó el año pasado el estudio “Migración y crimen en el Perú”. Allí compara la población penitenciaria nacional con la de migrantes venezolanos y el resultado (ver cuadro) es este: hay 121 presos por cada 100 mil venezolanos migrantes. Esto es menos de la mitad de los 264 presos peruanos por cada 100 mil habitantes que arroja el mismo estudio. El texto refiere que en Chile hay 207 presos peruanos por cada 100 mil migrantes, aunque no lo compara con el promedio local chileno.

Nancy Arellano ha elaborado, con información de la PNP, un cuadro similar en base al número de denunciados ante dependencias policiales según su nacionalidad. Sus resultados, según género, son los siguientes: 0.04% de las migrantes venezolanas son denunciadas, frente al 0.1% de las peruanas. En los hombres, la diferencia es la siguiente: 0.12% de venezolanos frente a 0.3% de peruanos. En resumen, los migrantes, en promedio, son menos encarcelados y denunciados que los peruanos. Ahora bien, como señala el estudio del Minjus y destacó el ministro Vicente Romero en su exposición ante el Congreso (aunque evitó, sesgadamente, comparar con promedios nacionales), el delito que con mayor frecuencia cometen los venezolanos es, de lejos, el robo agravado. Ello quiere decir que muchos de los que delinquen están familiarizados con las armas de fuego. Ojo con ese dato.

Si de algo ha servido esta crisis es para apurar las medidas a favor de la regularización de las decenas de miles de migrantes no registrados. Fernández me contó que en su gestión vio que lo mejor para ello era dar una amnistía del pago de multas (S/. 49 por cada día de permanencia irregular, lo que puede sumar una fortuna para un subempleado). La congresista Norma Yarrow acogió la idea y presentó el proyecto de ley. Ya aprobado y promulgado, ahora vemos largas colas de migrantes regularizando su condición. Fernández está seguro de que estas medidas favorecerán a la seguridad ciudadana. El actual superintendente, García Chunga, piensa igual. “La identidad de las personas es muy importante para nosotros y a partir de ella podemos dar seguridad”, me dijo. En efecto, mientras más precaria sea la condición del migrante, se le empuja a la informalidad y a una marginalidad que lo puede acercar al delito.

El incidente en la frontera no involucra a mucha gente, y ya empezó a desinflamarse. Según informó el jueves el canciller chileno Van Klaveren, un vuelo de una línea venezolana partirá desde Arica llevando a migrantes que quieren volver a Venezuela y ello incluirá a un grupo de los que están en Tacna queriendo ingresar a Chile. El problema mayor, de muy largo plazo, es el de la integración de la masa migrante, la regular y buena parte de la irregular que ya habita entre nosotros. Que, en adelante, el flujo sea ordenado y limitado por visa, es responsabilidad del gobierno y de una política migratoria regional. Como me dice Pérez, emocionado, ya hemos registrado el nacimiento de varios niños, hijos de padre y madre venezolanos o de parejas mixtas, que en 10 o 15 años serán una nueva generación de compatriotas, con el mismo derecho que usted y que yo a ejercer su nacionalidad, y dejarán huella en nuestra sociedad. Les apenará que sus papás hayan sido estigmatizados por una derecha xenófoba y por una izquierda que no les perdona haber desertado de su última fantasía socialista americana.