Alberto Fujimori: Minjus pide al TC que le remita su expediente tras pronunciamiento de la Corte IDH

El Ministerio de Justicia, a través de un oficio, solicitó al Tribunal Constitucional (TC) le remita la copia de todo el expediente del recurso de hábeas corpus que terminó con la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, el 6 de diciembre del 2023.

El pedido fue presentado el 29 de diciembre del 2023, diez días después del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que concluyó que el Estado Peruano “incurrió e desancato” al haber dispuesto la liberación del exmandatario.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, por especial encargo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, solicito se disponga a quien corresponda la remisión de copias certificadas de la totalidad del expediente 2010-2020 PHC/TC, ICA, sobre el recurso de agravio constitucional interpuesto por Gregorio Fernando Parco Alarcón, en beneficio del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori”, se indica en el documento.

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El oficio está firmado por el secretario general del Minjus, Charles Napuri, quien realizó el requerimiento por encargo del ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Por orden de la Corte IDH, el Estado Peruano tiene como plazo hasta el 4 de marzo del 2024 para remitir a dicha instancia un informe sobre los medidas adoptadas para dar cumplimiento a sus decisiones previas en el caso. Esto es, que el Perú cumpla con investigar, sancionar y reparar a las víctimas y/o los deudos de los casos La Cantuta y Barrios Altos.

La Corte IDH había dispuesto en dos resoluciones (del 7 de abril del 2022 y 5 de diciembre del 2023) que el Estado Peruano se abstenga de ejecutar una resolución de marzo del 2022 mediante la que el TC ordenaba la libertad de Fujimori Fujimori.

Sin embargo, por mayoría, el pleno del TC determinó que la Corte IDH no tenía injerencia en la ejecución de sentencias y resoluciones de dicha instancia constitucional.

En atención a ello, Fujimori Fujimori dejó el Penal de Barbadillo (Ate Vitarte) donde venía cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado y secuestro.

Su excarcelación, por cumplimiento de la sentencia, estaba prevista recién para noviembre del 2032.