Betssy Chávez seguirá bajo prisión preventiva: ¿Qué argumentó el tribunal al rechazar recurso en proceso por golpe de Estado?

Y es que, la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la apelación que presentó la exministra del gobierno de Pedro Castillo, solicitando el cese de la prisión preventiva aplicada en su contra en junio del 2023. Este pedido ya había rechazado, en primera instancia.

Según la resolución obtenida por El Comercio, el tribunal declaró infundado su recurso al determinar que persiste la sospecha grave y fundada de que habría cometido los delitos imputados en su contra, así como el peligro de fuga.

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La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 25 de años de cárcel contra Betssy Chávez por este caso, que incluye al expresidente Pedro Castillo; los ex ministros del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, así como el exasesor de PCM, Aníbal Torres.

El control de la acusación por el golpe de Estado se inició el pasado 9 de mayo y está a cargo del juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley.

La fiscalía acusa a Chávez Chino, en su calidad de presidenta del Consejo de Ministros, por haber intervenido, conjuntamente con otras personas, entre ellos el entonces asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, en el planeamiento del autogolpe de Estado.

Para ello, habría realizado la convocatoria de los ministros con motivo del mensaje a la Nación, por lo que también se la implica en la configuración y difusión de dicho discurso por la televisión del Estado y en la ejecución del frustrado golpe de Estado.

Y, ante el fracaso del golpe de Estado, señala la fiscalía en su acusación, la exministra intentó fugarse y refugiarse en la Embajada de México en nuestro país.

En sus alegatos, Betssy Chávez y su defensa señalaron que la resolución de primera instancia que rechazó el cese de su prisión preventiva -emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley- había afectado la debida motivación de las resoluciones judiciales, el principio de legalidad, así como el derecho a las garantías procesales, al debido proceso, al juez imparcial, al principio a la presunción de inocencia y al derecho a la salud, puesto que no se ha tomó en cuenta su condición médica.

Además, cuestionó que se le acuse de buscar un modelo de decreto supremo en el que se formalizaría el mensaje a la Nación, anunciando el cierre del Congreso, pues señaló que no se había analizado adecuadamente la declaración de los testigos que indicarían que lo que había pedido era un modelo de renuncia al cargo.

Chávez también rechazó haber tratado de fugar luego de salir de Palacio de Gobierno, ya que se se dirigió a su domicilio, y que hizo entrega de su celular luego de dictarse su prisión preventiva, entre otras objeciones.

Así también alegó que ya habían transcurrido ocho meses desde que se dictó la medida en su contra y que los elementos por los que se impuso la prisión preventiva, habían variado.

Sin embargo, para la Sala Suprema, los alegatos de Chávez Chino y su defensa no tendrían la consistencia suficiente. Se señaló que lo alegado por la investigada, respecto a que luego del mensaje de Castillo solicitó un modelo de renuncia, se contradice con el testimonio de Milagros Talledo Silva, secretaria del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien señaló que la referida encausada le pidió un formato de decreto supremo.

“Dato confirmado por la declaración de la servidora Vega Tafur, secretario del mismo despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como con la declaración de la periodista Cintya Isabel Malpartida Guarniz”, indicó la Sala Suprema.

Además, se indica que persisten los elementos vinculados a que Chávez Chino, “intentó llegar a la Embajada de México en nuestro país tras el fracaso de la medida que anunció el presidente Castillo Terrones”, puesto que así consta en el reporte de geolocalización del vehículo oficial y se corrobora con las testimoniales de Nataly Yasmín Vega Tafur y del chofer Cristian Pedro Martínez Valencia, así como de la edecán Rosario Patricia Gatty Vásquez.

El tribunal supremo señaló, asimismo, que “más allá de que el informe pericial precisaría que el celular en cuestión fue reseteado”, no es posible analizarlo ya que no consta en autos al haber sido entregado con posterioridad a la prisión preventiva, y por tanto no es inutilizable en este incidente.

Sumado a ello, la sala suprema remarcó que el día anterior a la propalación del mensaje a la Nación, la acusada se encontraba reunida con el presidente de la República, lo que se debe analizar contextualmente a partir del material investigativo ya examinado que daría cuenta, hasta el momento, “de su probable incumbencia en la ruptura del orden constitucional”.

La Corte Suprema, además, indicó que desde marzo del 2023 -cuando la fiscalía formuló por primera vez su pedido de prisión preventiva y fue rechazado- hasta el 8 de marzo del 2024 -que se negó en primera instancia el cese de la prisión preventiva- han transcurrido 11 meses y 8 días.

Sin embargo, a esta instancia, ya culminó el procedimiento de investigación preparatoria y se presentó la acusación el 22 de diciembre de 2023, por lo que la causa no ha sufrido retrasos ni tiempos muerto por inacción del Ministerio Público.

“El material investigatorio acopiado, hasta el momento, confirma el presupuesto de sospecha grave y fundada, así como los requisitos de gravedad del ilícito objeto del proceso penal y de la presencia de peligro de fuga, en un caso que ocasionó profunda alarma social más allá de que fracasara, al igual que del peligro de obstaculización ante la desaparición de las pruebas del ilícito, respecto de lo que encontraba en el despacho de la presidenta del Consejo de Ministros y del móvil que utilizó en sus comunicaciones relaciones con el caso.”

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema

Finalmente, señalaron que los problemas de salud de Chávez Chino no son graves y pueden ser atendidos en el establecimiento penal. Añadieron que no se advierte que su permanencia en la cárcel afectará irremediablemente su salud al punto de poner en riesgo severo su vida.