Congreso: los riesgos y falencias en la reforma sobre procesos de colaboración eficaz

La polémica norma —que había sido observada por el Ejecutivo y devuelta al Parlamento en julio— propone, entre otros puntos, fijar un plazo de ocho meses para que el representante del Ministerio Público pueda llevar a cabo el proceso de colaboración eficaz “desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo”. Ese tiempo únicamente podrá ser ampliado, se señala, “por causas justificadas” por cuatro meses y, en caso de crimen organizado, otros ocho meses adicionales.

Y se establece que estas modificaciones alcanzarían no solamente para los futuros casos sino también para aquellos que están actualmente en trámite.

“En estos casos, el cómputo de los plazos se inicia desde el día siguiente de la entrada en vigor de la presente ley”, se remarca.

También se sostiene, por ejemplo, que el fiscal —ya sea provincial, superior o supremo— que tenga a su cargo la investigación “tiene el deber de proteger el secreto o reserva de la totalidad del proceso de colaboración eficaz y el contenido” de las declaraciones. Caso contrario, incurrirían en responsabilidad administrativa, civil y/o penal.

Si bien la propuesta alcanzó casi 90 votos en el pleno en la sesión del jueves por insistencia y se allanó el camino para que su publicación y entrada en vigencia, se presentó una reconsideración por parte de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú que no fue resuelta hasta clausura de la legislatura.

Por ello, el tema tendría que volver a ser votado y, por el momento, “queda pendiente”, como lo indicó a este Diario la congresista Ruth Luque (CD -JP). Salvo que se convoque a un pleno extraordinario, la siguiente legislatura comienza aún en marzo del próximo año.

“No se ha votado y entonces queda pendiente; en el siguiente pleno tendría que votarse. […] Ha quedado en stand-by y, como se ha presentado la reconsideración, no puede remitirse [para su publicación]”, dijo a Luque.

A su juicio, la propuesta “debilita la figura de la colaboración eficaz” al establecer un conjunto de modificaciones como el mismo plazo, el cual —advirtió— es muy reducido “frente delitos que son complejos” y que “se está poniendo en riesgo” estos procesos que están en curso.

En diálogo con El Comercio, el fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chavez Cotrina, explicó su postura respecto a esta propuesta e indicó que, ante esta reconsideración “el Congreso tiene la oportunidad de reflexionar mejor la norma”.

A su juicio, sus efectos “no debe darse para los procedimientos que ya están en marcha, porque sí los perjudicaría”. Agregó que, si bien en principio “todo procedimiento tiene que tener un plazo” y que “no puede haber un infinito”, es de la idea de que “el plazo de la colaboración eficaz tiene que concluir cuando se concluya la investigación preparatoria”. En expedientes relacionados a delitos vinculados al crimen organizado el plazo para ello es de 36 meses.

“Un procedimiento sin plazo desnaturaliza el mismo. Respecto a la cantidad de meses, mi posición es que el plazo de la colaboración eficaz tiene que concluir cuando concluya la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque un fiscal no puede ir a juicio si es que no ha resuelto la situación jurídica del colaborador. En ese sentido, el plazo, desde mi punto de vista, dependerá de lo que demore la investigación preparatoria; que es lo más correcto”, refirió Chavez Cotrina a El Comercio.

En su opinión, se trataría de una reforma a medias y señaló hay vacíos, al indicar que “esta es una norma dirigida exclusivamente al Ministerio Público y, en consecuencia, está incompleta”. Mencionó, por ejemplo, que en los plazos no se aborda los tiempos que se lleva en resolver una colaboración eficaz a nivel del Poder Judicial.

“Va a depender del caso en concreto. No todos los casos son iguales, hay colaboraciones eficaces que se pueden corroborar en dos meses, un mes, o en ocho meses. Pero hay casos tan complejos que realmente el plazo es insuficiente. […] Por eso es que mi postura es que dure el mismo plazo de la investigación preparatoria [36 meses]”, apuntó.

Por su parte, los exprocuradores anticorrupción César Azabache y Antonio Maldonado cuestionaron esta reforma y mencionaron que su aprobación podría afectar investigaciones en curso claves por delitos graves.

Azabache indicó que “quienes defienden la ley han dejado en evidencia que su principal objetivo es darle (o intentar darle) derechos a los delatados”, en medio del proceso de colaboración eficaz. Es decir, por ejemplo, que puedan impugnar sus resultados por la violación de los plazos.

“Los delatados tienen derecho a contestar a las delaciones en sus propios procedimientos (investigaciones). Pero nunca han tenido derechos sobre el procedimiento mismo de delación o los términos en que estos se desarrollan”, manifestó.

El exprocurador indicó que estos procedimientos especiales se usan en casos de terrorismo y narcotráfico desde los años 90, “y que ahora deberían ser usados contra las organizaciones criminales violentas” que perpetran eventos como, por ejemplo, la masacre ocurrida en Pataz.

“Desactivar estos procedimientos ahora es más o menos lo mismo que darle un salvoconducto al crimen violento en un momento en que deberíamos tener todas las herramientas para contener la violencia”, advirtió César Azabache.

Así, en su opinión, esta modificación afectaría el caso que se sigue al expresidente Pedro Castillo e incluso al caso relacionado a la mano derecha de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Jaime Villanueva. “Y sobre todo afecta a los casos que aún deben iniciarse sobre las organizaciones criminales violentas que se están instalando en el país”, refirió.

“Como ocurrió con la ‘Ley Soto’, aquí visiblemente hay legisladores que están votando en atención a sus propios intereses privados […]. La ‘Ley Soto’ sorprendió al sistema; el señor Soto archivó un caso penal con una ley que ayudó a aprobar. Eso no puede repetirse. Pero ahora depende de los reflejos que muestren el Poder Judicial y la Fiscalía respecto a lo que representa esta ley”, aseveró Azabache.

Por su parte, el exprocurador Antonio Maldonado calificó esto como una “contrarreforma” que estaría dirigida a disminuir y “convertir en ilusoria e ineficaz” una figura importante en la lucha contra el delito como la colaboración eficaz. Apuntó que “ocho meses es un plazo que no es realista”.

“Sin duda es una medida legislativa que ataca al instrumento de la colaboración eficaz. La ataca y está dirigida a neutralizarla, a convertir la colaboración eficaz en un instrumento ilusorio, en ineficaz, precisamente en lo contrario a lo que su nombre indica. Porque la experiencia demuestra que los procesos de colaboración eficaz suelen ser complejos”, indicó Maldonado.

El exprocurador remarcó que esto tendría implicancia en investigaciones por delitos graves como corrupción y que se “afecta la política y el plan de acción de lucha contra el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo”; y “también se van a beneficiar el Tren de Aragua”.

En su opinión, se “lesiona totalmente el Estado de derecho, la independencia judicial y los instrumentos modernos” de lucha criminal y señaló que “no hay un solo fundamento técnico que justifique su aprobación; es pura confabulación delictiva”.

“Lo que hacen es desnaturalizar un instrumento fundamental para la investigación de casos graves, complejos, macro crímenes. No necesariamente de corrupción, sino pueden ser crímenes relacionados con la destrucción del medio ambiente, tráfico de drogas, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas, extorsiones como las que hace el Tren de Aragua y otras redes criminales. Todos esos crímenes, incluidos violaciones de derechos humanos”, finalizó Maldonado.