Perú Libre busca favorecer a partidos investigados: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de proyecto de Waldemar Cerrón?

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento, conducida por la perulibrista Janet Rivas, dictaminó el proyecto N°6084/2023-CR de Waldemar Cerrón que apunta a establecer que las agrupaciones “no son organizaciones criminales”.

El predictamen, que fue puesto a debate el último miércoles, no tenía el respaldo de Fuerza Popular, Cambio Democrático y otras agrupaciones, por lo que, de haberse sometido a votación, es muy probable que hubiera sido enviado al archivo. Por esa razón, Rivas decidió ir a un cuarto intermedio “para llegar a una mejor fórmula legal”.

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La propuesta de Cerrón Rojas, actual segundo vicepresidente del Parlamento, establece que los bienes y activos de los partidos políticos son “intangibles”, “cuando uno o varios de sus militantes, afiliados o fundadores formen parte de una o varias investigaciones fiscales o sean condenados por cualquier tipo de delito doloso”.

También subraya que cuando uno o varios militantes, afiliados o fundadores de un partido político formen parte de una pesquisa en el Ministerio Público “por cualquier hecho delictivo deben ser individualizados de acuerdo a su grado de participación”, “sin responsabilizar a las organizaciones políticas como personas jurídicas de interés público”.

El proyecto fue dictaminado a pesar de que la Comisión de Justicia y DD.HH. solo había recogido la opinión técnica de la Defensoría del Pueblo, que advirtió que no encontraba viable la fórmula legal.

Para ello, la comisión manejada por el perulibrismo señaló que se podía considerar “excesivo poder atribuir, prima facie, a un partido político que este se haya ‘creado’ o ‘funcione’, de manera ‘exprofesa’ y hasta ‘concertada’ entre todos sus miembros o parte de ellos, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves”.

Agregó que del análisis de la Ley N° 30077 (Ley contra el crimen organizado) “no se aprecia una justificación razonable que permita criminalizar, de plano, a una organización política, más allá de la responsabilidad individual o grupal de parte de sus integrantes”.

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Sin el respaldo del fujimorismo

Durante el debate del predictamen, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) adelantó que la bancada fujimorista votará en contra de la propuesta del cerronismo. Agregó que un respaldo de su agrupación a esta clase de medidas “podría llevar a que se tergiverse nuestra votación y se considere que queremos una impunidad que jamás la hemos pedido”.

De esta manera, Juárez hizo referencia a que Fuerza Popular desde el 2019 está incorporada como persona jurídica en el proceso a Keiko Fujimori, lideresa de su partido, por presunto lavado de activos y organización criminal por los aportes a sus campañas de 2011 y 2016. Este caso está próximo a ir a juicio oral.

Juárez también subrayó que los partidos políticos a priori se forman para “un fin lícito” y para promover la participación ciudadana.

Asimismo, dijo entender que el proyecto de Perú Libre busca evitar “abusos que se han cometido en este tiempo usando la figura de la organización criminal”, pero remarcó que ya la Ley de Organizaciones Políticas regula claramente la definición de una agrupación.

A su turno, la portavoz alterna de Cambio Democrático-JPP, Ruth Luque, sostuvo que no se necesita una norma que diga que los partidos no son organizaciones criminales.

“Toda organización política no se forma para un fin ilícito, los partidos son fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar el estado de derecho”, manifestó.

Luque también remarcó que la fórmula que propone Perú Libre tiene como objetivo “relativizar” que a la fecha existen investigaciones en curso en el Ministerio Público contra diferentes dirigentes políticos. Cuestionó, en ese sentido, que el predictamen busque eximir a las organizaciones políticas de cualquier tipo de responsabilidad.

También solicitó que se pida opiniones técnicas a la fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Jurado Nacional de Elecciones.

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El congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario) refirió que la iniciativa impulsada por Perú Libre debía ser analizada con mayor profundidad.

Recordó que en el Perú se ha establecido que las personas jurídicas pueden ser centro de imputación penal. “Si eso es así, cómo podemos sacar una ley que diga que los partidos políticos siendo personas jurídicas no cometen delito. Este proyecto debe ser mejor estudiado, no le veo ninguna fundamentación”, acotó.

Desde el cerronismo, el congresista Flavio Cruz dijo que “no hay nada de malo” que a través de una precisión en el proyecto de su bancada se pueda “deslindar que las responsabilidades legales son personalísimas”. Agregó que los críticos del Congreso siempre han exigido el fortalecimiento de los partidos, “y esto es una forma” de hacerlo.

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“Puede tener efectos retroactivos”

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado afirmó que cualquier legislación que cree el Congreso debe ser por el bien común y no particular. Advirtió que si la iniciativa de Perú Libre llegase a ser aprobada sería “muy grave”, porque podría tener efectos retroactivos y retirar de investigaciones y procesos en curso a los partidos políticos.

“En caso se apruebe, puede tener efectos retroactivos, como se ha visto con la llamada Ley Soto. Podrían ser excluidos de las investigaciones las personas jurídicas que tienen nombre de partidos. No hay un período de reserva. Sería muy grave porque el resultado sería el de la impunidad”, expresó a El Comercio.

Maldonado indicó que la Ley N° 30077 define a una organización criminal como aquel conjunto que es integrado por tres personas a más, que tienen una estructura, roles asignados y cuyo objetivo es cometer actos ilícitos.

“De facto, no puede salvarse a un grupo por la aplicación de un sofisma lingüístico, de dar blindaje a toda entidad que se llama partido político, sobre todo, cuando estos pueden conformar redes criminales, así como las empresas. La nomenclatura no define si es o no una organización criminal, es el comportamiento de sus integrantes”, remarcó.

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El abogado penalista Andy Carrión sostuvo que los principales líderes de los partidos políticos con presencia en el Congreso-entre ellos Fujimori, Rafael López Aliaga, Vladimir Cerrón, José Luna Gálvez y César Acuña- afrontan investigaciones de diferente índole por delitos dolosos. Por ello, la iniciativa de Perú Libre favorece a casi todos ellos y sus agrupaciones.

“Casi todos están siendo investigados, es obvio que no quieren que se perturbe los bienes de sus partidos o cuando se les sancione, estos no dejen de tener actividad y no se les sancione con la anulación de su inscripción. Hay dos frentes, el patrimonial y el evitar riesgos de representación”, subrayó a este Diario.

Carrión opinó que técnicamente el proyecto de Cerrón “es inviable”, porque por medio de una ley “no puedes decir que un partido no será instrumentalizado para cometer delitos”.

Al igual que Maldonado, el letrado alertó que si el predictamen es aprobado en la comisión y luego en el pleno “aplica inmediatamente”.

“Esto podría tener incidencia en los casos que ya se encuentran, incluso, en juicio oral”, sentenció.

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Más información

En junio de 2022, el congresista Waldemar Cerrón ya habían presentado un primer proyecto ley con el objetivo de que no se criminalice a los partidos políticos si sus afiliados cometen delitos. Incluso, planteó la individualización de responsabilidades penales cuando se trate de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, lavado de activos, trata de personas, narcotráfico y minería ilegal, entre otros.

En su exposición de motivos, el hoy segundo vicepresidente del Congreso refirió que Ley contra el Crimen Organizado, que fue promulgada en agosto del 2013, ha vuelto “ingobernable nuestro país”.