Treinta y seis días son los que lleva prófugo Vladimir Cerrón, a quien la justicia ha hallado culpable –en dos instancias– de corrupción en el Caso Aeródromo Wanka. Como recordamos unos días atrás, su situación es llamativa no solo porque las autoridades fueron poco diligentes para prever su fuga y, posteriormente, para dar con su ubicación, sino porque el ex gobernador regional de Junín todavía mantiene cierto poder expresado en la bancada parlamentaria de Perú Libre, el partido político que fundó y que todavía lidera.
Es cierto que el partido del lápiz ha ido perdiendo curules en el Congreso, desde las 37 que lucía cuando se instaló la actual representación nacional, en julio del 2021, hasta los 12 actuales. Pero aún así la cifra no puede desdeñarse y la posibilidad de que alguno de los parlamentarios que aún se mantienen leales a Cerrón utilizase sus prerrogativas legislativas para impulsar cambios normativos que puedan beneficiar a su líder ha estado latente prácticamente desde que este pasó a la clandestinidad. Máxime cuando aquellos han sido más bien críticos del fallo del Poder Judicial, han calificado a Cerrón de “preso político” y hasta han llegado a justificar su fuga.
Y, en efecto, esto ha terminado ocurriendo. Esta semana, nada menos que Waldemar Cerrón –quien, no lo olvidemos, es gracias a las bancadas de derecha segundo vicepresidente del Parlamento– presentó un proyecto de ley que, a decir de expertos consultados por este Diario, tiene nombre propio: el de su hermano Vladimir. La iniciativa fue presentada el miércoles y busca modificar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para que se puedan plantear hábeas corpus “ante cualquier juez constitucional o juez penal en las jurisdicciones donde no haya juez constitucional”. Además, el proyecto plantea que las demandas se resuelvan, tanto en primera como en segunda instancia, en un plazo no mayor de 10 días, “bajo responsabilidad funcional del juzgador”, y que “son competentes para conocer del proceso de amparo cualquier juez constitucional a elección del demandante, o cualquier juez especializado en lo civil en las jurisdicciones donde no haya juez”.
Las justificaciones de la iniciativa aluden a la supuesta intención de fortalecer el sistema de justicia e incluso de promover la descentralización. La verdad, sin embargo, parece otra. Como ha recordado el abogado penalista Andy Carrión antes de la reforma del NCPP, cualquier ciudadano podía interponer un hábeas corpus en cualquier jurisdicción, en una práctica que se conoce coloquialmente como ruleteo. Precisamente bajo ese marco legal es que Vladimir Cerrón logró un fallo favorable años atrás al presentar un recurso de este tipo ante un juzgado en Huancavelica contra una sentencia dictada en Junín.
La situación es además llamativa porque desde el 6 de octubre, cuando lo condenaron en segunda instancia, Cerrón ha presentado hasta tres hábeas corpus que han sido rechazados; el primero de ellos fue interpuesto en un juzgado en Lima que rechazó analizar la demanda por no ser de su jurisdicción, invocando, precisamente, lo que establece el NCPP.
No es esta, por lo demás, la primera vez que un congresista busca aprovechar su cargo para obtener una ventaja, ya sea personal o para terceros. Recordemos que el actual titular del Parlamento, Alejandro Soto, invocó –y consiguió– la prescripción en un proceso penal por estafa gracias a una ley por la que él mismo votó, o que 33 congresistas investigados por el Ministerio Público hicieran posible que en junio el Legislativo empujara una ley para deformar la colaboración eficaz.
Ayer, el congresista Cerrón trató de defender su iniciativa alegando que está pensada “para todos los peruanos”; sin embargo, la oportunidad en la que lo ha presentado y el contenido de la misma son suficientes para saber que, en realidad, busca echarle una manito a su hermano prófugo.
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