Desde estas páginas recogimos ayer las preocupaciones que expresó a su paso por el Congreso el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, sobre el estado de la educación y la salud en el país. El jefe de la entidad monetaria calificó las políticas en estos dos sectores como “un desastre”.
Al menos en lo que respecta a los últimos resultados en educación escolar, razón no le falta. De acuerdo con el Ministerio de Educación (Minedu), el año pasado ninguna región superó el 60% de alumnos con nivel satisfactorio en lectura y matemática en cuarto de primaria en una evaluación nacional. En la prueba internacional PISA, publicada la semana pasada, los resultados del Perú fueron similares a los obtenidos una década atrás. El país parece estar en un atolladero educativo sin salida a la vista.
El informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), publicado ayer en este Diario, da algunas luces adicionales sobre el asunto. A pesar de que la inversión pública subnacional en educación pasó de S/3.711 millones en el 2016 a S/5.299 millones en el 2025 en soles constantes, la satisfacción con el servició cayó del 49% al 30% en el mismo período. Parte de la explicación posiblemente se halla en que –a pesar del mayor gasto– no se ven resultados concretos. De acuerdo con el IPE, a este ritmo tomaría 19 años cerrar la brecha educativa. En algunas regiones, como San Martín y Huancavelica, podría tardarse más de cuatro décadas.
Junto con el sector salud, la educación pública sí merece un golpe de timón serio. Actualmente, el gasto público en educación es –por lejos– el más grande del presupuesto nacional. Su peso individual es similar al de los 15 sectores menos onerosos juntos, incluyendo, por ejemplo, los de vivienda, justicia y telecomunicaciones. Mucho del presupuesto anterior es administrado por los gobiernos regionales y municipalidades, los cuales alcanzan por lo general pobres niveles de ejecución.
La estrategia difícilmente debería ser gastar aún más recursos indiscriminadamente. El nuevo ciclo político debería venir con nuevas ideas sobre cómo enfrentar este deterioro, por ejemplo, aprovechando las ventajas que permite hoy la tecnología. Sucesivos gobiernos no han querido incurrir en el costo político que puede suponer el emprender reformas profundas en este sector. Las consecuencias finales de esta desidia las asumen primero los estudiantes y sus familias, y luego el país entero.
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