Legislar corresponde al Parlamento, y nadie discute esa prerrogativa. Pero cuando el Ejecutivo solicita facultades delegadas para legislar al iniciar un período de gobierno, no pide un cheque en blanco: pide los instrumentos mínimos para ejecutar su plan de acción en plenitud. La respuesta que viene dando la Cámara de Diputados, sin embargo, se parece peligrosamente a la obstrucción que la propia oposición denunció con vehemencia durante años por Fuerza Popular.
Legislar corresponde al Parlamento, y nadie discute esa prerrogativa. Pero cuando el Ejecutivo solicita facultades delegadas para legislar al iniciar un período de gobierno, no pide un cheque en blanco: pide los instrumentos mínimos para ejecutar su plan de acción en plenitud. La respuesta que viene dando la Cámara de Diputados, sin embargo, se parece peligrosamente a la obstrucción que la propia oposición denunció con vehemencia durante años por Fuerza Popular.
Hasta el momento, seis comisiones de la Cámara Baja han dictaminado en contra del pedido: Energía y Minas, Justicia, Infraestructura, Vivienda y Transporte, Producción, Trabajo y Ciencia. No se trata de matices ni de observaciones parciales; es una negativa frontal que, sumada a la anunciada oposición de bancadas enteras, anticipa un desenlace previsible. El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, ya lo ha dicho sin rodeos: su bancada se opone a todo el pedido de facultades.
Resulta difícil atribuir esta postura a una genuina discrepancia técnica con el contenido de cada materia. La simultaneidad de los dictámenes negativos y el anuncio anticipado de un rechazo total sugieren más bien una decisión política tomada de antemano, ajena al análisis riguroso que se esperaría de un Congreso que se precia de su vocación legislativa.
La aritmética parlamentaria, además, no deja margen para el consuelo. Que el oficialismo conserve una mayoría en el Senado poco importa si la Cámara de Diputados rechaza el pedido: sin la aprobación de esta última, las facultades jamás llegan a ser discutidas por los senadores. La democracia no solo se ejerce votando; también se ejerce permitiendo que quien fue elegido para gobernar tenga las herramientas para hacerlo.
Nadie sugiere que la oposición renuncie a fiscalizar, a debatir o a votar en contra cuando lo crea justo. Lo que es inadmisible es convertir el rechazo en una estrategia sistemática de bloqueo, la misma que hace no mucho se les reprochaba –con razón– a otras fuerzas políticas. Negar sin matices, sin alternativa y sin diálogo no es ejercer el control político: es vaciar de contenido la voluntad popular expresada en las urnas.
Los diputados de oposición tienen en sus manos una decisión que trasciende su cálculo partidario. Que no repitan los métodos que cuestionaron, que permitan el otorgamiento de las facultades en aras de la gobernabilidad y que devuelvan a la política la altura que el país reclama. De lo contrario, se habrán convertido en aquello que juraron combatir.
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