Entre el inmovilismo y el cheque en blanco

El pedido del Ejecutivo para legislar durante 120 días ha generado una discusión que parece partir de dos extremos: un cheque en blanco entregado al gobierno, o un paquete diseñado para quitar derechos a los trabajadores y favorecer a determinadas empresas. Ninguna de esas caracterizaciones contribuye a una discusión seria.

Una parte importante de las facultades solicitadas está vinculada con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. No es mi especialidad y prefiero no pronunciarme sobre los instrumentos específicos propuestos. Sí puedo afirmar algo desde la economía: no puede funcionar un mercado competitivo sano cuando ciudadanos y empresas viven amenazados por la extorsión, la violencia y las economías ilegales. Recuperar la seguridad y el imperio de la ley es condición para crecer.

Vayamos a las materias económicas y de reforma del Estado. Delegar facultades no significa que el Congreso abdique de su función legislativa. Con el nuevo Congreso bicameral existen varios filtros. La Cámara de Diputados examina qué materias delega, cuáles rechaza y con qué límites; posteriormente, el Senado revisa lo aprobado y puede introducir modificaciones. El Congreso no tiene por qué aprobar los 66 pedidos tal como fueron formulados. Sesenta y seis delegaciones son muchas. Corresponde explicar por qué cada una requiere esta vía y no el procedimiento legislativo ordinario. Urgencia no puede convertirse en insuficiente sustentación. Pero el proceso ofrece una oportunidad para diálogo técnico entre Ejecutivo y Legislativo. Si una facultad es demasiado amplia, delimítese. Si requiere una salvaguarda, incorpórese. Si no está suficientemente sustentada, no se delegue. Esa es la tarea del Congreso.

Discutamos lo que efectivamente dice la propuesta. En materia de mype se plantean simplificación de la formalización, fortalecimiento del ‘factoring’, ampliar el acceso al crédito, instrumentos para emprendimiento e innovación, mejoras a los CITE y modernización de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. La orientación es reducir costos y barreras que impiden que pequeños negocios crezcan, aumenten su productividad y entren a la formalidad. Algo semejante ocurre con las críticas laborales. Se ha instalado la narrativa de que cualquier modificación equivale a “quitar derechos”. Debemos distinguir entre derechos laborales fundamentales, que deben protegerse, y regulaciones que pueden dificultar la creación de empleo formal. Un país donde la mayoría permanece en la informalidad difícilmente puede considerar exitoso su régimen laboral.

El desafío es ampliar el acceso al empleo formal. Esto no significa aprobar cualquier modificación. Bonos de productividad, indemnizaciones, feriados y otras materias laborales merecen delimitación cuidadosa. El Congreso debe establecer salvaguardas para que promover la formalización no signifique desconocer derechos adquiridos. Pero convertir cualquier modernización en una “eliminación de derechos” tampoco ayuda a los millones de peruanos fuera de la formalidad. Lo mismo vale para la reforma del Estado. Simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, interoperabilidad digital, meritocracia e idoneidad de los funcionarios son reformas postergadas. Frente a quienes hablan de despidos masivos, conviene leer el texto: los incentivos de salida son voluntarios y la delegación no puede utilizarse para cesar trabajadores con estabilidad laboral.

Hay que vigilar, discutir y mejorar este paquete, pero control democrático no puede convertirse en inmovilismo, como tampoco reforma puede significar ausencia de controles. El Congreso tiene una oportunidad para demostrar para qué recuperamos la bicameralidad. El Ejecutivo deberá demostrar que las facultades sirven para hacer un Estado eficaz. Ni cheque en blanco ni rechazo automático. Menos mitos, más evidencia y mejores instituciones.