Un letal pájaro de fuego se cierne nuevamente sobre distintas regiones del país, dejando una voraz estela de bosques y pastizales carbonizados, fauna impactada y desplazada, personas fallecidas y medios de vida afectados. Como nunca, la frecuencia y extensión de los incendios forestales los convierten en recurrentes eventos calamitosos que agudizan nuestra vulnerabilidad, y se convierten en desastres frente a los cuales, una vez más, no disponemos de adecuadas capacidades de prevención ni de remediación. Sin olvidar, claro, un no muy decidido interés en atenderlos oportunamente si se toma en cuenta que los primeros focos de ignición se registraron desde fines de setiembre.
Al cierre de esta columna, el sistema de alerta del Serfor daba cuenta de más de 30 incendios activos en 12 regiones, más de 3.000 fuentes de calor y más de tres decenas de siniestros ya extinguidos. Un documento editado por el Gobierno Regional de Amazonas resalta que “entre el 2017 y el 2024 se han quemado 79.723 hectáreas, alcanzando un récord de 19.553 hectáreas solo en el 2024”. Pero junto a las cifras está el drama humano por el que muchas familias pierden sus medios de subsistencia (cultivos, animales, zonas de pastoreo) y el impacto ambiental expresado en el arrasamiento de ecosistemas boscosos y montanos, cuyas funciones benéficas, como la retención de dióxido de carbono o la regulación del agua, se verán mermadas.
Se dirá que bastaría con desestimular las prácticas tradicionales de quema de pastos y zonas de pastoreo. Lamentablemente, ello no sería suficiente porque, con los años, se observa que existen condicionantes que agudizan el riesgo de fuego en paisajes inflamables: altas temperaturas, ausencia de precipitaciones, acelerado desecamiento de bosques, cambios de patrones de vientos, todos relacionados con el cambio climático y, ahora, con El Niño. Es decir, junto con los sismos, huaicos, aluviones e inundaciones, los incendios forestales se constituyen en una amenaza que se añade a la tarea no siempre bien atendida de la prevención y gestión de desastres en el país.
Al margen de que la quema descontrolada de árboles, pastos y arbustos genere cuantiosas emisiones de gases de efecto invernadero, su frecuencia obliga a modificar actitudes y a reformular el diseño institucional en materia de desastres, en donde se nota una muy buena voluntad pero poca coordinación multisectorial en la atención de la emergencia. El reforzamiento de brigadas comunitarias y el equipamiento (helibaldes y aviones cisterna) son tareas urgentes, mas no las únicas. En la medida en que estos siniestros son típicos de zonas geográficas de difícil acceso, pondrán a prueba la tan denunciada pero no siempre lograda presencia del Estado. Y del enfoque preventivo también.
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