Juicio contra Keiko Fujimori por Caso Cocteles se inicia el 1 de julio: ¿Qué le imputan y quiénes están involucrados?

El juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, por el Caso Cocteles comenzará el próximo 1 de julio. Así lo dispuso el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional el jueves pasado.

Desde ese día, Fujimori enfrentará la última y principal etapa del proceso penal en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. La fiscalía pide que se le condene a 30 años y 10 meses de cárcel.

Por este caso, la lideresa de Fuerza Popular cumplió prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos y tuvo impedimento de salida del país. Esta última restricción fue revocada hace dos semanas por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Junto a Fujimori son acusadas otras 45 personas, entre ellas su exesposo, Mark Vito Villanella, su exasesor político Pier Figari, su exconsejera Ana Herz, el exministro fujimorista Jaime Yoshiyama y el exdirector del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) José Chlimper.

A los mencionados se les imputa principalmente los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La fiscalía pide condenas de entre 22 y 30 años de cárcel para ellos.

En la lista de acusados también se encuentra la abogada Giulliana Loza, defensora legal de Keiko Fujimori. La fiscalía le imputa el presunto delito de obstrucción a la justicia y pide una condena de seis años y seis meses de prisión.

ESTOS SON LOS 46 ACUSADOS:

La acusación incluye a dos personas jurídicas: el partido político Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces.

El equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato asegura que Fujimori y exdirigentes de Fuerza Popular realizaron actos de lavado de activos para ocultar aportes de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña presidencial del 2011.

De acuerdo con la acusación, Odebrecht habría abonado más de US$ 1 millón de origen ilícito a la campaña política del fujimorismo. Además, Keiko Fujimori habría liderado una red criminal dedicada a “lavar” ese dinero.

En tanto, la defensa de Fujimori ha señalado que la acusación “no tiene sustento”. La abogada Loza señaló en el 2021 que la fiscalía dio por concluida una investigación a la que - según dijo - todavía le faltaba recoger testimonios y pruebas.

El juzgado fijó la fecha de instalación del juicio oral para el 1 y 2 de julio debido a la complejidad del caso y a que cinco acusados están fuera del Perú. Estos son Juan Carlos Luna Frisancho, Joanna Mitsuko Myers, Melissa Keiko Sasaki, quienes se encuentran en Estados Unidos; Carlos Kenji Blanco Matzuno y Miguel Mikio Blanco Matzuno, que residen en Canadá.

La tramitación de notificación a esos países se realiza mediante cooperación judicial internacional y requiere un plazo de aproximadamente cuatro meses.

El juzgado dispuso notificar a los acusados bajo apercibimiento; es decir, si se ausentan de la audiencia sin justificación serán declarados reos contumaces y se emitirán órdenes de captura.

El Caso Cócteles es complejo por los delitos y la cantidad de procesados. Incluso, los testigos presentados por la fiscalía y los acusados suman más de 1800.

La fiscalía presentó 1031 testigos. La lista la encabezan Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, exdirectivos de la constructora Odebrecht.

Durante la investigación del caso, Marcelo Odebrecht dijo a la fiscalía en noviembre del 2017 que tiene la certeza de que se entregó dinero para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Además, al ser consultado por la anotación “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, que se encontró en su teléfono, aseguró que sí hubo una entrega de dinero y que probablemente haya sido de US$ 500 mil, pero que Barata debe corroborar el monto.

Aquella vez, Odebrecht explicó a la fiscalía que su empresa tenía la política de apoyar a los candidatos presidenciales con opciones de ganar. El objetivo era tener las puertas abiertas para ganar millonarias licitaciones públicas en el Perú cuando uno de los candidatos financiados llegase al poder.

Por su parte, Barata dijo a la fiscalía - en febrero del 2018 y en octubre del 2019 - que la empresa Odebrecht entregó dinero para la campaña de Fujimori en el 2011.

Según detalló, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2011 entregó US$ 500 mil a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere; y en segunda vuelta, otros US$ 500 mil. Además, - según dijo - dio US$ 200 mil a la Confiep para financiar una campaña contra Ollanta Humala, entonces rival de Keiko Fujimori.

En la lista de testigos de la fiscalía que serían convocados en el juicio oral también se encuentra Luiz Antonio Mameri, exdirector de Odebrecht para América Latina y Angola. Él declaró que autorizó la entrega de US$ 500 mil para la campaña de Fujimori.

En la nómina también se encuentran los excongresistas fujimoristas Joaquín Ramírez, Julio Gagó, Martha Chávez, Carlos Tubino, Leyla Chihuán, Úrsula Letona, Alejandra Aramayo y Cecilia Chacón, los empresarios Roque Benavides, Erasmo Wong y José Sam Yuen. Este último reconoció haber reclutado falsos aportantes para la campaña fujimorista del 2011.

En tanto, la defensa de Fujimori ha presentado una lista de 91 testigos, entre ellos la congresista suspendida María Cordero Jon Tay, el exministro Aurelio Pastor y varios de los exlegisladores que también aparecen en la lista fiscal, como Chávez, Chihuán y Chacón.

Además, la defensa técnica del partido Fuerza Popular presentó 317 testigos.

La fase de control de acusación del Caso Cocteles - la etapa previa al juicio oral - culminó en junio pasado luego de un año y nueve meses de audiencias, que estuvieron a cargo del juez Víctor Zúñiga.

En esa fase, la fiscalía identificó a los imputados, describió los hechos por los que solicitó pasar a juicio y subsanó errores.

No obstante, las pesquisas se remontan a octubre del 2015, cuando la 26° Fiscalía Provincial Penal de Lima inició una investigación a Fuerza Popular por presuntos aportes fantasmas, luego de que varios “aportantes” negaron haber entregado dinero a ese partido por las elecciones del 2011.

Dos años después, en el 2017, se dispuso que la investigación se adecúe a la Ley de Crimen Organizado. En ese momento la investigación ya estaba a cargo del fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial de fiscales para el Caso Lava Jato.

En el 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó contra Keiko Fujimori una detención preliminar por 10 días y luego una prisión preventiva por 36 meses. Luego, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema redujo la prisión preventiva a 18 meses.

En el 2019, el Tribunal Constitucional declaró fundado un pedido de hábeas corpus a favor de Fujimori, quien recuperó su libertad. “El TC ha corregido un gran daño en un proceso lleno de abusos”, dijo aquella vez la lideresa de Fuerza Popular.

No obstante, solo dos meses después de haber sido excarcelada, Fujimori retornó al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por orden del juez Zúñiga, quien le dictó 15 meses de prisión preventiva.

Luego, en abril del 2020, una sala de apelaciones aceptó un recurso de la defensa de Fujimori y ordenó su libertad.

En marzo del 2021, el fiscal Pérez presentó la acusación ante el Poder Judicial. En junio de ese mismo año, el juez Zúñiga dio inicio a la etapa del control de acusación.

Ya en enero del 2023, Zúñiga desestimó los últimos recursos (sobreseimientos) con los que las defensas de los más de 40 acusados buscaban que el Poder Judicial archive algunos de los extremos de la acusación.