Al día siguiente de llegar por segunda vez al poder, el arquitecto Fernando Belaunde Terry terminó con una injusta y abusiva medida ejecutada por la dictadura militar, el 27 de julio de 1974. Así, los medios de prensa regresaron a las manos de sus legítimos propietarios. Con Belaunde se reestableció la libertad de expresión, la pluralidad informativa que había erradicado del país el gobierno de facto de esos años.
Pero ese plan de confiscar los medios no surgió el 27 de julio de 1974. Desde que el general Juan Velasco Alvarado dio el golpe de Estado, el 3 de octubre de 1968, ya estaba entre sus objetivos lograr ese control directo. Todo empezó con la publicación del “Estatuto de la Libertad de Prensa”, el 30 de diciembre de 1969. La Oficina Central de Información dio a conocer tal estatuto, que incluía en sus alcances no solo a los diarios y revistas sino también a las emisoras radiales y televisivas.
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Más de un año antes, buena parte de los medios peruanos, incluido El Comercio, dio su apoyo al gobierno militar en la toma nacionalista de las instalaciones petroleras de La Brea y Pariñas, en Talara, que manejaba la International Petroleum Company (IPC). La toma fue el 9 de octubre de 1968, seis días después del golpe de Estado.
Ese resquicio de apoyo al régimen velasquista le sirvió a algunos elementos de izquierda para ingresar a El Comercio, y allí fundar un sindicato. Ese sindicato luego jugaría un triste papel en la toma del diario decano.
La arremetida contra la prensa peruana: el penúltimo día de 1969
El Comercio indicó en su portada del 31 de diciembre de 1969, que en la práctica no se trataba de un estatuto, aquel del 68, sino de una ley, cuyo fin era conculcar la libertad de prensa. Una “Ley de Prensa”, así llamaron al Decreto-Ley Nº 18075, un documento hecho especialmente para los tiempos de oscuridad informativa que se querían implantar.
En síntesis, era la búsqueda de una supuesta “transparencia” en el manejo de los medios a través de un control estatal, y para ello el estatuto del gobierno militar establecía sanciones e infracciones a los medios y a sus jefes por señalar o calificar la conducta de las personas jurídicas; y si se trataba de “funcionarios públicos” el castigo (que incluía prisión y multas económicas) era aún mayor. El arrinconamiento de los medios estaba en marcha.
Hubo oposición, resistencia, por cierto. Ellos no tenían todo el poder aun. Así, el 5 de enero de 1970, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y la Federación de Periodistas del Perú (FPP) presentaron un habeas corpus, y los canales de TV. y radioemisoras pidieron la derogación del lesivo estatuto. Los tribunales de justicia, controlados por el gobierno, declararon improcedente el recurso de habeas corpus, pero el gremio periodístico anunció que apelaría esa medida, y así se hizo el 28 de enero de 1970, cuando el abogado y periodista Alfonso Baella Tuesta defendió la causa.
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Por esos días, desde el extranjero, el apoyo a los medios peruanos se hizo sentir, especialmente de la prensa dominicana, colombiana, boliviana y argentina. Los medios de prensa del continente, en general, informaron sobre ese intento de control informativo desde el poder militar, de carácter populista. En el Perú, desde un inicio, se manifestó en contra el partido Acción Popular (AP), del arquitecto Belaunde, quien había sido sacado de Palacio de Gobierno, aquella madrugada del 3 de octubre de 1968. La confrontación entre los medios de prensa y el poder político estaba declarada.
LOS PRIMEROS MEDIOS EN SER TOMADOS EN 1970
El 4 de marzo de 1970, dos meses después de la imposición de su estatuto, el gobierno de Velasco Alvarado mandó publicar en El Peruano el Decreto-Ley N° 18169, conocida como “Ley de Expropiación de los Medios”, la cual decidió, en verdad, la confiscación de los diarios Expreso, Extra, La Crónica y la revista Caretas. Antes de que alguien pudiera leer la norma, el régimen militar tomó esos medios a las cinco de la madrugada.
“El Perú ha vuelto a la normalidad”, dijo alguna vez el poeta Martín Adán, cuando fue testigo del golpe del general Manuel A. Odría a José Luis Bustamante y Rivero en 1948. La misma historia se confirmaba entonces con el régimen velasquista. Agentes de seguridad del Estado ingresaron al viejo local del jirón Ica, en el Centro de Lima, donde funcionaba Expreso. Los pocos empleados de talleres que se hallaban no opusieron resistencia a las fuerzas del orden.
A las seis de la mañana, llegaron al local de Expreso el director Guillermo Cortez Núñez, junto con miembros del directorio y algunos periodistas como el columnista Manuel D’Ornellas. Sin embargo, ninguno pudo ingresar. Un par de horas después, un notario del gobierno realizó la cuenta de los enseres.
El Comercio informó el 5 de marzo de 1970 con amplitud y equidad. La portada reseñaba los sucesos y detallaba la reunión del Frente Único de Trabajadores de los diarios confiscados en el local de la Federación Gráfica, en el jirón Chota (Cercado de Lima). El resultado fue la designación del periodista Hernando Aguirre Gamio como director del nuevo Expreso.
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En su portada, el diario decano publicó el indignado comunicado de Editora Nacional S.A., pero también las declaraciones del entonces ministro de Economía y Finanzas, el general Francisco Morales Bermúdez, quien admitió que se trataba de una “medida de carácter político tomada por el gobierno”. El pretexto fue dar Expreso a sus trabajadores, pero eso no ocurrió.
En una página interior, El Comercio publicó íntegramente el decreto-ley con sus seis artículos, y las firmas del general Juan Velasco Alvarado y su gabinete ministerial. Se pronunciaron también en las páginas del diario, la ANP que rechazó la confiscación, pues constituía “un gravísimo atentado contra la libertad de prensa”. Manuel Ulloa Elías, propietario de los diarios intervenidos advirtió, desde Londres que con esa medida se iniciaba “un periodo obscuro y turbulento” en el Perú. No le faltó razón.
El Comercio sentó posición en su editorial “La expropiación de los diarios Expreso y Extra”, donde rechazó el decreto-ley, no solo por su espíritu confiscatorio sino también por la ausencia de considerandos que explicaran tal medida. “El país, la opinión pública consciente y seria de la República, espera que el Gobierno reflexione y comprenda que no se puede ir ahondando las diferencias entre los peruanos, ni seguir el oscuro camino de las restricciones a la libertad de prensa, que es la base de todas las libertades”, fueron las palabras con las que cerró el editorial.
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Todos recordaron entonces que algunos días después del golpe, en octubre de 1968, un periodista alcanzó a preguntar al general Velasco Alvarado: “¿Se respetará la libertad de expresión?”. Y este dio una respuesta tenebrosa para la democracia: “Depende”. Más de un año después, allanó los medios de prensa por primera vez. Era el comienzo de todo. Los hechos posteriores implicarían cosas peores. El 27 de julio de 1974, El Comercio y otros medios más terminarían por ser atropellados por esos mismos militares en el poder.
La confiscación de El Comercio y lo que se vivió en esos tiempos
El gobierno militar se enfocó en la captura de los otros medios principales como Correo, Ojo, Ultima Hora, La Prensa, pero especialmente El Comercio, medio que entonces tenía 135 años de vida institucional. Si alguien dudaba aún en 1970 de que los militares querían controlar la prensa peruana, aquella duda desapareció abruptamente el 27 de julio de 1974.
Un dato curioso, pero a la vez revelador y preocupante nos lleva a los días previos a las fiestas patrias de ese año 74. Llegó al Perú, por entonces, Raúl Castro, el conspicuo hermano de Fidel, el líder de la revolución cubana. Su presencia en pleno armado de la confiscación de los medios de prensa no parece haber sido un acto casual.
A las 2 y 10 de la madrugada de ese día, los efectivos de Seguridad del Estado llegaron hasta el hall principal de El Comercio. A diferencia de 1970, ahora tenían en pleno funcionamiento el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos), que dirigió el camino hacia la confiscación. Detrás del Sinamos, estaba la conocida “Oficina Central de Información”, la que había promovido el estatuto del 69. Desde esa oficina, que funcionaba frente a Palacio de Gobierno, se planearían los contenidos de los medios tomados y el seguimiento a su cumplimiento.
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Sabedores de ese apoyo institucional, los militares intimidaron con sus armas a los periodistas y propietarios de El Comercio esa madrugada del 27 de julio de 1974. Pero la gente del diario decano lo tomó con calma, pese a todo. Casi una hora después de estar en el local, agentes armados de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) hicieron salir a los directivos, quienes se retiraron junto a un nutrido grupo de periodistas.
Minutos después, como esperando a que nadie lo opacara o lo viera, entró Héctor Cornejo Chávez, el encargado de la dictadura para asumir la dirección. La justificación fue siempre la entrega del diario a las organizaciones sociales. Nunca sucedió eso. Los agentes, policías de uniforme o sin él, ocuparon también los otros diarios.
Así fue la confiscación de los medios escritos de circulación nacional. En ese contexto, costó mucho recuperar la libertad de expresión. La impotencia era grande y más aún cuando el diario decano no fue entregado a la “comunidad campesina”, como decía la propaganda del gobierno, sino que todo se convirtió en una especie de farsa, con unos falsos “campesinos”. En una de esas reuniones simbólicas, el mismo día de la toma, Cornejo Chávez concedió unos minutos a los miembros de la Federación Campesina del Perú (FCP) y de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT).
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Los usurpadores tenían el apoyo de algunos sindicatos de periodistas en el interior de varios medios, pero estos terminaron manejados por los militares en el poder. En El Comercio, sobre todo, el sindicato reveló su verdadera entraña rápidamente: se vio con claridad que no había surgido para defender los derechos de los trabajadores sino para apoyar al gobierno de facto en sus intenciones confiscatorias.
Esa madrugada, los ocupantes llegaron en una mano con su propia copia del Decreto-Ley Nº 20680, el cual significaba un nuevo estatuto de prensa; y en la otra mano, el Decreto-Ley Nº 20681, donde se indicaba abiertamente el intento de apropiarse de los medios “a favor de los sectores de la población organizada”. Unos días antes de la toma, el 25 de julio de 1974, el régimen había decretado prisión domiciliaria a Luis Miró Quesada de la Guerra, el histórico director del diario. Los militares se atrevieron a colocar un cerco a la casa del director, ubicada en la avenida Javier Prado.
Los puntos claves de una estrategia confiscatoria
La distribución de los diarios sería, en el discurso militar, de la siguiente forma: El Comercio (organización campesina), La Prensa (comunidad laboral), Correo (organizaciones profesionales), Ojo (organizaciones culturales), Última Hora (organizaciones de servicios) y Expreso (organizaciones educativas). Era una forma de recuperar popularidad, algo que el régimen velasquista había perdido en gran medida luego de seis años de “revolución militar”.
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Todo acto de confiscación de los medios nace del miedo y la impotencia, y del afán de controlar la búsqueda de la verdad. Eso era lo que venía ocurriendo en el Perú durante esos años. Hubo, ciertamente, muchas movilizaciones promovidas por el gobierno militar, en las que se podía apreciar pancartas, banderolas y afiches que anunciaban que Velasco era el “Chino Juan del pueblo”, entre otras cosas. Había un ambiente altamente politizado.
En un libro por los 80 años del director de El Comercio, Alejandro Miró Quesada Garland, presentado en julio de 1996 –confeccionado en base a entrevistas y artículos suyos–, se reveló un hecho muy singular: en los primeros días de diciembre de 1971, en el aeropuerto Jorge Chávez, Fidel Castro –que estaba de paso en su regreso de Chile, donde había visto a Salvador Allende– le dijo a Velasco Alvarado que fue a verlo unos minutos: “Oye chico, tú no puedes hacer la revolución con prensa libre”. Un comentario que el dictador Velasco concretó dos años y ocho meses más tarde.
En su tesis de maestría de Antropología Visual de la PUCP (2020), la periodista Pamela Loli Soto entrevistó a Alejandro Miró Quesada Cisneros, ex director del diario e hijo del doctor Miró Quesada Garland, quien detalló esos graves momentos: “Nosotros sabíamos que nos iban a tomar. Nos habían avisado. Fui con mi padre al diario a las 7 o 7.30 de la noche. Y había tranquilidad. Había gente en el hall (...). Luego nos dijeron que estaban tomando el diario y que procediéramos a retirarnos (…). En ese momento entró Cornejo Chávez, pero se quedó molesto porque él quería entrar a la sala grande, en el segundo piso, la que fue de mi abuelo (…)”.
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Sobre el tema de los campesinos, Alejandro Miró Quesada fue directo: “Eso fue un chiste, una burla, los campesinos nunca mandaron nada, o a lo mejor uno que otro artículo. Qué iban a tener espacio en un editorial. Eso me contaron a mí: los campesinos no tenían ningún manejo editorial; las cosas las decidía el Sinamos (…)”.
En la entrevista publicada en el libro de 1996, Alejandro Miró Quesada Garland, entonces de 80 años, respondió una pregunta clave: “En 1974 la dictadura militar incauta El Comercio, ¿qué sintió?”. Respondió el ex director: “Odio no. Debí sentirlo, pero no. Experimenté un sentimiento de protesta e injusticia muy grande, porque había dedicado mi vida al periódico. ¿Cuál era mi pecado? ¿Ser independiente? En ese momento nos dedicábamos a informar y opinar. Pero allí estaban los asaltantes, a la una de la mañana, como vulgares delincuentes confiscando el Diario”.
Una prueba de esas restricciones a la verdad, a la propia libertad de expresión se percibió con evidencia tras poco tiempo: fue en la cobertura periodística de los sucesos a raíz de la huelga policial, el 5 de febrero de 1975. Las protestas policiales se acallaron con suma violencia y con muchas víctimas, cuyo número aún es una incógnita.
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El diario El Comercio recibió el apoyo inmediato de la Sociedad Interamericano de Prensa (SIP) y del Instituto Internacional de Prensa (IIP), así como de numerosos diarios continentales, que se fueron sumando en el transcurso de los años, en especial se recuerda el apoyo de El Mercurio de Chile; todos ellos abogaron por la devolución de los medios.
Pero no solo el gremio periodístico expresó su rechazo; también lo hizo la propia ciudadanía que hizo sentir su protesta por este nuevo golpe de los golpistas. El 29 y 30 de julio de 1974, en grupos y en diversos lugares como en el Centro de Lima y en Miraflores, muchas personas, especialmente jóvenes exigieron el respeto a la libertad de expresión.
Los manifestantes rompieron ventanas de algunos bancos y lanzaron lemas como “¡Abajo Velasco!” y “¡Libertad de prensa!”. En la primera jornada fueron detenidos más de una decena, pero en la segunda fue medio centenar, la mayoría de ellos fueron llevados a las instalaciones policiales de “El Potao” en el Rímac.
Un país en medio de la oscuridad informativa: luego llegó la luz
Al día siguiente de los hechos, El Comercio salió a la luz con un director impuesto a la fuerza. La primera página de la mañana del 28 de julio de 1974 sorprendió a los lectores con el anuncio de una nueva “Ley de Prensa” y la confiscación del diario. Ese mismo día, el gobierno militar dio a conocer el “Plan Inca”, donde se indicaba que se requería “poner los órganos de prensa en manos de las organizaciones representativas de la nueva sociedad”.
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En el diario decano trabajaba Augusto Zimmermann Zavala, quien era el jefe de Política, un periodista de confianza para El Comercio, pero en esos años sufrió una metamorfosis tal que llegó a convertirse fácilmente en el hombre clave para asegurar la confiscación del medio. Zimmermann se transformó en el “hombre de confianza” de Juan Velasco Alvarado, y llegó a ser su secretario durante todo su gobierno. Esa deslealtad vino de la mano con el triste hecho de ver partir deportados a una gran cantidad de periodistas del diario decano.
La caída del general Velasco ocurrió pronto. El 29 de agosto de 1975 fue el “tacnazo”, y con ello el general Francisco Morales Bermúdez derrocaba a un debilitado Velasco. Pero este nuevo dictador no devolvió de inmediato los medios de prensa a sus propietarios legítimos. Lo que después vino muchos lo conocen: años de una prensa parametrada, del pueblo en protesta contra el régimen militar, donde se veía la ausencia de una prensa libre.
De esta forma, el general Morales Bermúdez se vio obligado a convocar a elecciones para una asamblea constituyente en 1977, que buscaría instaurar una nueva Constitución. Esta asamblea inició sus labores en 1978, y terminó y firmó la nueva Carta Magna en agosto de 1979.
La lucha por volver a un país con respeto a la libertad de expresión, a un país sin censuras ni mordazas, fue muy ardua. La campaña para que se devolvieran los medios duraría seis años incansables. Incluso en esos momentos previos al retorno de la democracia, en la propia Asamblea Constituyente, que presidió el aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, hubo muchas voces constituyentes del APRA y la izquierda que se opusieron a la devolución de El Comercio.
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Finalmente, convocaron a elecciones generales para la presidencia de la República y el nuevo parlamento nacional. El 18 de mayo de 1980 se realizaron los comicios, y esa misma noche en que se conocieron los resultados de las elecciones, que dieron el triunfo al arquitecto y ex presidente, Fernando Belaunde Terry, este declaró: “No pernoctaré en Palacio sin antes devolver los diarios a sus legítimos dueños”. Y así fue: el 28 de julio de 1980 dictó las disposiciones legales respectivas.
El 29 de julio de 1980, los directores de La Prensa, Última Hora, Ojo, Correo, Expreso y Extra retornaron tras la etapa de confiscación por el gobierno militar. En El Comercio, a las 10 de la mañana de aquel día regresaron a sus puestos los directores periodísticos Alejandro Miró Quesada Garland y Aurelio Miró Quesada Sosa.
Se cumplió así lo que vaticinó el ex director Luis Miró Quesada de la Guerra, entonces de 93 años, el mismo día del ingreso abrupto de los militares al diario: “¡Volveremos!”, dijo. El regreso a la democracia lo merecía.
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