Nicaragua inició ayer un proceso de consultas para elevar las multas contra las empresas que contaminen sus recursos hídricos, ya que las actuales no se corresponden con la realidad del país, confirmó la Autoridad Nacional del Agua nicaragüense.
“Voy a solicitar que se revise el monto de las multas, no para que genere dinero a la institución, pero que no genere pérdidas”, dijo el director de la ANA, Luis Ángel Montenegro, a periodistas.
Montenegro presentó sus razones para elevar las multas ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional.
Según datos de la ANA, la multa más alta para una empresa es de 57 dólares. En cambio, el proceso para hacer pagar a las compañías contaminantes le cuesta 1.000 dólares a la institución.
El presidente de la Comisión, diputado Indalecio Rodríguez, expresó su apoyo a la iniciativa de la ANA, tras reconocer que aún cuando la Ley del Agua en Nicaragua es considerada “moderna”, todavía es insuficiente.
“Vamos a hacer una campaña de monitoreo y control, de imponer sanciones por vías administrativas y penales”, aseguró Montenegro.
Nicaragua tiene una disponibilidad de agua de 38.668 metros cúbicos por persona cada año, según el Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA). Del total de agua consumida, el 83% es para la agricultura, el 14% para la industria y el 3% para uso doméstico.