El domingo 28 de mayo el Ejecutivo promulgó el decreto legislativo que autoriza al Ministerio de Educación (Minedu) y al Ministerio de Salud (Minsa) a que asuman la titularidad de la infraestructura construida por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y que puedan realizar la operación y el mantenimiento de la misma. Así, los hospitales y colegios construidos en el marco del modelo Gobierno a Gobierno (G2G) serán entregados por la ARCC a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales competentes que deberán de suscribir acuerdos con ambas carteras para que estas puedan asumir el control de los proyectos.
Una vez el Minedu o el Minsa cuenten con la infraestructura, podrán contratar a la empresa encargada de la operar y mantener las obras a través de una Asociación Público Privada (APP).
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Para licitar los proyectos ambas carteras deberán enviar a Proinversión la información sobre los niveles de servicio o estándares técnicos especiales requeridos para cada obra en particular. La agencia, por su parte, elaborará los estudios técnicos correspondientes.
La ARCC tiene un plazo de 15 días hábiles para remitirle al Minedu y al Minsa el listado de la infraestructura sectorial a su cargo en el marco del G2G. Las carteras con esa información deberán aprobar el procedimiento para concretar la recepción de los proyectos.
El convenio G2G que firmó la ARCC con el Reino Unido consta de la asistencia técnica para la construcción de 74 colegios, 18 establecimientos de salud y soluciones integrales por S/12.550 millones. Hasta finales del año pasado ya se había concluido la construcción de 21 colegios y tres centros de salud. El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023.
Reacciones
Para Ronald Fernández Dávila, socio del estudio PPU, esta medida era necesaria, pues ya se tienen infraestructuras culminadas del G2G que recién podrán operarse a través de APP.
“Es una norma positiva, pero mi crítica es que se debió hacer antes. Hoy estos proyectos van a tener que ser mantenidos por los ministerios de alguna manera, porque no vas a poder entregarlo a un concesionario de APP porque tienen que hacer el proceso con Proinversión antes de adjudicar. Lo cierto es que la norma fue aprobada tarde, pero da solución al problema que se ha discutido siempre sobre los G2G: que se entrega la infraestructura, pero no brinda operación y mantenimiento”, explicó.
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En ese sentido, propuso que este sea el camino a seguir por parte de otros G2G que están en construcción o que se firmarán a futuro.
“Al menos en la mayoría de los casos la infraestructura construida a través del G2G debería terminar siempre siendo puesta en operación y mantenimiento con una APP. En adelante se deben plantear escenarios así, en conjunto con esfuerzos para promover que los procesos de promoción sean más rápidos o simplificados”, agregó.
En el mismo sentido Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz, propuso la opción de que Proinversión lance concursos de APP simplificados para este tipo de operación de infraestructuras de servicios públicos.
“La norma de las APP ha ido fortaleciendo competencias a nivel central, pero también ha ido ralentizando procesos. Hay que repensar para ver si algunos procesos se pueden abreviar, abreviar para ver si se pueden tener proyectos de corto plazo, pero con efectos inmediatos para la población. Ese es un problema, que una cosa es que las APP tradicionales sean pensadas como operaciones a largo plazo y otra que su adjudicación en sí también lo sea”, cuestionó.
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Salinas señaló que si bien la normativa es nueva, el mercado ya tenía conocimiento de que estos proyectos podían ser lanzados a través de APP. En ese sentido, para garantizar que se presenten los mejores postores sugirió que Proinversión realizará un buen concurso en un tiempo razonable.
“Depende de que se haga un buen concurso para atraer a los más capacitados, a los que tengan más experiencia, a los que puedan dejar un ‘know how’ para procesos futuros”, indicó.
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