Comisión de Economía aplaza debate de proyecto de ley sobre reforma del sistema de pensiones

Ayer la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aplazó el debate del dictamen que reforma el sistema de pensiones. El documento recoge 27 proyectos de ley y era el único punto de la agenda del día de este grupo de trabajo.

Rosangella Barbarán, presidenta de la comisión e impulsora del dictamen, aprobó que se aplace el debate y la votación hasta una fecha posterior al 4 de junio. Ese es el último día que tendrá el Grupo de Trabajo encargado del Estudio de propuestas para el Fortalecimiento y Mejora de los Sistemas de Pensiones para entregar su informe final.

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“En este proyecto hay varias cosas que atiende el Grupo de Trabajo y en las cuales discrepamos. Por otro lado, veo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) considera no viables varias cosas que figuran en este dictamen y la ayuda memoria que ha pasado también dice que no es sostenible fiscalmente”, advirtió Jorge Montoya, titular del Grupo de Trabajo.

El parlamentario agregó que el informe final agregará propuestas para incluir a trabajadores informales dentro del sistema pensionario y que espera sean consideradas en el dictamen que se debatirá en la comisión.

Cabe recordar que el Ejecutivo tiene plazo hasta el 31 de mayo para presentar su propuesta de reforma del sistema. Montoya indicó que el Grupo de Trabajo también espera el proyecto del Gobierno para ver cuáles son las coincidencias entre ambos.

El proyecto

La propuesta busca la creación de cuentas individuales de capitalización acumulativa a favor de todos los afiliados al Sistema Nacional de Pensión, es decir, que todos los afiliados de la ONP tengan este tipo de cuentas similares a los de las AFP. Actualmente los afiliados de la ONP tienen un fondo común.

Asimismo, se ampliaría la oferta en el Sistema Privado de Pensiones, permitiendo la participación de “empresas de operaciones múltiples”, como bancos, para que ofrezcan cuentas previsionales.

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Por otro lado, de aprobarse el proyecto se destinaría el 3% del IGV de todas las adquisiciones que realice el beneficiario con su documento nacional de identidad a una cuenta de aportes complementario con fin previsional. Este porcentaje se descontaría gradualmente. En el primer año de la aplicación de la ley se aportaría el 0,5% del IGV y cada año siguiente aumentaría en 0,5% hasta llegar al 3%.

Además, se crearía un Fondo Solidario de Pensiones que tendría como objetivo coadyuvar a la obtención de una pensión mínima de aportantes de los sistemas públicos o privados. Este fondo se conformaría por el 1% del IGV pagado por las empresas, el excedente de los aportes efectuados como aporte complementario de cada afiliado, los aportes voluntarios y los demás aportes que el Estado establezca mediante ley.

La referida pensión mínima se entregaría a quienes acrediten haber aportado a su fondo durante 20 años (240 aportes), sean aportes voluntarios u obligatorios. Para acceder a ella no se deberán realizar retiros los ahorros durante la vigencia de la ley.

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En el caso de los no aportantes también habría una pensión mínima. Este beneficio se otorgaría a los mayores de 65 años que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, así como para las personas con discapacidad severa que se encuentren en esa situación económica.

La pensión mínima será determinada por el Ejecutivo, pero la específica de los no aportantes no podrá ser menor a la canasta básica mínima determinada por el INEI. En tanto, la pensión mínima de los aportantes no podrá ser menor a la pensión mínima de los no aportantes.

Reacciones

Para David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, es positivo que se tenga un dictamen sobre el cual se pueda debatir la reforma del sector. Sin embargo, advirtió que la propuesta del Congreso tiene iniciativa de gasto.

“Que se aporte el 3% del IGV es iniciativa de gasto, plantear pensiones mínimas es iniciativa de gasto. Se deben de incorporar los límites de acuerdo a un perfil de sostenibilidad fiscal”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que no se incluyan incentivos para tratar de incluir a los trabajadores informales dentro del sistema.

“Se está prestando atención y legislando al segmento que ya ha venido ahorrando en el sistema de pensiones, ese 20%-25% de la población económicamente activa (PEA) que ya aporta entre ONP y AFP. Lo que no termino de ver es que las soluciones o medidas que se están planteando para el otro 75%-80% de la PEA que son informales y no pudieron aportar. Hay que brindarles la posibilidad de que puedan ahorrar en sus cuentas los excedentes de su trabajo o que ellos puedan disponer de medios de pago como Yape, Plin y otros para que puedan ahorrar de manera inmediata. Se tienen que dar incentivos”, explicó.

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En tanto, Noelia Bernal, profesora de la Universidad del Pacífico, sostuvo que las cuentas individuales no son un buen esquema de protección social.

“Las cuentas individuales no son un buen esquema de protección social porque es como una cuenta de ahorro donde te expones al riesgo financiero y hoy la rentabilidad es muy baja. Expones al trabajador que está al borde de jubilarse a la pérdida”, comentó.

Por otro lado, advirtió que la exigencia de aportar un 3% del IGV afectaría al presupuesto del Estado.

“En este caso estamos obligando a que el Estado aporte automáticamente solidariamente y es plata que estará ahí dormida entre 30 y 40 años cuando nuestro país necesita ese dinero. El costo de oportunidad es altísimo, se le está quitando recursos al Estado”, remarcó.