Rappi: cómo la huelga de repartidores refleja los vacíos de un sector sin regulación | ANÁLISIS

Asimismo, se quejaron por la forma de pago en la entrega de múltiples pedidos.

“Hemos observado con preocupación cómo por pedidos dobles o hasta triples el pago no corresponde a las distancias recorridas, es por ello que pedimos sean aclaradas esas inquietudes. Y más que ser aclaradas, que se realicen los pagos adecuados en virtud a cada pedido y su respectiva distancia”, se leyó también en el documento.

Según la cuenta de Twitter “Observatorio Plataformas Perú”, recientemente Rappi abrió la opción de realizar “envíos económicos”. Esta permitía que el usuario de la aplicación se ahorrara el costo del envío de un pedido siempre que permitiera que el repartidor realizara algunas paradas adicionalmente antes de entregarlo. Esto propició que los ‘deliveries’ realizaran entre dos y tres pedidos recibiendo a cambio el pago por un solo ‘delivery’.

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En respuesta, Rappi indicó a través de un comunicado que se efectuaron pagos errados sobre un conjunto de órdenes, lo que generó confusión.

“Respecto a las manifestaciones de [ayer], queremos comunicar que estas se deben a un ajuste realizado sobre un conjunto de órdenes que fueron mal pagadas, comunicación que lamentablemente generó una confusión en un número de repartidores”, explicó la empresa.

El Comercio buscó una entrevista con Rappi, pero desde el área de comunicaciones indicaron que de momento su único pronunciamiento sería el referido documento.

Un sistema sin regulación

Tanto Rappi como otras empresas que ofrecen servicios por aplicativos (desde PedidosYa hasta los aplicativos de taxi o ‘marketplaces’) son modelos de economía colaborativa, es decir, un modelo económico en el que los usuarios utilizan las nuevas tecnologías para prestar, comprar, o vender bienes y/o servicios.

En el Perú no existe una legislación que vincule laboralmente a quienes realizan los servicios de las aplicaciones, por lo que se les considera como trabajadores independientes. Esto implica que estas personas no cuenten con un salario fijo ni con beneficios sociales como un seguro de salud, pensiones o gratificaciones.

"En el caso de Rappi, la plataforma no considera al repartidor como un trabajador, no lo puede obligar a trabajar todos los días o a determinada hora, en consecuencia no hay salario"

“No es un trabajo corriente en el que se tiene que laborar cuatro horas, ocho horas. Es un trabajo en el que no se tiene un tiempo establecido. Desde ahí no hay una relación laboral. Tú te registras como repartidor y realizas el servicio cuando estés disponible. Por eso tampoco hay subordinación. En el caso de Rappi, la plataforma no considera al repartidor como un trabajador, no lo puede obligar a trabajar todos los días o a determinada hora, en consecuencia no hay salario. El ingreso que se recibe es lo que paga la persona para que realices el servicio”, detalló Fernando Allasi, asociado senior en Osterling Abogados.

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Al no haber restricciones para que una persona brinde sus servicios a través de una aplicación, se propicia que una serie de trabajadores independientes se sumen al sistema peruano. Por ejemplo, Rappi aseguró en su comunicado que cuenta con alrededor de 12 mil repartidores en nuestro país. En un comunicado dirigido a este Diario, PedidosYa, competidor de Rappi, afirmó tener más de 6.500 ‘deliveries’.

Para Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú, esta situación representa un riesgo porque en el país hay una tasa muy alta de informalidad (el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo estima que un 76% del total de la población económicamente activa lo es). Entonces las personas incluidas en el modelo colaborativo se sumarían al segmento de trabajadores informales como individuos que no cuentan con un seguro de salud.

“Este modelo se caracteriza por generar trabajo independiente. Si lo sumamos a los altos niveles de informalidad, da un número importante de personas que no tienen acceso a seguridad social”, indicó.

En ese sentido, sugirió que el Congreso pueda debatir las propuestas de las parlamentarias Adriana Tudela y Susel Paredes al respecto.

“El proyecto de Paredes busca que todos los repartidores pasen a planilla por tiempo indeterminado, lo que iría en contra del propio interés de los repartidores que quieren trabajar en un momento o en unos días. El otro, de Adriana Tudela, reconoce la independencia de las personas, pero se les otorga una protección en forma de seguros, provisional, para que por más que no sean trabajadores, tengan derechos sociales”, explicó.

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Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, coincidió en que el proyecto de Tudela debería de ser debatido, pero consideró que debería delimitarse a quiénes se les aplicaría el beneficio y a quienes no.

“El proyecto de ley de [la congresista] Tudela es el punto medio entre no hacer nada en un extremo y que la ley declare que un repartidor es un trabajador. En este caso se deberían considerar algunos derechos sociales. Pero, esto debería darse si [el repartidor es] dependiente económico de esta empresa, es decir, cuando más de la mitad de los ingresos [de un repartidor] provienen de tu actividad en el aplicativo”, afirmó.

Asimismo, resaltó que normativamente se debería de hacer una ley de protección social para todos aquellos dependientes económicos que presten servicios a través de plataformas digitales.

“Si trabajas diez días al año no eres trabajador de la empresa. La salida -no solo para este caso, sino también para el de aplicativos como Uber, o cualquier empleo similar- es que se den los derechos de protección sociales para que, por ejemplo, tampoco te puedan cerrar la cuenta del aplicativo o ponerte en una lista negra por reclamar”, remarcó.

"Lo que pueden hacer para no regular sobre hechos que ya existen es que voluntariamente plataformas como Rappi y otros otorguen beneficios sociales"

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En cambio, Allasi sugirió que fueran las propias plataformas las que otorguen los beneficios sociales voluntariamente.

“Lo que pueden hacer para no regular sobre hechos que ya existen es que voluntariamente plataformas como Rappi y otros otorguen beneficios sociales. Esto se puede hacer si en el porcentaje que el repartidor cobra por su servicio, se incluye un seguro que esté activo mientras dure el traslado. Estamos hablando de un modelo nuevo en el que puede generarse este servicio”, indicó.

PedidosYa

El Comercio se comunicó con PedidosYa y solicitó su postura institucional sobre la huelga y reclamos de los repartidores de Rappi. Pamela Vidal Alvarez, gerente senior de Asuntos corporativos de la empresa aseguró que se encuentran a favor de una regulación que reconozca el trabajo independiente de los ‘deliveries’.

No se respondió directamente a la consulta sobre si consideran que ellos podrían tener un riesgo similar, pero indicó que mantienen “comunicación constante” con los repartidores y que brindan facilidades y beneficios económicos para que puedan adquirir planes de telefonía, combustible, reparación de bicicletas o motos para que continúen con su actividad.

Actualización

Luego de que se publicara este informe, Rappi envió un comunicado a este Diario. En él señaló que “el repartidor independiente recibe el 100% de la propina pagada por el usuario/consumidor. Rappi no recibe ningún porcentaje de la misma”. La empresa no se refirió al porcentaje que reciben por los tramos recorridos o cantidad de pedidos entregados por viaje.

Asimismo, aseguró que los repartidores tienen canales de comunicación para que den ‘feedback’ y una página web donde pueden acceder a beneficios. Entre ellos cuentan con un seguro contra accidentes, financiamiento de motos, descuentos en combustible por una “reciente” alianza con Primax, acceso a historial crediticio en alianza con Abaco, descuento en el mantenimiento de vehículos, entre otros. Luego de ser consultado sobre el tiempo desde que están vigentes los beneficios, la empresa indicó que estos “se han venido implementando desde nuestro inicio de operación hasta la fecha”.