El viernes pasado el Pleno del Congreso aprobó los créditos suplementarios por S/5.447 mil millones que solicitó el Ejecutivo. Este monto se utilizará para financiar hasta el 31 de diciembre gastos asociados a reactivación económica y la atención de la emergencia del Fenómeno de el Niño (FEN). De dicho total, más de S/614 millones se destinarán para 128 proyectos rápida ejecución.
En total 20 regiones tendrán proyectos, siendo Cajamarca la que lidera la lista con 17 obras que requerirán una inversión de S/92,5 millones. Le siguen Huancavelica y Cusco con S/67 millones en 12 obras y S/61 millones en otras nueve, respectivamente. También destaca Ucayali con 19 proyectos asignados, pero con una inversión acumulada de S/22,8 millones.
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Las obras, al ser de rápida ejecución, tienen valores menores a los S/20 millones. La más cara es el mejoramiento de los servicios educativos de nivel inicial, primaria y secundaria de la Institución Educativa Integrada de Ayabamba, Cusco, que requerirá S/18,6 millones. Le siguen la creación del servicio de protección contra inundaciones, margen derecho e izquierdo del Río Quio Mayo, y la instalación del servicio de agua potable y letrinas en las localidades de Yanapampa, Shancay, Huamparin, Puponcocha, San Antonio de Jeccho y San Pedro de Kilog, ambas en Huánuco, con un valor de S/15,3 millones y S/14,4 millones, respectivamente.
Cabe recordar que el debate para la aprobación del proyecto de ley se extendió por más de 12 horas. Respecto a la primera versión del mismo se incluyeron nueve obras adicionales con una inversión total de S/68 millones. Seis de ellas, por S/47,7 millones, fueron destinadas para la instalación o el mejoramiento de los servicios de agua potable en cinco regiones (repitió Cajamarca con dos proyectos por S/11,5 millones). Las tres restantes fueron destinadas a infraestructura vial de Piura, Lambayeque y Amazonas, por S/20,8 millones.
Reacciones
Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, la elección de proyectos específicos antes de la aprobación del crédito suplementario tiene un trasfondo político.
“Se supone que el crédito se solicita para la reactivación, pero se ha prestado a que los congresistas metan todo tipo de proyectos y hay una lectura de apoyos políticos partidarios al Gobierno. No se sabe a cuenta de qué, pero asumo que es para que [el Ejecutivo] esté tranquilo con el Congreso. Yo veo un manejo político del presupuesto”, indicó.
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Por otro lado, advirtió que si la finalidad del Ejecutivo era mover la aguja macroeconómica, las iniciativas de rápida ejecución no serían las adecuadas.
“El monto asignado es muy pequeño, es 0,5% del PBI. Y no todo se va a ejecutar por los plazos, por más que quieran. Esto no es un impulso fiscal enorme. El financiamiento está supliendo la incapacidad de gasto que se ha visto. Pero, si bien no es un impulso de gran magnitud, no creo que perjudique al país”, resaltó.
En el mismo sentido, Carlos Casas, exviceministro de Economía, aseguró que las obras dinamizarán pequeñas economías regionales, pero tampoco tendrá efectos significativos a gran escala.
“Si hay una economía local muy vulnerable, una inversión sería significativa para ellas, pero ahí queda. No moverá la aguja macroeconómica. Hay proyectos de veredas, mejoramiento de colegios, igual de establecimientos de salud, también para tratar de poner defensas ribereñas para que puedan resistir las lluvias. Para solucionar el macro se deben de mejorar las expectativas, no estas obras”, señaló.
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Un mejor motor para la recuperación sería impulsar grandes proyectos paralizados, como Majes Siguas II y Chavimochic III. El Comercio publicó en setiembre que el destrabe de ambos proyectos representaría una inversión de US$950 millones solo en infraestructura.
“Las obras de rápida ejecución tendrán algún efecto dinamizador, pero es más importante pensar en cómo reactivar o destrabar grandes obras que ya existen y están demoradas. Reactivar Majes Siguas II o Chavimochic III tendría un efecto más grande en la economía. También acelerar la construcción del Aeropuerto de Chinchero. Eso tendría un efecto más grande en el pbi y en la confianza de los inversionistas”, afirmó Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.
Por su parte, Casas agregó que también la adjudicación de Asociaciones Público-Privadas (APP) serviría para mejorar la confianza del mercado.
“Se debe impulsar los proyectos de APP. Se tiene el Anillo Vial Periférico [con una inversión de US$2.380 millones]. Incluso anunciarlos puede servir para recuperar la confianza”, concluyó.
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