Un nuevo conflicto minero se perfila en Huancavelica. Alrededor de tres mil pobladores del distrito de San Pedro de Coris iniciaron el pasado 11 de noviembre una huelga indefinida para exigir la venta o cierre definitivo de la mina Cobriza (Doe Run) y el retiro de lo que ellos denominan una ‘seudoempresa’, que estaría extrayendo el mineral de forma ilegal.
En esta línea, los comuneros procedieron a retener por la fuerza cinco volquetes cargados con concentrados de cobre y plata por valor de cerca de US$500 mil.
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En un comunicado conjunto remitido ayer, las comunidades de Coris, Expansión Cobriza, Pampalca y Machahuay amenazaron con radicalizar su medida de fuerza si el Gobierno no brinda una solución a sus demandas.
“Somos cuatro comunidades cercanas las que demandamos que nos presten atención. Caso contrario, vamos a hacer la toma de la mina”, advirtió a este Diario el presidente de la comunidad de Pampalca, Rolando Huarachi.
El dirigente aseguró que su intención no es protagonizar actos de violencia como los ocurridos recientemente en Ayacucho (incendio de la mina Apumayo), pero que se verán obligados a ello si “el Gobierno así lo permite”.
Precisó que sus demandas se resumen en dos. Una, es la solución definitiva al problema de desempleo que sufre el distrito por la paralización de Cobriza tras el derrame de la relavera, ocurrido en 2019.
Y otro, es la devolución del mineral explotado por Corporación Minera Cobriza (CMC), empresa integrada por exdirigentes de Doe Run Perú, la cual explota la mina desde octubre pasado en virtud de un contrato de arriendo firmado con el liquidado concursal Alta Sierra.
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Los comuneros dicen estar descontentos porque CMC sólo emplea a un 20% de la fuerza laboral de Cobriza, la cual está conformada, casi en su totalidad, por pobladores de la zona.
Sostienen también que la empresa no cuenta con autorización para explotar la mina, pues la Sunarp rechazó (tachó) su inscripción en el registro de minería.
Ello, debido a que Doe Run, estando sometida a una liquidación ordinaria desde el 18 de noviembre de 2020, tiene impedimento legal, conforme a la Ley de Minería, para celebrar contratos de cesión de derechos.
MESA DE DIÁLOGO
Por tales razones, piden al Gobierno la conformación de una mesa de diálogo para que el Gobierno les explique porque no puede venderse la unidad minera y por qué esta sido alquilada.
“Solo pedimos que Cobriza se venda a una empresa que tenga solvencia económica y que pueda cumplir con las comunidades, y con la mina, que necesita exploración y desarrollo”, señaló Huarachi.
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Cabe precisar que CMC es dirigida por ex funcionarios y personas vinculadas antiguamente a Cobriza, como Rocío Chávez, ex liquidadora concursal de Doe Run Perú (Right Bussiness), y Fernando del Busto, exgerente de finanzas de la misma empresa.
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