Las cosas se han complicado bastante con la segunda ola del COVID-19. La capacidad sanitaria del país está copada, las camas UCI se cuentan con los dedos y la positividad de pruebas va en aumento. No es raro, entonces, que este mes el Ejecutivo haya anunciado nuevas medidas para contener el avance del virus.
En esa línea, el pasado 13 de enero la primera ministra Violeta Bermúdez instó a la población a seguir con la modalidad de trabajo no presencial siempre que se pueda para minimizar el riesgo de contagio. “Invocamos a continuar, en la medida de lo posible, con el trabajo remoto porque todo ello evita la aproximación física y las aglomeraciones”, dijo la premier.
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Y, sin embargo, parece que su pedido no llegó a muchas entidades del Estado. La semana pasada, por ejemplo, dos trabajadores del Ministerio de Vivienda fallecieron tras contraer el virus. Ambos se encontraban realizando labores presenciales en la sede central de esa cartera y al menos uno pertenecía a grupos de riesgo.
Si bien no se ha determinado que estas personas se hayan contagiado en las oficinas del ministerio, el gremio de trabajadores del sector Vivienda señala que hasta el momento se cuentan aproximadamente 17 casos de coronavirus en esa sede.
A favor del ministerio, ellos afirman que cada trabajador en situación de riesgo firma una declaración jurada para poder volver al trabajo presencial. Pero, ¿es esto suficiente para creer que el Estado está haciendo lo posible por promover que su personal trabaje de manera remota?
Las cifras de Servir demuestran que no. Y es que, si entre abril y setiembre del año pasado el 33% de servidores públicos se encontraba realizando trabajo remoto, para el último trimestre del 2020 la cifra se redujo a 25%.
Esto no sorprende al ver que, por ejemplo, el plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19 preparado en el Ministerio de Trabajo considera que apenas cuatro de los 1.266 puestos en esa cartera son de riesgo alto. Es decir, a ojos del ministerio, el 99,7% de los más de mil empleados que normalmente atienden “a más de 4.000 usuarios diariamente” en sus oficinas ubicadas al lado del Ministerio de Salud realizan trabajos que no los exponen a casos sospechosos.
La valla se encuentra igual de baja en otras entidades del Estado. La semana pasada, tras una visita al Fondo Metropolitano de Inversiones de la Municipalidad de Lima (Ivermet), el parlamentario Daniel Olivares constató que el local estaba lleno de trabajadores administrativos que no eran conscientes del aforo máximo. Peor aún, para reducir el número de empleados presentes, algunos se escondieron en el comedor del edificio.
En el caso del Poder Legislativo, la cosa tampoco pinta bien. Luego de un incremento en el número de contagios, la Mesa Directiva ha tenido que pedir a los congresistas aplicar el trabajo remoto para todo su personal “salvo situaciones absolutamente excepcionales”. Pese a ello, el último viernes el legislador Orestes Sánchez organizó una reunión presencial para orar “por la salud y bienestar de los servidores del Congreso”.
Lo más grave es que la lista sigue y es bastante larga. Según informó el congresista Olivares, solo en una semana ha recopilado cerca de 260 denuncias de incumplimiento de protocolos o aforos y de trabajadores públicos que trabajan presencialmente cuando podrían hacerlo a distancia.
Así las cosas, es evidente que el sector público no está haciendo todo lo que está en sus manos para cuidar a sus trabajadores en esta pandemia. Lo malo es que, a diferencia del sector privado, al Estado no le va a caer la Sunafil a cerrarles el local y multarlos si es que no cumplen con las normas sanitarias y de aforo que ellos mismos pusieron.
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