Ejecutivo aprueba medidas tributarias que incrementarán la recaudación hasta en S/2.000 millones al año

Como parte de la delegación de facultades para legislar en materia tributaria, otorgadas por el Congreso de la República, el Consejo de Ministros aprobó seis decretos legislativos, algunos de los cuales permitirán aumentar la recaudación hasta en S/2.000 millones al año, a partir del próximo año, estimó el viceministro de Economía, Alex Contreras.

“Hay impuestos de periodicidad anual y trimestral [que se han revisado]. Entonces, estamos empezando con un grupo de decretos legislativos para que puedan implementarse a partir del próximo año”, manifestó el funcionario.

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Contreras destacó que dentro de las medidas que buscan ampliar la base tributaria y generar mayores ingresos para el Estado está la modificación a la norma del Impuesto a la Renta que pagan los extranjeros por las rentas que generan en el país (Ley del Impuesto a la Renta sobre las rentas netas presuntas de fuente peruana que perciban los no domiciliados), que tiene como propósito incentivar la declaración de rentas, así como la formalidad.

Esto a partir de la problemática que se genera en el sector de la pesca atunera. Según el Ministerio de Economía (MEF), al no existir flota peruana suficiente para esta actividad, las embarcaciones extranjeras extraen dichos recursos en el mar peruano y deben pagar el 30% del ingreso bruto si lo venden dentro del país . De acuerdo con el MEF, esta situación desincentiva la compra del atún por parte de empresas peruanas porque lo encarece y fomenta la informalidad en su venta, así como en su posterior fabricación y comercialización de conservas.

Así, el Ejecutivo aprobó modificar la tasa del 30% a 2,7% de los ingresos brutos. “Esto, va a generar que las empresas extranjeras le puedan vender recursos a las empresas peruanas, de forma que no afecte la producción de conservas de atún”, indicó Contreras.

El funcionario indicó que la otra modificación en la legislación tributaria, que entrará en vigencia el próximo año pertenece a la Ley de Tributación Municipal y de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. Entre estas destacan elevar el rango de ley a la acreditación de no adeudo tanto del Impuesto Predial como del Impuesto al Patrimonio Vehicular.

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También, entre las modificaciones a las normas tributarias se les ha permitido a las municipalidades que puedan subir el Impuesto Predial y Arbitrios vinculados con la habilitación urbana nueva y edificación al término del plazo de vigencia de la licencia correspondiente.

“Muchas empresas y personas que querían construir solicitaban una licencia y culminada esta debían ir a la municipalidad y explicar que ya habían construido, para que la autoridad modifique la nueva base de impuestos. Lo que se estamos haciendo es que de manera automática, cuando la persona solicite una licencia para construir, concluida esta, la municipalidad haga el ajuste de la base imponible para el pago del Impuesto Predial”, explicó Contreras.

“Esto permitirá captar recursos de actividades que deberían pagar impuestos un poco más altos, pero que por problemas en la legislación no se daban”, enfatizó el funcionario.

Asimismo, con el mismo objetivo, el Ejecutivo aprobó modificaciones en la aplicación del Impuesto al Patrimonio Vehicular. Una práctica elusiva, según Contreras, es la figura del uso por reserva de propiedad de los vehículos para evitar el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular y con las normas aprobadas por el Ejecutivo se está corrigiendo esta mala práctica.

Por último, indicó que se están incluyendo dentro del ámbito del Impuesto al Patrimonio Vehicular a los vehículos remolcadores o tracto camiones, así como de exonerar el pago de este impuesto a los propietarios cuyos vehículos fueron robados.

Todo este paquete de medidas, según Contreras, si bien tendrán un impacto más acotado frente a lo que inicialmente el Ejecutivo solicitó al Congreso para legislar en materia tributaria, permitirá aumentar la recaudación entre S/1.500 millones y S/2.000 millones.

“Esto es una estimación preliminar. Va a depender del avance de las normas y de cómo se implementen”, manifestó Contreras.

Beneficios tributarios

Otras de las medidas aprobadas por el Ejecutivo es la extensión de beneficios tributarios a los sectores acuícola y forestal y de fauna silvestre.

Contreras recordó que el año pasado se derogó la Ley de Promoción Agraria y con ello se derogaron los beneficios que gozaban tanto el sector acuícola como forestal y de fauna silvestre, pese a que ambos sectores tienen mucho potencial para ser motores de la economía.

Así, sobre la base de la experiencia exitosa del sector agroexportador, el Ejecutivo aprobó fijar tasas reducidas del Impuesto a la Renta y una depreciación anual del 20% a ambos sectores.

En el caso del Impuesto a la Renta, se plantea para estas actividades reducir la tasa del Impuesto a la Renta por un plazo de 9 años (del 2022 al 2030) a las empresas con ingresos netos de hasta 1.700 UIT (S/7,7 millones).

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En tanto, para las compañías con ingresos superiores a las 1.700 UIT se establecen tasas escalonadas del Impuesto a la Renta, que van del 15% en el primer año (2022), 20% en el segundo y tercer año (2023-2024) y 25% en el cuarto, quinto y sexto año (2025-2027). A partir del 2028, las tasas del Impuesto a la Renta serán similares al Régimen General.

“Estas normas se dan con el espíritu de fomentar la inversión privada en estos sectores en que el país cuenta con mucho potencial”, dijo Contreras.

“El objetivo es que en los siguientes años esto genere incentivos a la reinversión, así como mejoras a través de las mesas ejecutivas para diversificar las fuentes de crecimiento del país”, añadió.

IGV y estabilidad tributaria

Otra de las normas tributarias aprobadas están vinculadas con uniformizar el costo de los convenios de estabilidad tributaria y prorrogar las exoneraciones del IGV, que según Contreras busca reducir el impacto regresivo que tiene este tributo, en particular en los segmentos de la población más vulnerable.

“Estamos uniformizando el trato a los inversionistas y estamos incluyendo para todas las empresas que estén en el Régimen General esta sobretasa del 2%. Esto no va a impactar negativamente la inversión privada. [...] Son convenios que se establecieron cuando el Perú no era el de hoy. Hoy somos un país mucho más estable con mucha predictibilidad. En ese sentido, lo que estamos haciendo es homogeneizar el trato a los inversionistas”, concluyó.

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