Ayer, la agencia Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Chile desde “A” a “A-” en respuesta a un debilitamiento de las finanzas públicas. Según se recuerda, la última vez que la clasificadora bajó dicha calificación para el país del sur fue en el año 2017.
“La rebaja refleja el deterioro de las finanzas públicas a raíz de las presiones de la gente para que se aumente el gasto social tras las protestas generalizadas de octubre y noviembre de 2019, que se han visto agravadas por la recesión económica precipitada por la pandemia de coronavirus”, manifestaron desde Fitch.
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Al respecto, ¿qué alertas se podrían generar para Perú a raíz de lo acontecido en Chile?
A decir de Guillermo Arbe, gerente de Estudios Económicos de Scotiabank, lo que está sucediendo en Chile con esta calificación “no es sorpresa”.
“Se sabe que las clasificadoras de riesgo están mirando en toda la región [ya que] ha cambiado el panorama fiscal”, expresó en conversación con El Comercio.
No obstante, pese a que represente un llamado de alerta, el especialista considera que Perú tiene sólidos fundamentos macroeconómicos a diferencia de sus pares en la región.
“No va a bajar la clasificación tanto como para que sea un riesgo para el país, por lo menos no en lo previsible; porque nuestra situación fiscal se ha deteriorado pero no como para que sea una reducción significativa”, apuntó.
En tanto, el economista principal del BBVA Research, Hugo Perea, recordó que cuando “uno pierde calificación crediticia, nos cuesta a todos”.
“Cuando salgamos a pedir [dinero] prestado al exterior –y lo vamos a hacer porque los déficits en los que vamos a incurrir este, el próximo y el subsiguiente año, son grandes– […] el costo del endeudamiento le va a salir mayor”, afirmó.
En línea con ello, el economista enfatiza que la siguiente administración en el Perú –tras la salida del actual presidente, Martín Vizcarra– tendrá que enfocarse en recuperar el espacio fiscal además de asegurar sostenibilidad de las finanzas públicas.
“Hoy, no es el momento de estar diseñando ese tipo de medidas; hoy, es el momento de dar estímulo y hacer que la actividad se recupere”, resaltó. “Lo que [Fitch] está diciendo es que se requieren medidas concretas y eso significa, leyendo bien, incremento de ingresos fiscales”, anotó.
Así, subrayó también que las nuevas autoridades deben evaluar qué opciones se pueden considerar para “incrementar los ingresos fiscales, reducir el déficit y evitar que la sostenibilidad de las finanzas públicas se complique”.
Sobre el mismo punto coincide Arbe, quien señala que será importante la actitud que tome el próximo gobierno para reducir el impacto negativo que dejará el COVID-19.
“La clave va a ser cómo lo va a enfrentar el próximo gobierno y cómo lo vamos a enfrentar como país a partir de 2022. Si a partir de ahí seguimos con un deterioro fiscal, entonces eso podría cambiar la situación”, sostuvo.
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