Ineficiencia en inversión pública: evaluación revela 73 proyectos con serios sobrecostos

A pesar de que el presupuesto para inversión pública ha pasado de S/3.000 millones en 2004 a más de S/56.000 millones en 2024, el Perú mantiene importantes brechas en infraestructura y servicios básicos que limitan la capacidad de desarrollo de sus ciudadanos. Esto confirma la urgencia de conocer cómo gestionan sus recursos las entidades encargadas de la inversión pública, más allá del avance en la ejecución. Porque no necesariamente el que gasta más, gasta mejor.

En respuesta a ello, Videnza ha desarrollado el Índice de Eficiencia en la Inversión Pública, que brinda una visión más completa sobre la eficiencia en la gestión de inversión pública en Gobiernos regionales (IREI) y en municipalidades provinciales y distritales (ILEI).

El ILEI, al 30 de junio de 2024, evaluó 872 municipalidades en tres grupos: 196 provincias, 639 distritos a nivel nacional -sin considerar Lima-, y 37 distritos de la provincia de Lima.

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En los tres primeros puestos se ubican Callao, San Martín y el Santa, que destacan por su relativo buen desempeño en indicadores como retraso de proyectos y obras paralizadas. Por el contrario, los últimos lugares los ocupan Huancavelica, Cañete y Huancayo, que muestran deficiencias en incumplimiento en la programación y sobrecarga de proyectos.

Como en anteriores ediciones del ILEI, vemos que al interior de cada provincia los resultados de los 10 indicadores analizados muestran gran variabilidad. Así, por ejemplo, en el caso del Callao, que ocupa el primer lugar en el ranking, se observa que, si bien en indicadores como sobrecosto de proyectos y obras paralizadas ocupa los primeros lugares, en otros como el de transparencia de proyectos ocupa el puesto 22, pues al 30 de junio solo había cumplido con actualizar la información del 22% de sus proyectos.

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Vemos algunas provincias con avance en su ejecución que superan el 40%. Es el caso de Utcubamba (Amazonas), Lima Metropolitana o San Martín. No obstante, estas provincias no son las mejores posicionadas en el ranking, pues presentan deficiencias importantes en otros indicadores tales como sobrecosto y costo promedio de proyectos.

Así, la provincia de Utcubamba reportaba un avance en ejecución de 82%, pero apenas alcanza el puesto 11 en el ILEI. Esto porque en obras paralizadas se ubica en el puesto 22 (39% de su cartera paralizada); y en cierre de proyectos en el puesto 25 (liquidan tan solo el 7% de sus proyectos).

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De los 10.416 proyectos considerados para el análisis de estas provincias, 1.013 requirieron recursos adicionales a los estipulados en sus expedientes técnicos. Esta demanda de fondos va desde menos del 1% en provincias como San Martín, Callao o Coronel Portillo, a casos como Mariscal Nieto (Moquegua) o San Román (Puno), con sobrecostos de 33% y 57%, respectivamente.

Preocupa también que, en las provincias de San Román, Mariscal Nieto y Cusco, por cada 4 proyectos en ejecución, por lo menos uno exhibe un sobrecosto de más del 50%. En total, se contabilizan 73 proyectos con esa condición en las tres provincias.

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La liquidación formal de un proyecto es crucial por dos razones. Primero, porque permite que los activos generados una vez finalizada la ejecución física de las inversiones puedan entrar en la fase de funcionamiento. Esto es esencial para proporcionar servicios públicos y, en consecuencia, acelerar el cierre de brechas sociales.

Segundo, la liquidación de una inversión permite que esta sea retirada de la cartera de proyectos en ejecución de una municipalidad, lo que ayuda a mantener una cartera de inversiones más realista. Esto, a su vez, facilita una planificación y programación de inversiones más eficiente y óptima.

El problema de la baja liquidación de los proyectos terminados aplica también a las provincias más pobladas del país. Tan solo Tacna y Coronel Portillo han conseguido liquidar más de la mitad de sus proyectos. Por el contrario, las provincias de Pasco, Lima, Huancayo, Utcubamba e Ica liquidan aproximadamente 1 de cada 10 proyectos terminados.

Entre estas la peor posicionada es Ica, que solo liquidó 25 de sus 526 proyectos terminados. En otras palabras, por cada 100 proyectos activos liquidó 4.

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Los resultados del ILEI revelan grandes diferencias en la capacidad de gestión de recursos entre provincias. Mientras algunas, como Callao y San Martín destacan en el índice, otras con mayor capacidad instalada como Lima Metropolitana o Trujillo, se ubican en la parte baja, lo que confirma la necesidad de mejoras en la gestión de la inversión pública.

Es crucial fortalecer la planificación y gestión a nivel local para cerrar brechas y mejorar el bienestar de la población.

Finalmente, aunque los resultados no son responsabilidad exclusiva de los alcaldes actuales, recae en ellos la tarea de mejorar el desempeño de sus provincias.