La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) cuestionó la decisión de la Municipalidad de La Molina de no permitir el funcionamiento del centro comercial Portal La Molina, de propiedad de Cencosud, pues consideró que dicha medida es una “arbitrariedad” y un “atentado contra los principios de seguridad jurídica y predictibilidad de inversiones”.
A través de un comunicado, Comex remarcó que el centro comercial Portal La Molina cuenta con todas las autorizaciones necesarias para iniciar sus operaciones, pero que “se le pone trabas” para obtener su licencia de funcionamiento. Aseguró que esta situación afecta la generación de empleo en el país.
“La arbitrariedad con la que viene actuando el municipio de La Molina, poniendo trabas en el desarrollo de los procedimientos destinados a obtener la licencia de funcionamiento del centro comercial Portal La Molina, es un atentado contra los principios de seguridad jurídica y predictibilidad de inversiones consagrados en nuestra Constitución y que genera no solo un gran perjuicio económico, sino que niega la posibilidad de generación de puestos de empleo en un contexto donde se requiere reactivar la economía”, expresó la entidad.
“El centro comercial Portal La Molina, que cuenta con todas las autorizaciones necesarias para iniciar sus operaciones, ha demandado hasta ahora una inversión mayor a los US$ 100 millones, generado más de 1,500 puestos de empleo directo e indirecto y habría significado alrededor de S/ 578 mil en tributos anuales al municipio de dicho distrito. Pese a ello, se le pone trabas para obtener su licencia de funcionamiento”, agregó.
Comex Perú remarcó “no puede pasar por alto este atropello” e hizo un llamado a las más altas autoridades del país para “mediar en este caso y hacer que se respete la institucionalidad”, ya que “afecta negativamente la actividad empresarial y las inversiones”.
“En un contexto donde urge recuperar la confianza empresarial y la inversión privada como motor de crecimiento económico, le corresponde al Gobierno nacional redoblar sus esfuerzos para garantizar el Estado de Derecho, la predictibilidad y seguridad jurídica; por ello, se hace necesaria la intervención del Poder Ejecutivo para destrabar esta puesta en operación”, expresó.
También exhortó al Congreso de la República a poner a debate en el Pleno el proyecto que permitirá regular las facultades y competencias de las autoridades municipales “para así evitar cierres abusivos y desproporcionados de negocios y caer en la arbitrariedad de los inspectores municipales”.
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