Cada 12 de octubre se conmemora el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. En el Perú, más de cinco millones de peruanos se autoidentifican como parte de una comunidad indígena u originaria. Lamentablemente, estos peruanos suelen vivir en situaciones precarias debido al limitado acceso a servicios básicos y oportunidades que afrontan. Y ahora, la pandemia no solo ha revelado la gravedad de las brechas existentes, sino también ha profundizado la carencia de servicios básicos de estas comunidades.
¿DÓNDE ESTÁN Y QUÉ NECESIDADES TIENEN?
Actualmente, en el Perú tenemos 55 comunidades indígenas, que habitan en más de 8.900 localidades. De ellas, el 93% habita en la Amazonía y el otro 7% en los Andes. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, más de la mitad de estas comunidades se concentran en las regiones de Loreto (18,3%), Puno (15,3%), Cusco (12,6%) y Ayacucho (8,1%). Si bien nuestro país se jacta de contar con una gran diversidad tanto en recursos como en cultura, las comunidades indígenas son, probablemente, uno de los grupos más desatendidos por el Estado.
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Según la Organización de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza. Esto se alinea con lo observado en nuestro país, donde dos de cada diez hogares no disponen de alumbrado eléctrico. Además, casi el 30% de hogares no cuenta con acceso a agua potable mediante una red pública y, por si eso fuera poco, una de cada cinco viviendas tiene como servicio de desagüe un pozo ciego (INEI, 2017).
Pero eso no es todo, el acceso al mercado laboral también es bastante limitado. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el ámbito mundial, el 86% de las personas con ascendencia indígena trabaja en la informalidad. El problema es mucho más profundo con las mujeres, pues la probabilidad de que una mujer indígena pertenezca al sector informal es 26 puntos porcentuales más alto que la de su par no indígena. Esto implica condiciones laborales deficientes, bajos salarios y ausencia de protección social.
En términos de educación, también se tienen cifras alarmantes. Según la Encuesta Nacional de Hogares, al 2018, el 10% de la población indígena es analfabeta (16% en el caso de las mujeres). Asimismo, según el último censo nacional, cuatro de cada diez hogares poseen un televisor en casa y solo uno de cada cuatro quechuahablantes tiene acceso a Internet (INEI, 2017). Debido al contexto actual, se proyecta que más de 260 mil niños quechuahablantes no podrían acceder a la educación a distancia por este medio.
LA PANDEMIA
En temas de salud, el panorama también es desolador. Así, un reto importante por el lado de la oferta es el de los recursos humanos. Regiones como Loreto, Puno y Cusco –que son las que concentran la mayor cantidad de comunidades indígenas– tienen entre 18 y 26 especialistas en salud por cada 10 mil habitantes, aun cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda tener 44,5 para lograr una buena capacidad de respuesta sobre la demanda de servicios de salud de la población. Asimismo, según el Censo Nacional 2017, solo el 32% de comunidades cuenta con establecimientos de salud, de los cuales 92% son postas sin personal médico.
A la actualidad, según la Red Eclesial Panamazónica (Repam), se han registrado más de 180 mil casos confirmados por COVID-19 en la Panamazonía peruana y más de 2.500 fallecidos. Es decir, dos de cada diez casos de contagio registrados en el Perú corresponden a regiones que albergan más comunidades indígenas. Sin embargo, estos datos no son concluyentes, pues para el antropólogo Rodrigo Lazo, existe un gran subregistro en la cantidad de peruanos indígenas contagiados y fallecidos a causa del COVID-19. Este subregistro se explicaría por dos motivos: i) no se han incorporado variables étnicas en los registros y ii) la cantidad de pruebas que se realizan en las comunidades es bastante limitada (Ojo Público, 2020).
Sin embargo, no solo las pruebas son limitadas para estos peruanos. Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, las regiones con mayor concentración de comunidades indígenas son las que menor cantidad de camas UCI con ventilador tienen. Así, por ejemplo, regiones como Loreto y Puno poseen solo una cama por cada 60 mil habitantes. Así, es completamente esperable que las comunidades indígenas estén entre las más golpeadas por la actual pandemia.
Si bien la carencia de equipos es un grave problema para la salud de los habitantes de estas comunidades, también lo es la estrategia del Estado para contener la pandemia en estas zonas. En su artículo de Ojo Público, la antropóloga Carolina Rodríguez sostiene que, a julio del presente año, el Estado no tenía un plan de monitoreo de la población indígena que garantice el derecho de su salud. Al contrario, el depender de alimentos industrializados y del pago de programas sociales hizo que la población tuviera que transitar desde sus comunidades hacia la ciudad, lo cual los ponía en riesgo de contagio.
El Estado ha dejado relegadas a las comunidades indígenas por muchos años. Es cierto que la pandemia nos afecta a todos. Sin embargo, la magnitud de sus efectos juega en contra de los más vulnerables. Si bien observamos un descenso general del número de contagios en el ámbito nacional, no debemos bajar la guardia sobre la situación de las comunidades indígenas, que se encuentran en mayor riesgo frente a la pandemia. Por ello, resulta necesario construir y fomentar estrategias sostenibles a nivel comunitario y territorial en favor de los pueblos indígenas. Estamos en un punto a partir del cual necesitamos construir y fomentar estrategias que nos guíen hacia un desarrollo más inclusivo.
*Este artículo ha sido escrito con Gonzalo Bueno, César García y Jesús Gutiérrez.
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