Se estima que, en Latinoamérica y El Caribe, menos del 2.4% de los presupuestos para la reactivación económica post-pandemia se están invirtiendo en iniciativas verdes en comparación con el promedio mundial, que es del 19,2%.
Mientras que Jamaica ha dedicado el 100% de su presupuesto de recuperación económica en acciones verdes, destinando alrededor de US$ 7 millones para apoyar a los agricultores y pescadores con el suministro de equipos y maquinaria, asistencia al subsector ganadero y especial atención al apoyo a prácticas y tecnologías de producción climáticamente inteligentes; el Perú, un país tan susceptible a desastres naturales, cuenta con un paquete de reactivación con muy pocas medidas de tipo ambiental.
La experiencia de países vecinos como Colombia, que incluyen US$ 4.700 millones para acelerar 27 proyectos de energía renovable y su interconexión al sistema troncal podrían crear unos 55 mil nuevos puestos de trabajo2. Con ello, podemos asegurar que las inversiones para la adaptación y resiliencia al cambio climático generan importantes beneficios ambientales, pero también sociales y económicos.
Estas medidas son apremiantes luego del informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) convocado por la ONU, que alertó que el planeta está en un camino sin retorno a causa de una crisis climática, acentuado por la inacción de toda la humanidad para la conservación y cuidado de la naturaleza.
Este mismo informe destaca la relevancia de los fondos verdes o ambientales para mitigar el impacto, impulsando a empresas, Estados y a la sociedad civil a involucrarse en esta problemática que muchos consideran, erróneamente, poco rentable.
El Perú posee varias alternativas verdes gracias a su clima privilegiado y su ubicación geográfica, que deberían ser parte de los grandes ejes estratégicos para la reactivación económica y la tan ansiada reducción de las brechas sociales.
A las acciones que ya existen, como la implementación de sistemas de energía solar y eólica, hay que sumarle el gran reto de incorporar nuevos proyectos ambientales como la inversión en empleos verdes vinculados a la reforestación de áreas degradadas por actividades ilegales en la Amazonía, el desarrollo de proyectos de gestión de residuos sólidos en micro y pequeños municipios, y el cuidado de nuestros ríos y cuencas con programas como ríos saludables.
Los 18 proyectos que Profonanpe viene trabajando con el compromiso de empresas privadas y del Estado, generan una movilización de más de US$ 20 millones anuales, logrando inclusión en las comunidades históricamente desplazadas, un clima de mayor paz social y, sobre todo, desarrollo económico sostenible con acciones concretas que protejan nuestro ecosistema.
El Banco Mundial señala que los países latinoamericanos tenemos el reto de duplicar esfuerzos en comparación a países más desarrollados como los europeos o EE.UU. para una recuperación económica que alivie la pobreza generada por la pandemia y que encamine la economía regional hacia el desarrollo sostenible.
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