En la agenda del Pleno del Congreso para esta semana se encuentra la discusión del proyecto de ley que propone la implementación de cunas o guarderías en los centros de trabajo públicos y privados. Debemos recordar que la búsqueda de imponer esta obligación a las entidades empleadoras no es reciente y que el Congreso viene insistiendo en ello desde hace bastante tiempo.
La finalidad del proyecto es obligar a que en los centros de trabajo donde el 20% o más de los trabajadores bajo cualquier régimen laboral, sean madres, padres o responsables del cuidado de menores de 3 años, se implementen salas cunas o guarderías en sus instalaciones a fin de otorgarles servicios de cuidado y atención a dichos menores.
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Mirando solo una parte de la relación laboral, el proyecto señala que la finalidad es mejorar las condiciones laborales, productivas y emocionales de los trabajadores, así como velar por la protección y el desarrollo de los menores.
Si miramos la otra parte de la relación laboral –que entendemos también debe ser considerada– es evidente que un proyecto como este no solo generará un importante costo para la entidad empleadora de buscar un lugar para la guardería o cuna, comprar los implementos necesarios para su puesta en marcha y la contratación de personal especializado en la materia (seguramente en planilla), sino también la responsabilidad que la norma haría asumir a la entidad empleadora en el cuidado de los menores.
Nuestros legisladores siguen sin entender que medidas como estas solo generan mayor informalidad laboral y afectan directamente al colectivo que justamente buscan proteger. No creo que sea tan difícil entender que una entidad empleadora –que por lo menos hasta la fecha cuenta con su libertad de contratación– pensará dos veces en vincularse formalmente con trabajadores que tengan el cuidado de menores de 3 años o que potencialmente puedan, de forma muy próxima, asumir dichas responsabilidades. Es decir, en el sentido contrario de lo que diariamente proclamamos en los diarios y la TV, la incorporación de los jóvenes al mercado laboral formal. Pero bueno, a este Congreso no se le puede pedir mucho más.
En situaciones como las actuales, en el marco de una crisis sanitaria importante que no sabemos cómo o cuándo va a acabar y una crisis económica que seguramente durará unos años, no tiene ningún sentido discutir derechos como los que se plantean en este proyecto de ley, sobre todo en un país donde el 75% de los trabajadores es informal, donde todavía existen muchos trabajadores que aun no tienen derecho ni a la remuneración mínima vital o a la seguridad social (salud y pensiones) que tanta falta ha hecho en estos tiempos de pandemia, y estamos pensando en guarderías.
El Congreso sigue legislando en contra de la realidad del mercado laboral formal, logrando solamente destruirlo cada día más. Espero que pronto se acabe esta legislatura.
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